Materiales decomisados durante los registros, como documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, han dificultado la evaluación total de la evidencia en el conocido ‘caso Koldo’. A partir de esta carga material, el magistrado detrás de la investigación resolvió que el proceso requiere una extensión adicional antes de concretar posibles pasos judiciales definitivos. Según informó Europa Press, la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Ismael Moreno, determinó prorrogar el plazo de instrucción seis meses más y mantuvo abierta la posibilidad de que surjan “nuevas imputaciones” conforme avance el análisis de la información.
Dentro del auto emitido este lunes, al que Europa Press tuvo acceso, Moreno ordenó que el nuevo plazo comience a partir del 8 de marzo, justificando que la prórroga refleja tanto la complejidad del caso como la petición explícita presentada por la Fiscalía. El documento destaca que actualmente los expertos revisan los materiales recopilados, los cuales incluyen tanto documentación física y objetos incautados como archivos y comunicación digital recuperados de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos. El juez expuso que el procesamiento de estos datos conducirá a la elaboración de informes y que, según evolucione esta tarea, podrán solicitarse nuevas diligencias o incluirse otros imputados en la investigación.
La investigación lleva el nombre del exasesor ministerial Koldo García y se centra en presuntas irregularidades detectadas durante el periodo crítico marcado por la emergencia sanitaria de la COVID-19, destacando principalmente sospechas sobre adquisiciones anómalas de mascarillas. Europa Press consignó que el juez explora diversas líneas de investigación dentro del caso y que la que motivó la apertura de diligencias fue justamente la presunción de contratos amañados relacionados con la compra de suministros en pandemia.
A principios de febrero, la causa experimentó un cambio de jurisdicción: el Tribunal Supremo trasladó a la Audiencia Nacional la parte del expediente relativa a posibles manipulación de obra pública. Esta decisión llegó después de que el exministro José Luis Ábalos renunciara a su acta de diputado, circunstancia por la que el Supremo perdió competencia directa sobre ese extremo de la investigación. Actualmente, Ábalos permanece en prisión provisional desde noviembre, situación compartida con Koldo García, según ha publicado Europa Press.
Otras ramas de la investigación, de acuerdo con la información difundida por Europa Press, incluyen la revisión secreta de una pieza separada que contiene los datos proporcionados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre pagos realizados en efectivo entre los años 2017 y 2024. El juez Moreno extendió el carácter reservado de dicha parte del proceso, por lo menos hasta marzo, con el objetivo de preservar la confidencialidad de la información y garantizar el avance de las pesquisas sin interferencias.
Los análisis restantes, fundamentados en peritajes digitales y revisiones documentales, buscan esclarecer el alcance y modus operandi de los posibles ilícitos relacionados con contratos públicos durante los años investigados. Europa Press detalló que la resolución judicial refleja la naturaleza dinámica del caso, dado que el aumento del volumen probatorio implica, según lo expresado por el juez, la necesidad de evaluar continuamente la pertinencia de adoptar nuevas acciones judiciales según vayan surgiendo elementos relevantes en el transcurso de la instrucción.
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