El 40% de los jueces se jubila de forma anticipada y en 10 años se habrá retirado un tercio, según un estudio

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) sostiene que la pérdida potencial de aproximadamente un tercio de jueces y magistrados en la próxima década podría intensificar los retrasos y deficiencias en el sistema judicial de España. Este aviso se enmarca en la tendencia al alza de retiradas anticipadas, expuesta en sus reportes anuales y señalada como un desafío estructural para la Administración de Justicia, según consignó el medio Europa Press.

De acuerdo con el último informe del “Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la Carrera Judicial 2022-2035”, publicado por la AJFV, 39,32% de los jueces que se retiraron en el año 2025 lo hicieron de manera voluntaria. En este documento, se prevé que más de 1.700 jueces, lo equivalente a un tercio de la carrera judicial conformada por casi 5.500 miembros en activo, se habrán retirado entre 2022 y 2031. La asociación advierte que las jubilaciones voluntarias y anticipadas, sumadas a las bajas por incapacidad permanente, están transformando la composición y la capacidad operativa del sistema judicial español.

Europa Press detalló que en 2025 se registraron 117 jubilaciones entre los miembros de la judicatura: 60 obligatorias por edad, 46 voluntarias o anticipadas y 11 relacionadas con incapacidad permanente. Esto representa un incremento de 18 retiradas respecto a 2024, y confirma una trayectoria ascendente que la asociación viene documentando desde 2022, cuando inició la serie de estos análisis. El informe enfatiza que la proyección se basa en datos concretos, contrastados a partir de fuentes como el Boletín Oficial del Estado y el escalafón judicial.

Marien Ortega, portavoz de la AJFV, argumenta que desde 2022 se observa una clara aceleración del retiro anticipado: “En solo tres años, 139 jueces y magistrados han decidido adelantar su retirada”, lo cual ocurre en un contexto donde confluyen el envejecimiento de la carrera, el aumento de la carga de trabajo producto de una mayor litigiosidad, la falta de soluciones políticas y un entorno en el que se percibe deslegitimación del poder judicial por parte de otros poderes del Estado. Ortega expone que estos factores han impactado tanto en la salud y el bienestar de los jueces como en la estructura de oportunidades para el desarrollo profesional.

El informe, citado por Europa Press, señala que estos procesos no solo afectan al personal judicial, sino que tienen amplias repercusiones en la gestión y los tiempos de resolución de los asuntos judiciales, ya que la “salida masiva” de profesionales agrava los problemas preexistentes de sobrecarga y déficit estructural de plazas. Según la estructura etaria de la carrera judicial y los datos de jubilación de los últimos años —86 en 2022 y 99 en 2023—, la asociación proyecta una pérdida significativa de jueces en la próxima década. “Estas cifras deben interpretarse como una estimación orientada a ilustrar la magnitud del problema, no como una predicción cerrada año a año”, recoge el informe.

La AJFV atribuye este fenómeno a varios factores. El análisis publicado indica que la tasa de litigiosidad, entendida como el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes, pasó de 128,3 en 2018 a 145,7 en 2023. En 2024, esta cifra alcanzó los 160,41 asuntos por cada mil habitantes, lo que implica un incremento de más de 32 puntos en seis años. La asociación considera que este aumento ha sobrecargado el sistema, disminuyendo el tiempo disponible para atender cada caso y generando un impacto negativo en el bienestar de los jueces, razón que explica en parte la mayor preferencia por la jubilación anticipada o voluntaria.

El clima institucional constituye otro motivo de preocupación recogido en el informe. La AJFV señala el aumento de la deslegitimación del poder judicial por parte de otros poderes del Estado, junto a unas condiciones laborales percibidas como poco favorables y la falta de una trayectoria profesional definida, donde se reconozcan la experiencia y las competencias acumuladas por los integrantes de la judicatura.

El texto publicado por Europa Press recoge también la valoración de la AJFV sobre la insuficiencia de medidas aisladas. La asociación insta a una respuesta integral que trascienda enfoques puntuales y llama a la adopción de políticas de Estado encaminadas a garantizar una dotación suficiente de jueces y magistrados. A juicio del informe, esta es la única vía para evitar que las jubilaciones masivas deriven en retrasos irreversibles, dependencia creciente de la justicia interina y, a largo plazo, la amenaza de una vulneración sistemática del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.

La recopilación de datos para estos análisis se realiza mediante el examen individual de cada caso de retiro, empleando fuentes abiertas como el Boletín Oficial del Estado. El informe de este año también recalca que el envejecimiento de los miembros de la carrera y la falta de incentivos para permanecer en el puesto acentúan la tendencia actual, lo que agrava las dificultades del sistema, particularmente en un contexto de incremento sostenido de litigiosidad y ausencia de soluciones a nivel político.

El informe de la AJFV, citado reiteradamente por Europa Press, concluye que, incluso en un escenario conservador, el sistema judicial español enfrentará en poco más de una década la pérdida de alrededor de un tercio de sus jueces y magistrados activos, con las consecuentes repercusiones negativas para el funcionamiento ordinario de la justicia a nivel nacional.