Bildu y PNV retan a Sánchez a "hacer memoria de verdad" y recuerdan que hay documentos secretos más antiguos que el 23F

“Y a partir de ahí, todos los demás. Hagamos memoria de verdad. Con todo”. Este fue el mensaje publicado en la red social X por la portavoz nacionalista Maribel Vaquero, quien expresó la postura del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y que sirve de punto de partida para la demanda realizada por esta formación y por EH Bildu al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informó Europa Press, ambas formaciones han reclamado al Ejecutivo la desclasificación de archivos oficiales previos al golpe de Estado de 1981, subrayando que existen documentos más antiguos que aún permanecen ocultos y que contienen información fundamental sobre episodios controvertidos de la historia reciente de España.

El anuncio realizado por Sánchez de desclasificar la documentación relativa al 23F coincide con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981. Según detalló Europa Press, este plazo se ajusta al límite máximo de reserva que prevé el proyecto de Ley de Secretos Oficiales presentado por el Ministerio de la Presidencia, una iniciativa actualmente paralizada en el Congreso de los Diputados. No obstante, tanto el PNV como Bildu han manifestado que la apertura de estos archivos referentes a la intentona golpista debería extenderse a otros sucesos anteriores y posteriores que siguen bajo secreto oficial.

En este contexto, el PNV, que ha venido solicitando de forma reiterada la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 e impulsando diferentes proposiciones legislativas en cada periodo parlamentario, insiste en la necesidad de una revisión que permita acceder a todos los documentos históricos restringidos. Según publicó Europa Press, la formación vasca ha puesto el foco en la represión ocurrida en Vitoria el 3 de marzo de 1976, un operativo policial que provocó la muerte de cinco sindicalistas. Los representantes del partido sostienen que la verdad de estos hechos permanece inaccesible, pues los archivos relacionados con el operativo siguen siendo confidenciales a casi medio siglo de los sucesos.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, consideró que la decisión del Gobierno de levantar el secreto sobre el 23F representa “una buena noticia”, pero matizó que la medida debería ser solo el principio de un proceso más amplio enfocado en esclarecer otros casos de especial gravedad que continúan sometidos a reserva oficial. Según reportó Europa Press, Aizpurua mencionó específicamente los sucesos de Vitoria, los hechos violentos ocurridos durante los sanfermines de 1978, el caso de Mikel Zabalza, que falleció bajo custodia policial en 1985, así como los crímenes atribuidos a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) durante el mandato de Felipe González.

La dirigente de Bildu subrayó, según consignó Europa Press, que “este paso demuestra que con voluntad política es posible levantar los secretos”, instando a que la apertura de los archivos del 23F facilite el acceso a la información relacionada con otros acontecimientos aún oscuros en la historia reciente del país.

Además, ambas formaciones enfatizaron la importancia de que la memoria no permanezca “bajo llave” y reclamaron acciones concretas y coherentes con el objetivo de garantizar el derecho ciudadano a la verdad. El medio Europa Press señaló que, tanto el PNV como Bildu, argumentan que sólo un proceso integral de transparencia permitirá esclarecer tanto la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en distintos periodos como las decisiones gubernamentales relacionadas con episodios de represión y violencia institucional.

Entre los casos cuya documentación sigue reservada se encuentran los relacionados con la represión de Vitoria, que el próximo año cumplirá 50 años, los hechos ocurridos durante las fiestas de los sanfermines en 1978, el fallecimiento de Zabalza y los crímenes atribuidos a los GAL. Europa Press detalla que, desde la perspectiva de los partidos nacionalistas vascos, la desclasificación efectiva de estos expedientes resultaría esencial para avanzar en el reconocimiento y reparación de las víctimas y en el esclarecimiento histórico de los hechos.

Para los defensores de la apertura de estos archivos, la reforma de la ley vigente de secretos oficiales supondría una herramienta determinante para superar el manto de silencio y opacidad que consideran que, hasta ahora, ha impedido la revisión objetiva de episodios clave ocurridos tanto durante la Transición española como a lo largo de la democracia.

La demanda de Bildu y el PNV se produce justo cuando el Ejecutivo ha anunciado su intención de desclasificar la documentación relacionada con el golpe de 1981, lo que ha sido interpretado, según ha recogido Europa Press, como una oportunidad para abordar la gestión de la memoria histórica de manera más exhaustiva. Las formaciones nacionalistas reiteran que este paso debe verse como el inicio de un proceso continuado que abarque todos los documentos públicos sujetos a reserva y que puedan arrojar luz sobre actos controvertidos de la reciente historia política y social española.

De acuerdo a lo que ha publicado Europa Press, los portavoces vascos subrayan que la transparencia en este tipo de archivos repercute no sólo sobre el derecho a la información de la ciudadanía, sino sobre la resignificación de la memoria histórica colectiva, la valoración y reconocimiento de quienes resultaron afectados por las actuaciones policiales y la identificación de responsabilidades tanto a nivel individual como institucional. Las reivindicaciones se extienden así a una reforma legislativa profunda que aborde todas las limitaciones existentes respecto al libre acceso a los archivos oficiales relacionados con episodios de violencia política o institucional en España.