Ayuso llevará a los tribunales el planteamiento "xenófobo" de contar el idioma en la regularización de inmigrantes

En respuesta a la propuesta presentada por la Generalitat de Cataluña de incluir el conocimiento del catalán como criterio para la renovación de permisos de residencia de personas migrantes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó su intención de recurrir a la vía judicial para frenar lo que describió como una medida "xenófoba e ilegal". Tal como informó el medio, Díaz Ayuso hizo pública esta postura a través de sus redes sociales tras conocerse la enmienda al proyecto de real decreto sobre regularización extraordinaria de inmigrantes, en la que la Generalitat solicita que el dominio de la lengua catalana sea considerado en el proceso administrativo para la primera renovación del permiso de residencia.

El medio consignó que la propuesta impulsada por la Generalitat se produjo en el marco de la tramitación del real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes promovido desde el Gobierno central. La enmienda entregada busca que los migrantes acrediten conocimiento del catalán para poder renovar su permiso de residencia una vez transcurra el periodo inicial de legalidad, según detalla la información publicada.

Díaz Ayuso, en su declaración pública recogida por el medio, sostuvo que la iniciativa impulsada desde Cataluña y respaldada por el Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez representa un intento de vulnerar la legalidad y de introducir requisitos discriminatorios en los procesos migratorios. La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó directamente: "La Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que además, es xenófoba".

En su mensaje, la presidenta madrileña criticó la actuación del Gobierno de España, argumentando que la medida supone una extralimitación de competencias y una contravención de las leyes estatales en materia de extranjería. Según la posición difundida por Díaz Ayuso mediante sus canales oficiales y recogida por el medio citado, el Ejecutivo socialista "pretende saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera".

El debate se centra en la legalidad de incorporar un requisito lingüístico autonómico en el proceso de renovación de permisos de residencia, una cuestión que ha generado controversia en el contexto político español. El mismo medio explicó que la enmienda presentada por la Generalitat encendió la alarma en diferentes comunidades autónomas, principalmente en Madrid, donde Ayuso ha asumido una postura confrontativa y promovido la intervención de la justicia para impedir su aplicación.

El planteamiento impulsado por el gobierno catalán parte de la premisa de fomentar la integración lingüística y social de quienes residen en la comunidad, incluyendo el conocimiento del catalán como elemento relevante dentro del procedimiento administrativo para la regularización migratoria. Sin embargo, las críticas vertidas por la Comunidad de Madrid y reflejadas por el medio insisten en que la medida introduce un nuevo tipo de discriminación, al hacer depender la situación administrativa de los migrantes de su capacidad para acreditar ciertos conocimientos lingüísticos.

De acuerdo con lo reportado, la ofensiva judicial anunciada por el gobierno madrileño buscaría frenar los efectos de la propuesta en caso de ser incorporada al real decreto, bajo el argumento de que la regulación de los procedimientos de extranjería y las condiciones de acceso a la residencia legal competen a la normativa estatal y no pueden quedar sujetas a criterios autonómicos particulares.

El medio detalla que la controversia se inscribe en el marco de las tensiones habituales entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos de diferente signo político, aumentando la polarización sobre la gestión de las competencias en políticas migratorias y lingüísticas. Díaz Ayuso recalcó su disposición a agotar las vías legales para detener la medida que, a su juicio, representa una amenaza contra los principios de igualdad ante la ley y unidad nacional.

La propuesta de la Generalitat, junto a la reacción de la Comunidad de Madrid, abre además un debate sobre los límites de las competencias autonómicas en la aplicación de la normativa estatal en materia de extranjería, especialmente en lo relativo a la integración lingüística de personas migrantes. Según el medio, la comunidad presidida por Ayuso se convierte así en la principal impulsora de la oposición jurídica a la medida y encara un proceso judicial que podría derivar en una definición jurisprudencial sobre la validez de imponer requisitos lingüísticos autonómicos en los procedimientos de extranjería.