El abogado de la denunciante del DAO dice que Marlaska no la ha llamado: "no se dónde está la empatía"

Según el abogado de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, durante la situación de baja psicológica que sufre su clienta desde julio de 2025, no se ha producido ningún contacto por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Esas declaraciones las ofreció el letrado Jorge Piedrafita en diversas entrevistas, en las que reclamó mayor respaldo institucional y el cese de ataques y atribuciones de culpa dirigidas hacia la víctima, afirmando que "bastante hundida está". El medio Europa Press recogió los distintos testimonios de Piedrafita, tanto en Onda Cero como en Tele 5, y detalló que el abogado insiste en la falta de gestos de apoyo y en la escasa responsabilidad asumida por parte de los responsables políticos e institucionales.

De acuerdo con Europa Press, el abogado lamentó que ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni ningún representante del Ministerio hayan contactado ni con él ni con su clienta desde que se presentó la denuncia. Piedrafita afirmó que considera que si el ministro hubiera querido mantener una comunicación directa, lo habría hecho, y recordó que su propio número de teléfono permanece disponible para cualquier intento de contacto. Pese a los anuncios públicos del ministro y del presidente del Gobierno respecto a la empatía con las víctimas y la actuación "contundente, empática y coherente" que asegura haber tenido el Ejecutivo —tal como declaró Pedro Sánchez tras la destitución del DAO—, el representante legal expresó su escepticismo e insatisfacción con la gestión institucional de la crisis.

En su intervención, el letrado aseguró que no es responsabilidad de la víctima solicitar la dimisión de responsables políticos. Piedrafita subrayó que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, en este caso los altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, evaluar errores y proceder a asumir las consecuencias derivadas de su gestión. Según las palabras recogidas por Europa Press, Piedrafita manifestó que "ni el ministro Grande-Marlaska ha hablado con mi cliente ni ha hablado conmigo", reprochando esa distancia institucional ante un caso de tal gravedad.

El abogado también respondió a las declaraciones que realizó Grande-Marlaska en el Congreso, donde el ministro afirmó que presentaría su renuncia si la víctima comunicaba sentirse desprotegida. Piedrafita consideró inapropiado que la víctima deba cargar con ese tipo de presión mediática e institucional, argumentando que no corresponde trasmitirle una responsabilidad que compete a los responsables políticos. Expresó que la afectada llegó incluso a preguntarse si la continuidad del titular de Interior dependía ahora de su propio testimonio, generándole una carga psicológica adicional en un momento de vulnerabilidad.

Europa Press reprodució las declaraciones del abogado sobre la gestión interna del caso. Piedrafita cuestionó la decisión del ministro de abrir expedientes disciplinarios al comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, señalando que debería haberse optado directamente por el cese inmediato de los implicados. Según las fuentes recogidas por el mismo medio, estos procedimientos han motivado críticas en torno a la agilidad y firmeza de la respuesta institucional ante hechos denunciados por una subordinada en el ámbito policial.

En contraste con las acciones del Ministerio, el abogado quiso agradecer el trato recibido por la agente presuntamente agredida por parte de la DAO interina, Gema Barroso. Según relató en una entrevista en Antena 3, Barroso mostró comprensión y animó a la agente a continuar con el proceso, asegurándole que actuaba correctamente y que contaba con su apoyo. El abogado describió que Barroso "se quedó de piedra ante lo que le estaba contando" y destacó su sensibilidad hacia la situación vivida por su clienta.

Jorge Piedrafita remarcó en las diferentes entrevistas publicadas por Europa Press que el manejo institucional de la denuncia ha presentado múltiples deficiencias, señalando que son las autoridades policiales y del Ministerio del Interior quienes deben enfrentar las consecuencias derivadas de sus acciones. Exigió el fin de los mensajes y la presión que recae sobre la víctima, al considerar que no debe atribuirse ninguna cuota de responsabilidad a la agente que ha denunciado los hechos, reiterando el impacto emocional negativo que enfrenta por todo lo sucedido.

Para el asesor legal, el proceder de los organismos oficiales dista del acompañamiento que precisa una persona afectada por una presunta agresión sexual dentro de una fuerza de seguridad del Estado. La falta de comunicación, el debate político y el foco público sobre la víctima han profundizado la crisis institucional, según el análisis expuesto por el propio representante legal a medios como Onda Cero, Tele 5 y Antena 3, en testimonios recogidos y difundidos por Europa Press.