
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, no está siendo investigado por la Justicia, después de las informaciones que aseguran que montó un entramado de empresas para evadir impuestos.
Además ha señalado que tenía relación con una empresa que se dedica al "asesoramiento fiscal y financiero" en el ejercicio de su actividad privada y "hace más de diez años", aunque ha insistido en que no tiene ninguna "cuenta pendiente" con la Justicia.
"Saben ustedes que hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y que, por tanto, en el ejercicio de su actividad privada durante un periodo de hace más de diez años, pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas", ha explicado la vicepresidenta.
Además se ha remitido al comunicado emitido en la víspera por el propio Cabezón que, a su juicio, "aclara" algunos elementos de esta asunto, según ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
ADMITIÓ QUE CONTRATÓ AL DESPACHO NUMMARIA
Cabezón, que forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE, admitió anoche que contrató al despacho Nummaria, aunque negó haber creado "laberintos societarios" para evadir impuestos y aseguró que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias.
De este modo respondía a la publicación de una noticia en 'El Confidencial' que relaciona a Cabezón con una presunta "ingeniería fiscal" mediante empresas pantalla y testaferros con el objetivo de pagar menos impuestos.
El dirigente socialista reconoció que la compañía que fundó y en la que trabajó entre los años 2008 y 2011 contrató servicios del despacho Nummaria por "su reconocido prestigio y reputación en aquel momento". También defendió que durante dicho periodo "toda" su actividad económica "tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno".
Asimismo explicó que el caso Nummaria, judicializado en el año 2016 concluyó con una sentencia de la Audiencia Nacional tras 10 años de investigación exhaustiva que declara en algunos casos la responsabilidad y en otros la falta de responsabilidad de los clientes del despacho.
Aseguró además que su compañía no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso y que nunca creó "laberintos societarios". Por último advirtió de que si se seguían publicando contenidos "difamatorios" en su contra no descarta emprender acciones legales.
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