Una delegación del Parlamento Europeo viaja a España esta semana para analizar la legislación anticorrupción

La misión del Parlamento Europeo en España fue calificada como “excepcional” por sectores parlamentarios españoles, según consignó el Parlamento Europeo, al destacar que solo Hungría y Eslovaquia han recibido misiones de este tipo. Cinco eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior arribaron a Madrid para investigar la situación del Estado de Derecho en el país, con especial atención a la independencia del sistema judicial y el marco normativo contra la corrupción. Esta delegación europea permanecerá en la capital los días lunes y martes para reunirse con autoridades judiciales, representantes del poder legislativo y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de elaborar un informe que permita evaluar el cumplimiento de España en cuanto a estándares democráticos y separación de poderes.

De acuerdo con lo informado por el Parlamento Europeo, el grupo está integrado por Javier Zarzalejos (presidente de la Comisión de Libertades, Partido Popular), Jorge Buxadé (Vox), Raquel García Hermida-van der Walle (Renew, liberales), Alessandro Zan (Grupo de Socialistas y Demócratas) y Assita Kanko (Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos). Su agenda incluye encuentros con el Ministerio de Justicia, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, así como con otros miembros del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, también figura en la lista de autoridades con quienes dialogarán.

El medio Parlamento Europeo detalló que la delegación prevé también visitar a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, miembros de la Fiscalía Anticorrupción, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y representantes de la Guardia Civil. Se contemplan reuniones ampliadas con asociaciones de jueces y fiscales, así como con organizaciones sociales que trabajan por la defensa del Estado de Derecho, la transparencia, la igualdad y la no discriminación. Además, la delegación conversará con periodistas y expertos universitarios en temas jurídicos. Todos estos encuentros forman parte de una misión para recabar testimonios y diagnósticos técnicos que alimentarán el informe final.

El informe de los eurodiputados evaluará aspectos como la independencia judicial, las leyes que regulan la anticorrupción en España, la situación de la Fiscalía General del Estado —tras la condena al ex fiscal general Cándido Conde Pumpido— y los procedimientos legislativos. La reforma pendiente del Consejo General del Poder Judicial estará en el centro de la investigación, junto a la demora en adaptar la directiva europea contra la corrupción, proceso al que, según publicó el Parlamento Europeo, España aún no ha dado cumplimiento efectivo.

El Partido Popular comunicó que la visita no responde a rituales diplomáticos habituales, sino a presiones internacionales y avisos reiterados sobre deficiencias en la separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control sobre el Ejecutivo. Dicho partido remarcó que la misión supone el resultado directo de alarmas emitidas por informes recientes sobre el Estado de Derecho, así como por el incremento de casos verificados de corrupción.

El medio Parlamento Europeo resaltó los cuestionamientos del PP hacia las autoridades del país. Integrantes de este partido denunciaron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Justicia e Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande Marlaska, se negaron a recibir a la delegación, a pesar de las peticiones formuladas con el respaldo de todas las fuerzas del Parlamento Europeo, incluidos los eurodiputados socialistas. Contrapusieron esta negativa al caso de Eslovaquia, donde el primer ministro local sí accedió a entrevistarse con los representantes europeos.

En materia de legislación anticorrupción, el Parlamento Europeo señaló que los eurodiputados revisarán el retraso de España en la transposición de la directiva europea específica y subrayó que existen varios procedimientos abiertos contra el país en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a estas demoras. Dentro de este contexto, se analizarán los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, que colocan a España en la posición número 49, con una puntuación de 55 sobre 100, el peor registro histórico para el país.

Según lo informado por el PP y recogido por el Parlamento Europeo, el Gobierno anunció la implementación de una estrategia nacional anticorrupción después de la imputación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Ocho meses después, según el PP, las autoridades no han presentado un calendario específico, ni detalles concretos ni medidas efectivas para poner en marcha dicha estrategia, lo que añade incertidumbre respecto a los avances reales en la materia.

La misión impulsada por el Parlamento Europeo tiene el cometido de elaborar un informe que permita a la Unión Europea conocer la situación exacta de la independencia de la justicia y las políticas anticorrupción en España, recogiendo para ello datos, opiniones y valoraciones de los principales actores implicados, tanto desde las instituciones judiciales y gubernamentales, como de la sociedad civil.