Sumar ve insuficiente la penalización fiscal a caseros que plantea el PSOE y vuelve a exigir la prórroga de contratos

Sumar considera insuficiente la apuesta del PSOE por penalizar en el IRPF a los caseros que opten por subir los alquileres, al entender que eso solo reduce un "privilegio fiscal", y vuelve a exigir que se apruebe una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que vencen este año para congelar las rentas.

"Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal", han lanzado el socio minoritario de la coalición.

Es más, remarca que la medida del PSOE "no es nueva" y ya se planteó dentro de la mesa de negociación entre las dos alas del Ejecutivo. Entonces, Sumar ya expuso que su única apuesta es la moratoria extraordinaria de alquileres, dado que los incentivos fiscales "no tienen capacidad para frenar la espiral alcista" en el último lustro, con subidas superiores al 40% en el alquiler.

SOLO TIENE UN EFECTO "COSMÉTICO"

Con estas estimaciones, el ala minoritaria del Ejecutivo calcula que el efecto de la penalización o bonificación fiscal en el IRPF "seguirá siendo cosmético y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos".

Incluso apunta que la fórmula del PSOE es "injusta" y lamenta que esta vía pone el foco de nuevo únicamente en los intereses del arrendador, cuando es "urgente" darle "certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino".

"La solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero", ha avisado Sumar para defender que la prórroga extraordinaria de contratos sí funciona al dar a los inquilinos "fuerza negociadora para un potencial acuerdo con los caseros para poder renovar el alquiler sin una subida desproporcionada".

Por ejemplo, recuerdan que en 2021 se firmaron 632.369 contratos que son susceptibles de tener que ser renovados en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con fin en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Casi 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.