Sumar ve insuficiente la penalización fiscal a caseros que plantea el PSOE y vuelve a exigir la prórroga de contratos

El socio minoritario del Gobierno, Sumar, advierte de que más de un millón y medio de personas podrían enfrentar renovaciones de contratos de alquiler en 2026 dentro de un mercado donde el precio ha aumentado más de un 40% en los últimos cinco años. De acuerdo con la información publicada por el medio, son 632.369 los contratos firmados en 2021 que se verían afectados a su vencimiento en 2026, mientras que la cifra se elevaría a casi 2,7 millones de personas si se incluyen las renovaciones previstas para 2027. En este contexto, Sumar resalta los posibles efectos sociales negativos si solo se adopta la propuesta de limitar los beneficios fiscales para propietarios y se descarta ampliar la protección a los inquilinos mediante la prórroga de los arrendamientos actuales.

Según consignó el medio, Sumar considera que el plan del PSOE, centrado en penalizar en el IRPF a quienes incrementen los alquileres, resulta insuficiente. Argumenta que esta penalización supone únicamente una reducción del "privilegio fiscal" que ya favorece a los propietarios con rebajas del 50% en este impuesto. Sumar sostiene que desincentivar únicamente con medidas fiscales la subida del alquiler no representa una solución efectiva para frenar los aumentos y recalca que ya han debatido esta medida dentro de las negociaciones gubernamentales, donde subrayaron que la prórroga extraordinaria de los contratos constituye su única apuesta.

Tal como recogió el medio, Sumar afirma que los incentivos fiscales propuestos por la otra parte de la coalición carecen de capacidad para frenar la tendencia alcista registrada en los últimos años. El efecto de la penalización o las bonificaciones fiscales sobre el IRPF, según calcularon desde la formación, seguiría teniendo un impacto meramente "cosmético" y no contribuiría de manera real a aliviar la carga de los inquilinos. Sumar incluso califica de "injusta" la fórmula fiscal defendida por el PSOE, lamentando que el debate vuelva a centrarse en los intereses de los arrendadores cuando, según su criterio, resulta urgente facilitar estabilidad y certidumbre a quienes viven de alquiler.

La agrupación política subraya que, para abordar el problema de acceso a la vivienda, la estrategia no puede depender “de la buena voluntad del casero”, expresando que la crisis requiere medidas que garanticen a los inquilinos herramientas reales para evitar subidas desproporcionadas. En esta línea, Sumar sostiene que la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler sí tiene la capacidad de cambiar el equilibrio en la negociación, dotando a las personas arrendatarias de mayores posibilidades para alcanzar acuerdos razonables con los propietarios y renovar contratos sin un incremento excesivo en la renta.

El medio enfatizó que esta demanda por extender los contratos de alquiler cobra relevancia en un mercado donde, según los datos citados por Sumar, los precios han experimentado incrementos superiores al 40% en el último lustro. Esta situación coloca a un elevado número de arrendatarios en riesgo si no se adoptan medidas adicionales más allá de la fiscalidad. La prórroga extraordinaria figura, para Sumar, como la alternativa capaz de aportar estabilidad a los millones de personas que se enfrentarán a la renovación de sus contratos en los años venideros.

En las discusiones dentro del Ejecutivo, Sumar remarcó que la fórmula presentada por el PSOE no se aleja de iniciativas ya consideradas previamente y es percibida como insuficiente ante la magnitud de la problemática. De acuerdo con el medio, la formación explica que el reto de estabilizar el mercado del alquiler y evitar un impacto social negativo no se resuelve únicamente retirando incentivos fiscales, sino protegiendo directamente a los arrendatarios ante el vencimiento de sus contratos con una herramienta que les proporcione una mayor seguridad, como la prórroga extraordinaria.

Finalmente, el medio apuntó que, para Sumar, las limitaciones únicamente impositivas no lograrían garantizar el derecho a la vivienda ni ofrecerían soluciones duraderas a quienes actualmente están experimentando dificultades para hacer frente a los precios en el mercado de arrendamiento residencial. La formación insiste en que la protección de los inquilinos requiere de una acción contundente y de una ampliación de los mecanismos de prórroga para los contratos próximos a vencerse.