Almeida tilda de "chapuza" la regularización de migrantes y la encuadra "en una necesidad política pactada con Podemos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó preocupación por la falta de transparencia y consulta en el proceso extraordinario de regularización de migrantes anunciado por el Gobierno, destacando que ni las comunidades autónomas ni los consistorios han recibido información oficial sobre dicho procedimiento. Según el medio que reportó la noticia, Almeida afirmó desde Chamartín, donde se reunió la Junta de Gobierno municipal, que el Ayuntamiento únicamente acatará la normativa vigente y recordó al Ejecutivo central que la administración local solo atenderá procesos debidamente regulados.

De acuerdo con lo publicado, Almeida definió como “chapuza” la medida impulsada por el Gobierno para regularizar a personas migrantes, atribuyendo la decisión a un acuerdo político con Podemos. El regidor madrileño manifestó que esta iniciativa no responde a convicciones profundas del Ejecutivo, sino a intereses partidistas. Añadió que situaciones de esta naturaleza requieren debate y consenso en instancias estatales, como el Congreso, e intercambio con comunidades autónomas y municipios, que son quienes deberán afrontar la provisión de servicios públicos a la nueva población regularizada. El alcalde cuestionó que el Gobierno no hubiera informado ni consultado a las administraciones que tendrán la responsabilidad operativa, mientras sí habría mantenido conversaciones únicamente con representantes de Podemos.

Durante la Junta de Gobierno celebrada en Chamartín, la portavoz socialista, Reyes Maroto, propuso la puesta en marcha de nuevas oficinas municipales dedicadas a la atención de personas migrantes, con el objetivo de reforzar el proceso de regularización laboral y administrativa. El alcalde respondió subrayando que el Ayuntamiento cumplirá “escrupulosamente” la legalidad vigente y actuará en consecuencia con lo establecido en la normativa correspondiente, rechazando cualquier intento de trasladar la responsabilidad de ejecución o planificación a los gobiernos locales y autonómicos. Según detalló el medio, Almeida insistió en que “una regularización no se acuerda con Podemos sino que es un asunto de Estado que se tiene que debatir en el Congreso, que se tiene que hablar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos”.

El grupo socialista municipal fue aludido directamente por Almeida, quien consideró que no le corresponde transferir la responsabilidad de gestionar el proceso migratorio al Ayuntamiento de Madrid sin contar con la información y las notificaciones oficiales necesarias. Indicó que “a nosotros no se nos ha dirigido nadie del Gobierno de España, por tanto le digo a Reyes Maroto que hable con el Gobierno de España y le exija todos los trámites que haya que hacer respecto a estas personas”, consignó la fuente.

Respecto a la intervención de Irene Montero, referente de Podemos, el alcalde calificó como preocupante que se hubiera pactado la regularización “bajo la teoría del gran reemplazo”, un concepto, según señaló, de origen nazi y relacionado con intervenciones públicas recientes de la exministra. Almeida citó las palabras de Montero, quien en un acto político habría declarado su anhelo de un reemplazo de “fachas y racistas”. El medio señaló que el alcalde auguró “una serie de problemas administrativos realmente importantes porque es una auténtica chapuza que solo sabían Pedro Sánchez, Irene Montero e Ione Belarra”.

En cuanto a los procedimientos administrativos, según lo manifestado por el alcalde y difundido por la fuente, los consistorios y gobiernos regionales desconocen los detalles de la aplicación de la nueva normativa, lo cual genera incertidumbre sobre las obligaciones que se les podría imponer en materia de atención, servicios y recursos para la población migrante sujeto de regularización. Además, Almeida reiteró la necesidad de transparencia y de un debate en instancias estatales, señalando que la gestión de asuntos tan relevantes debe trascender los acuerdos entre partidos y orientarse hacia decisiones colectivas que involucren a todos los entes afectados.

De este modo, la posición del alcalde de Madrid, reportada por el medio, enfatizó tanto la exigencia de claridad y legalidad en el procedimiento como la demanda de diálogo institucional para abordar cualquier medida que suponga un impacto directo en las funciones municipales y autonómicas. El gobierno local expresó su disposición a cumplir la legislación, pero rechazó la asunción de competencias o responsabilidades que no hayan sido previamente consensuadas y notificadas conforme a los cauces oficiales establecidos.