La AUGC denuncia "parálisis" del Gobierno dos años después de la muerte de dos agentes en Barbate (Cádiz)

La desilusión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por lo que consideran un abandono institucional ha ganado espacio en el debate público durante el segundo aniversario del asesinato de dos agentes en el puerto de Barbate, Cádiz, tras la embestida de una narcolancha. De acuerdo con información publicada por la AUGC y recogida por distintos medios, la asociación ha señalado no solo la falta de avances desde la tragedia, sino también el mantenimiento de condiciones que, a su juicio, ponen en riesgo la integridad de quienes enfrentan el narcotráfico en el sur de España.

Según informó la AUGC en un comunicado difundido por la prensa, las promesas que surgieron tras el homicidio no se han materializado. La organización subrayó que la declaración de zona de especial singularidad para la comarca del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz permanece sin efecto, y describió la solicitud como “olvidada” y “guardada en un cajón”. La AUGC enfatizó que “dos años después, la realidad a pie de costa no ha cambiado” y atribuyó a la “desidia política” buena parte de los problemas que afectan la misión de los cuerpos de seguridad en la lucha contra las mafias del narcotráfico.

El colectivo apuntó a la ausencia de incentivos y refuerzos estructurales como uno de los motivos por los cuales la plantilla de la Guardia Civil se mantiene en cifras bajas, pese al crecimiento y la violencia de las mafias que operan en la zona. La AUGC lamentó que ni los complementos económicos ni los incentivos profesionales se hayan aprobado, lo que a su entender dificulta que los agentes arraiguen en el territorio y consoliden una presencia efectiva y continuada.

AUGC reiteró que el “riesgo constante” al que se exponen los agentes resulta agravado por la falta de equipos y embarcaciones apropiadas para enfrentar las narcolanchas, ya que las unidades disponibles no igualan el despliegue técnico ni la potencia de las embarcaciones empleadas por las organizaciones delictivas. Según consignó la AUGC, “nada ha cambiado”, a la vez que expresó su pesar porque no se ha reconocido oficialmente la profesión de Guardia Civil como una actividad de riesgo, pese a las condiciones experimentadas por los efectivos en la zona.

La agrupación se hizo eco de las objeciones planteadas por otros representantes del ámbito público y social, quienes consideraron que las modificaciones tras el asesinato de los dos agentes han resultado insuficientes o inexistentes. La AUGC también criticó el “desmantelamiento de unidades especializadas” y la falta de una estrategia completa por parte del Ministerio del Interior, de acuerdo con lo manifestado en el comunicado recogido por los medios. En su evaluación, este panorama ha repercutido negativamente en la seguridad, ya que, según afirman, “sólo han servido para envalentonar a los delincuentes”.

La AUGC manifestó que “no podemos permitir que el sacrificio de nuestros compañeros caiga en el olvido por un abandono institucional incomprensible”. A través de su comunicado, destacó que dos años constituían un plazo suficiente para dotar a la región de patrulleras eficaces y medios de protección capaces de afrontar, bajo condiciones de seguridad, los desafíos planteados por el narcotráfico. La organización instó al Ministerio del Interior a reconocer el carácter de “profesión de riesgo” para la Guardia Civil, solicitó la declaración “inmediata” de la zona de especial singularidad para el sur del país y pidió incrementar “real y permanentemente” la plantilla en las áreas con mayor tensión.

Entre las exigencias formuladas, la agrupación incluyó la necesidad de renovar las embarcaciones marítimas y la entrega de equipos de protección adecuados a los agentes, según manifestó la AUGC y difundió la prensa nacional. El colectivo sostuvo que ha llegado el momento de reemplazar las promesas y las palabras por acciones concretas, y sostuvo que la seguridad tanto del personal del cuerpo como de la ciudadanía requiere medidas urgentes. La organización advirtió que la problemática actual puede prolongar la exposición de los agentes a amenazas cada vez más graves.

En el contexto de esta conmemoración luctuosa, la AUGC destacó que la situación operativa y la presión delictiva persisten prácticamente igual, señalando al Estado por su inacción y considerando insatisfechas las demandas planteadas de incremento de recursos humanos y materiales. La asociación reiteró que el reconocimiento profesional y la mejora de las condiciones de trabajo se mantienen como reclamos centrales ante la administración, con la intención de evitar nuevos hechos trágicos como los presentes en Barbate.