Rodríguez afirma seguirá negociando con Junts y "peleará" para que el Congreso no tumbe la moratoria de desahucios

El desacuerdo sobre la moratoria de desahucios marcó las últimas negociaciones entre el Gobierno y Junts, ya que la portavoz de este grupo parlamentario, Miriam Nogueras, expresó su rechazo al pacto alcanzado entre el Ejecutivo central y el PNV para prorrogar esta medida de protección hasta el 31 de diciembre de 2026. Según informó Europa Press, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, declaró en TVE que el Gobierno continúa buscando apoyos en el Congreso para que no se derogue el decreto conocido como "escudo social", que incluye la citada prórroga y otras ayudas sociales, e hizo un llamamiento a la responsabilidad de los distintos grupos políticos.

La ministra recalcó que el Ejecutivo está decidido a impedir que la Cámara Baja vete de nuevo el citado decreto, e insistió en la importancia de alcanzar consensos parlamentarios para mantener las políticas dirigidas a proteger a las familias más vulnerables. De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez recogidas por Europa Press, el Gobierno buscará seguir negociando tanto con Junts como con el resto del arco parlamentario para intentar aprobar el decreto ómnibus, que abarca medidas como la extensión de la prohibición de desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, además de la continuación del bono social energético.

Rodríguez enfatizó que, si finalmente Junts opta por votar en contra del decreto, deberá explicar dicha decisión a la ciudadanía catalana porque, desde su perspectiva, el texto incluye diversas medidas beneficiosas para los ciudadanos. La ministra remarcó que resulta especialmente complejo justificar un voto en contra de la subida de las pensiones, así como de los beneficios fiscales para quienes han rehabilitado sus viviendas con la expectativa de deducciones, o de las ayudas destinadas a aquellos con dificultades para hacer frente a las facturas energéticas. Como detalló Europa Press, para la ministra, impedir la prórroga dejaría en una situación de incertidumbre a muchos ciudadanos que dependen de estas ayudas.

Durante su intervención, Rodríguez sostuvo que "es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones, pero no encuentro la diferencia en votar que no a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales y que ahora Junts les quiera decir que no las van a poder tener en su declaración de la renta. Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", según recogió Europa Press en su cobertura.

La ministra señaló la postura de Junts frente a la moratoria que afecta especialmente a los casos en los que el arrendador es un gran tenedor de viviendas o un fondo de inversión, y el bono social energético que permanecería vigente hasta finales de 2026 si se aprueba el decreto. De acuerdo con lo informado por Europa Press, Rodríguez lamentó que Junts, pese a sus declaraciones anteriores de centrarse en la lucha contra la delincuencia y la ocupación ilegal, ahora se oponga a medidas que no buscan proteger a los okupas, sino a personas en riesgo como personas mayores, discapacitadas, o familias con hijos que pueden perder su vivienda si se levantan estas protecciones.

Según consignó Europa Press, la ministra insistió en la necesidad de evitar la polarización alrededor de la política de vivienda y de centrarse en la resolución de los problemas de la ciudadanía en materia habitacional. Añadió que el Ejecutivo considera que las reformas en viviendas y la mejora del acceso a ayudas sociales forman parte de su respuesta ante las demandas sociales en este ámbito y que el consenso parlamentario resulta clave para dar continuidad a estas políticas.

Isabel Rodríguez también dirigió críticas al Partido Popular (PP), a quienes responsabilizó de haber frenado desde la oposición tanto las reformas del Plan estatal de Vivienda como las ayudas al transporte público, incluidas en el mismo decreto ómnibus. Al preguntársele por las razones del rechazo popular a estas dos iniciativas, la ministra apuntó a un "mero cálculo electoralista", según reiteró a Europa Press, que, a su juicio, se refleja igualmente en la negativa de algunas comunidades autónomas de participar en la Comisión Multilateral de Vivienda.

Europa Press informó que la ministra insistió en que el Gobierno ha demostrado capacidad de avanzar en situaciones complejas en materia de políticas sociales durante los últimos años, y reiteró que la defensa del derecho a la vivienda requiere cooperación de todas las fuerzas políticas del Congreso.

La interlocutora gubernamental también recordó que el objetivo prioritario sigue siendo la protección de quienes sufren situaciones de extrema vulnerabilidad y no cuentan con otra opción habitacional, buscando una respuesta que combine la acción pública y la responsabilidad de los partidos representados en el Parlamento, tal como señaló Europa Press.

En suma, las declaraciones de la ministra subrayan tanto la voluntad del Gobierno de consolidar protecciones sociales como la urgencia de alcanzar acuerdos parlamentarios en un contexto de desacuerdos partidistas que condicionan la estabilidad y permanencia de la moratoria de desahucios y otras medidas sociales recogidas en el decreto escudo social, según la información publicada por Europa Press.