Los expertos fijan a partir de 16 años una mayor madurez ante los riesgos en internet

(Actualiza la NA2197 con más información de Unicef y Plataforma de Infancia)

Madrid, 3 feb (EFE).- Expertos del ámbito digital, educativo, sanitario y de infancia coinciden en que prohibir el acceso a redes sociales hasta los 16 años permite a los menores adquirir mayor grado de madurez sobre sus riesgos, aunque advierten de que debe acompañarse de mecanismos de verificación de la edad eficientes.

En el informe del comité de expertos creado por el Gobierno para la elaboración de la ley sobre entornos digitales seguros para los menores ya se recomendó esta medida, entre el centenar de propuestas.

"El establecimiento de los 16 años como edad a partir de la que, con carácter general, los menores puedan prestar el consentimiento para el tratamiento de sus datos, aporta un mayor grado de madurez y desarrollo para conocer los riesgos y las consecuencias de los tratamientos", argumentaron el medio centenar de especialistas en su documento de consenso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Actualmente, la edad de tratamiento de datos (imprescindible para abrir un perfil en redes sociales) es de 14 años.

Para el investigador de Funcas y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Ismael Sanz, elevar la prohibición a los 16 años es "una buena medida, porque lo que sabemos es que el uso de la redes perjudica el equilibrio y el bienestar emocional de los jóvenes, así como reduce la capacidad de concentración y de atención, porque no son capaces de atender a explicaciones largas y detalladas y buscan impacientemente siempre algo nuevo".

También, el director del Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología, Guillermo Cánovas, señalaba recientemente a EFE el estrés digital que provocan las pantallas y que impacta directamente en el rendimiento académico ya que el porcentaje de error en los procesos mentales aumenta el 50 %.

Desde Save the Children advierten, no obstante, de que esa medida "no es una solución en sí misma, que puede dar una falsa sensación de seguridad y que es imprescindible que vaya acompañada de mecanismos de verificación de la edad eficientes y, sobre todo, de educación y acompañamiento en hacer un uso responsable de internet y las redes sociales", señala Catalina Perazzo.

Por su parte, Unicef, cree que se necesitan más medidas más allá de establecer un límite de edad. La entidad apela a la responsabilidad de las compañías tecnológicas, las plataformas digitales y las marcas, y garantizar un entorno digital con herramientas sólidas de verificación de la edad.

El experto educativo y director adjunto de Esade EcPol, Lucas Gortazar, argumenta que la edad de los 16 años "no es arbitraria y tiene todo el sentido ya que es cuando acaba la educación obligatoria", aunque incide también en la importancia de ver cómo se implementarán los mecanismos de verificación de acceso a las redes para que esta medida sea real.

La Plataforma de Infancia reclama garantizar otras medidas más difíciles de implementar, pero con mejores efectos para cumplir los derechos de infancia y adolescencia, como una educación en el entorno digital, que les permita detectar y protegerse de los riesgos, mientras saca rédito y provecho a las oportunidades.

La Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se tramita en el Congreso de los Diputados en fase de enmiendas, contempla ya la reforma la ley de Protección de Datos para elevar a los 16 años la edad a partir de la cual pueden prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos.

En el caso de los menores de 16 años, recoge que solo será posible el tratamiento de sus datos si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela.

La norma, impulsada por Juventud e Infancia junto a otros ministerios, incluye la obligatoriedad de las multinacionales tecnológicas de implantar en los dispositivos un control parental gratuito por defecto que permita a los tutores restringir y controlar el acceso a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para menores, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo terminal.

Asimismo, establece la puesta en marcha y la obligatoriedad de las plataformas de incorporar sistemas efectivos de verificación de la edad.

Desde el ministerio de Sira Rego recuerdan que la ley también recoge un paquete de medidas para garantizar los derechos de niños, poniendo el foco especialmente en la responsabilidad de las plataformas y las grandes empresas tecnológicas para que pongan en marcha todos los instrumentos y medidas necesarias para cumplir este fin. EFE