La Audiencia Provincial de Tenerife juzga a 5 patrones de un cayuco con 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Durante el trayecto, la fiscalía indicó que los responsables de la embarcación dieron instrucciones para arrojar al mar los cuerpos de un número indeterminado de pasajeros fallecidos, los cuales, según las estimaciones, superaban los ochenta. Este procedimiento tuvo lugar mientras el cayuco permanecía a la deriva, en condiciones extremas marcadas por la falta de alimentos y agua, y sobrepasando significativamente la capacidad de la frágil embarcación. La noticia principal es la apertura del juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra cinco ciudadanos senegaleses imputados como patrones por su presunta responsabilidad en la organización y conducción del viaje, que resultó en la muerte de decenas de migrantes en el océano Atlántico.

Según consignó Europa Press, el proceso judicial comenzó este martes a las 10:00 horas en la Audiencia Provincial de Tenerife y se centra en los hechos ocurridos en junio, cuando un cayuco fue rescatado cerca de la isla de El Hierro por un crucero tras más de veinte días de travesía desde la costa africana. El expediente del Ministerio Público, recogido por el medio, señala que los cinco acusados, en calidad de patrones, organizaron y lideraron el viaje en una embarcación calificada como "inadecuada" para la navegación en mar abierto. Los migrantes que embarcaron son originarios de países del África subsahariana y pagaron una suma de dinero en origen para realizar la travesía irregular con destino a España.

Durante la travesía, el cayuco quedó a la deriva debido a la avería de su único motor. Según el escrito de la Fiscalía citado por Europa Press, el barco carecía de los elementos básicos de seguridad y navegación, como bengalas, luces de posición o sistemas de comunicación marítima. La única tecnología disponible era un dispositivo GPS y teléfonos móviles pertenecientes a algunos de los pasajeros, quienes tampoco contaban con chalecos salvavidas en su mayoría, lo que incrementó la situación de riesgo ante cualquier emergencia en alta mar.

La embarcación fue inicialmente socorrida por un petrolero, que permaneció junto al cayuco hasta la llegada del crucero que terminó efectuando el rescate principal. Dicho crucero transportó a 68 supervivientes hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, entre quienes se encontraban personas provenientes de Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania. Durante el trayecto al puerto, uno de los rescatados falleció pese a la atención médica recibida, lo que redujo el número de supervivientes a 67 a su llegada. Tres cadáveres fueron recuperados a bordo, mientras que un elevado número de muertos había sido arrojado al mar previamente bajo la indicación de los patrones, según manifestó la Fiscalía y recogió Europa Press.

Las investigaciones forenses determinaron que los tres cuerpos trasladados en el barco correspondían a hombres que murieron a consecuencia de insuficiencia respiratoria derivada de tromboembolismo pulmonar y fallos multiorgánicos por deshidratación y severo desequilibrio hidroelectrolítico. La Fiscalía agrega que cinco sobrevivientes requirieron internación urgente en hospitales de la isla debido a su crítico estado de salud después de la travesía de veinte días sin recursos básicos.

Europa Press detalló que los acusados asumieron funciones de navegación y supervisión del cayuco, incluyendo el manejo y seguimiento del GPS, intentos de reparar el motor averiado y la administración de la escasa comida disponible. El Ministerio Público subrayó que los patrones eran plenamente conscientes tanto del hacinamiento de los pasajeros como de la extrema escasez de agua y víveres a bordo, además de conocer las graves deficiencias estructurales del barco que, debido a su precariedad, no estaba preparado para realizar la peligrosa travesía marina hacia España.

El escrito del Ministerio Público reflejado por Europa Press sostiene que los hechos examinados en el juicio pueden constituir un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave. La acusación considera probada la responsabilidad penal de los cinco inculpados en la configuración de las condiciones que originaron la muerte de al menos ochenta personas y daños graves a otros pasajeros.

Respecto a las penas solicitadas, la Fiscalía pide 21 años de prisión para uno de los acusados y más de 15 años para cada uno de los otros cuatro sospechosos, además del pago de indemnizaciones de 150.000 euros a los familiares directos de los fallecidos y 5.800 euros a los supervivientes hospitalizados. Europa Press puntualizó que el caso ha sacado a la luz la peligrosidad de las rutas migratorias por mar hacia España, así como los riesgos que enfrentan quienes emprenden viajes en embarcaciones precarias sin garantías mínimas de seguridad, muchas veces a manos de mafias o redes organizadas que operan en el continente africano y lucran mediante el tráfico irregular de personas.

El proceso judicial puesto en marcha en Tenerife busca esclarecer los hechos y delimitar la participación de cada uno de los sindicados en la muerte masiva de migrantes y en la facilitación de la inmigración irregular, bajo condiciones que el propio Ministerio Público consideró profundamente inhumanas y peligrosas. De acuerdo con la información reportada por Europa Press, el desenlace de este juicio podría marcar un precedente en la aplicación de las penas establecidas para la organización y ejecución de estos viajes ilegales en condiciones tan extremas.