El papel de dos destacados miembros del Partido Socialista Español (PSOE) en una reunión clave relacionada con la causa denominada ‘Leire’ se encuentra ahora bajo consideración judicial, después de que la asociación Hazte Oír solicitara que ambos comparecieran como testigos. Según detalló Europa Press, el magistrado a cargo de la investigación, Arturo Zamarriego, ha remitido al Ministerio Público la decisión sobre la pertinencia de llamar a declarar al exsecretario de Estado de Comunicación y exdirector de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, así como al diputado socialista Juan Francisco Serrano, en el marco de las indagaciones sobre supuestas prácticas delictivas.
La consulta del juez Zamarriego al Ministerio Público se formalizó mediante una providencia, tras haber recibido el planteamiento de Hazte Oír en relación con la posible declaración de Antolín y Serrano. Europa Press informó que ambos habrían participado en un encuentro con Leire Díez, exmilitante del PSOE y principal investigada en la causa, en la que se trató la existencia de documentación vinculada a la llamada 'policía patriótica' considerada hostil al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el contexto de esas reuniones, según consignó Europa Press, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirigente del PSOE, Antonio Hernando, refirió que Antolín y Serrano estuvieron presentes junto a Díez abordando temas relativos a dicha documentación, que también habría involucrado al empresario Javier Pérez Dolset, actualmente investigado. Además, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, confirmó que participó en al menos una de estas reuniones. Durante su testimonio ante el magistrado, Cerdán indicó que no informó al presidente Sánchez sobre esos encuentros y aclaró que la conversación giró en torno a grabaciones que contienen referencias sobre saunas vinculadas al suegro del presidente Pedro Sánchez y al trabajo realizado por el excomisario de policía José Manuel Villarejo.
El alcance de las indagatorias incluye el papel de Leire Díez, en calidad de presunta líder de una actuación continuada y coordinada que, según el juez instructor, tenía por objeto recopilar y manejar información considerada sensible o ilícita, procedente de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo, de acuerdo con los hechos investigados y reportados por Europa Press, apuntaba a obstaculizar investigaciones vinculadas a figuras políticas y empresariales de relevancia nacional.
La causa surge a raíz de denuncias presentadas por Hazte Oír, después de hacerse públicos audios en los que se escucha a Díez ofrecer ventajas o favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de recibir datos perjudiciales para miembros de la Guardia Civil y el Ministerio Público. Europa Press detalló que Díez se encuentra formalmente investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. En su declaración judicial, celebrada el 11 de noviembre, la exmilitante socialista cuestionó la autenticidad y veracidad de las grabaciones que la incriminan.
Según el mismo medio, el juez también ha resuelto acumular a la presente investigación la denuncia presentada por la Fiscalía sobre un supuesto intento de soborno dirigido por Díez contra los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. Esta decisión integra en el proceso las acusaciones relativas a un presunto intento de influir de forma indebida en las pesquisas a cargo de los referidos fiscales, incrementando la complejidad de la causa.
En paralelo, el magistrado Zamarriego ha aceptado la presentación de recursos por parte del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García en los que ambos cuestionan la negativa judicial a reconocerles como perjudicados en las actuaciones del caso. Los escritos fueron formalmente incorporados, según consignó Europa Press, y quedan pendientes de resolución.
De este modo, los próximos pasos en la investigación dependen en parte de la postura que adopte el Ministerio Público respecto a la citación de Antolín y Serrano, así como de la evolución de las diligencias derivadas de las denuncias acumuladas y de la respuesta judicial ante los recursos presentados por Ábalos y García. Todos estos elementos conforman el escenario de un proceso en el que se investiga una supuesta red de obtención de información destinada a interferir en causas de relevancia que afectan a políticos y empresarios de alto perfil, tal como ha reflejado Europa Press en su cobertura de los hechos.
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