Ábalos se suma a Koldo y pide seguir por videoconferencia la audiencia previa del juicio por las mascarillas

El letrado del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, señaló en un escrito que los traslados desde prisión pueden causar deterioros en el estado físico y anímico de los reclusos. Este argumento se presenta en el contexto del caso de las mascarillas, en el que Ábalos solicitó al Tribunal Supremo la autorización para comparecer por videoconferencia en la vista preliminar del juicio, siguiendo la petición realizada previamente por su exasesor, Koldo García. Según detalló Europa Press, ambos permanecen en prisión en el marco del proceso que investiga presuntas irregularidades en la compra de material sanitario.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, justificó la solicitud de comparecencia remota ante la sede judicial por la afectación física y emocional que suponen los traslados desde el centro penitenciario. Turiel precisó que estos desplazamientos solo deberían considerarse indispensables en aquellos casos en los que resulte estrictamente necesario. El letrado argumentó que la incomodidad y las circunstancias de los furgones diseñados “para la seguridad, no para la comodidad” agravan la situación de los internos, quienes generalmente son trasladados en condiciones difíciles, en espacios reducidos y bajo normas de higiene cuestionables.

La agencia de noticias también consignó que Turiel recordó las recomendaciones emitidas en el pasado por el Defensor del Pueblo, quien sugería revisar los protocolos de traslado de presos para evitar desplazamientos innecesarios y mejorar sus condiciones. En el mismo sentido, la defensa de Koldo García, a cargo de Leticia de la Hoz, expuso en un escrito que, durante el traslado del exasesor el 21 de enero a la Audiencia Nacional, este sufrió “erosiones en ambas muñecas y traumatismos dorsales” como consecuencia de la falta de un sistema de retención compatible con su físico. Según la abogada, estas lesiones fueron producto de unas medidas que consideró “gratuitas y desproporcionadas”, además de innecesarias, dado que no existía riesgo de fuga ni antecedentes de resistencia.

Tras la demanda presentada por la defensa de Koldo García, el Tribunal Supremo solicitó a los servicios médicos de la prisión donde se encuentra un informe sobre su estado de salud previo a tomar una decisión sobre si podrá asistir mediante videoconferencia a la audiencia preliminar. La decisión de si el exasesor participará de manera remota aún depende de la valoración médica solicitada.

La audiencia a la que ambos han sido citados se enmarca en la Ley de Eficiencia del Poder Judicial y contempla en su artículo 785 que “requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor”. Esta normativa establece el carácter imprescindible de la presencia de los acusados en la vista, así como su derecho a intervenir antes del inicio formal del juicio. El artículo también regula que, durante la audiencia preliminar, las partes pueden plantear la posibilidad de un acuerdo, cuestionar la competencia del tribunal, alegar vulneraciones de derechos fundamentales, reclamar la nulidad de actuaciones o solicitar la suspensión del juicio. Además, permite la incorporación de informes, documentos y la proposición de pruebas que no se hubieran presentado anteriormente en los escritos de acusación o defensa.

Según el procedimiento, una vez concluidos los planteamientos y presentada la prueba por las partes, el tribunal debe examinar la pertinencia de estas pruebas y decidir sobre su admisión o rechazo. Este proceso se desarrolla de forma oral, salvo que el volumen o la complejidad de los asuntos presentados recomienden una resolución escrita.

En cuanto a las posibles sanciones, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión para los investigados. Para José Luis Ábalos, la petición es de 24 años de reclusión; para Koldo García, de 19 años y medio; y para el empresario Víctor de Aldama, de siete años. Además, según publicó Europa Press, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular han reclamado condenas de 30 años de cárcel tanto para el exministro como para su exasesor, mientras que solicitan para Aldama la misma pena que ha requerido el Ministerio Público.

Europa Press reportó que estos movimientos judiciales se producen en el contexto de las investigaciones por supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la emergencia sanitaria. Tanto la exdefensa de Koldo García como la de Ábalos han puesto de manifiesto las dificultades físicas y psicológicas producidas por el régimen penitenciario y los traslados, intentando fundamentar así la conveniencia y legalidad de la comparecencia remota para la próxima vista judicial ante el Tribunal Supremo.