Nolasco (Vox) pide la devolución de inmigrantes ilegales y "cerrar el grifo" a las ONG de acogida

El aspirante aragonés de Vox afirma que la inseguridad ha crecido por culpa de la inmigración irregular y rechaza cualquier proceso de regularización, mientras propone eliminar ayudas públicas a asociaciones dedicadas a la integración de extranjeros

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Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, cuestionó públicamente la canalización de fondos autonómicos hacia proyectos de cooperación internacional, ejemplificando con una asignación de 900.000 euros a la Asamblea de Cooperación por la Paz para iniciativas en Colombia dirigidas a comunidades LGTBQ+. Nolasco argumentó que esos recursos, según su perspectiva, no contribuyen al beneficio de la comunidad aragonesa y sugirió que las prioridades presupuestarias deben centrarse en servicios públicos esenciales, como infraestructuras, sanidad y soberanía energética. Sobre este punto, el aspirante criticó el estado actual de la economía y los servicios en España, señalando que la producción industrial nacional es, en este momento, inferior a la registrada en 1990. El político de Vox subrayó que, mientras no se cubran las necesidades básicas del territorio, resultaría injustificable destinar recursos a otros fines.

Según informó Europa Press, Nolasco propuso que Aragón y otras comunidades autónomas tomen medidas más estrictas con la inmigración irregular, solicitando el retorno de personas sin documentación a sus países de origen y el cierre de la financiación pública a las ONG que colaboran en la acogida de migrantes en situación irregular. Expuso la necesidad de que la seguridad ciudadana se aborde mediante la aplicación del artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, el cual autoriza a las autonomías a suscribir acuerdos con países terceros que permitan estas devoluciones. El candidato señaló concretamente situaciones ocurridas en diversas zonas de Zaragoza, como Zamoray-Pignatelli, San Pablo, El Gancho o Delicias, así como hechos acontecidos en Alcañiz y Calanda (Teruel), enumerando incidentes relacionados con robos y altercados en centros de menores extranjeros.

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La problemática de la okupación de viviendas también figuró entre sus preocupaciones. Nolasco recordó declaraciones de la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, quien manifestó que la ocupación ilegal de inmuebles no constituye una prioridad para el actual Ejecutivo autonómico, aludiendo a un caso reciente en el entorno de la calle San Miguel. Para el aspirante de Vox, la permisividad en este ámbito deja a los propietarios en una situación de indefensión pese a continuar abonando hipoteca o alquiler. Sostuvo que su formación, en caso de acceder al Gobierno, promovería la expulsión de quienes accedan sin autorización a viviendas ajenas, mediante la comprobación directa del título de propiedad por agentes de la Policía Local.

En lo referido a la política migratoria nacional, Nolasco expresó su rechazo al anuncio gubernamental de un proceso de regularización extraordinaria que, según puntualizó, afectaría a unas 500.000 personas en los próximos meses. El candidato calificó este planteamiento como uno de los episodios de mayor gravedad de la política reciente, y atribuyó tanto al Partido Popular como al PSOE el apoyo, en su fase inicial, a dicha regularización, argumentando motivos electorales: "lo hacen por un tema electoral, porque saben que los nacionales de aquí ya no les votan y Sánchez, en un intento desesperado, quiere regularizar para tener garantizados cientos de miles de votos que le permitan seguir en el poder", recogió Europa Press.

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En relación a la economía y la política agraria, Nolasco manifestó su desacuerdo con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, cuestionando las condiciones de competencia para los agricultores de Aragón frente a productos importados de otros países. El dirigente de Vox detalló que los productores locales afrontan cargas fiscales elevadas y exigentes controles fitosanitarios, mientras que, a su juicio, los artículos que llegan del extranjero pueden haberse cultivado bajo estándares distintos y significativos menores costes laborales. Denunció casos como la importación de verduras y hortalizas procedentes de Marruecos y remarcó que en los comedores escolares de Aragón se consumen naranjas de Egipto y peras de Sudáfrica, a pesar de la capacidad hortofrutícola regional.

El medio Europa Press reprodujo las críticas de Nolasco a la postura de los partidos mayoritarios, comparando su discurso público en Aragón ante los recortes de la Política Agraria Común con sus votos en el Parlamento Europeo. Hizo alusión al eurodiputado Borja Giménez Larraz del Partido Popular, acusándolo de apoyar en Bruselas los recortes que luego rechaza en España. Nolasco advirtió sobre las consecuencias de estas políticas, alegando que la incoherencia política puede desembocar en "una traición hacia la seguridad y la identidad cultural de España", cuya gravedad, según su opinión, podría resultar irreversible con el paso del tiempo.

Sobre la estructura institucional del Estado, Nolasco señaló que el sistema autonómico fomenta inequidades en la financiación. Opinó que la distribución se ve condicionada por concesiones a "los separatistas" en perjuicio de comunidades como Aragón. Afirmó que el modelo autonómico es inviable desde su inicio ya que, según dijo, sostiene un gasto insostenible vinculado a la existencia de 17 parlamentos y múltiples organismos, lo que induce un estado de endeudamiento permanente. Insistió en que no cuestiona las diferencias culturales entre regiones, sino los costes asociados a la administración autonómica, comparando la situación con "una empresa en bancarrota que sigue gastando más de lo que ingresa y no puede prestar servicios adecuados".

Finalmente, el candidato de Vox se refirió de manera contundente a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que atribuyó una responsabilidad directa sobre lo que describió como la crisis política y social actual, y reiteró la necesidad de modificar las políticas socialistas y fortalecer cuestiones como la seguridad, la atención sanitaria, el acceso a la vivienda y las condiciones para los jóvenes y autónomos, así como la reducción de la presión fiscal.

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