La Generalitat Valenciana destaca que "no tiene ninguna relación" con la adjudicación de las VPP de Alicante

La existencia de un segundo proceso de revisión sobre la veracidad de los datos presentados por los adquirentes de las viviendas de protección pública (VPP) privadas en Alicante fue confirmada por la consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero. Según publicó la Generalitat Valenciana, el objetivo de este procedimiento adicional es asegurar que toda la información presentada durante la adjudicación cumple con las exigencias legales. El anuncio ocurrió tras la dimisión de dos funcionarias municipales de Alicante relacionadas con la gestión de la adjudicación de viviendas en la zona de Playa de San Juan.

De acuerdo con lo que informó la Generalitat Valenciana, la administración autonómica no participa de ninguna manera en la asignación de estas viviendas. Camarero puntualizó que el papel de la Conselleria se limita a verificar que tanto la promoción como los adquirentes cumplan con las condiciones establecidas legalmente para las VPP. En este proceso, la cooperativa promotora es la responsable de asignar las viviendas, mientras que la administración solo interviene para asegurar que los compradores reúnen los requisitos estipulados en la normativa vigente.

El procedimiento relacionado con la adjudicación de una vivienda de protección pública difiere según la tipología. Según consignó la Generalitat, existen dos clases principales de vivienda. Por un lado, la promoción pública, que pertenece al parque público de la Generalitat y es gestionada por la entidad pública de vivienda Evha, bajo la regulación del decreto 68/2023, de 12 de mayo. En este caso, el apartado legal exige unos requisitos más estrictos, buscando dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social. El medio detalló que la adjudicación de estas viviendas recae en la administración, que selecciona a los beneficiarios que cumplen las condiciones del decreto.

Por otro lado, las viviendas de promoción privada, desarrolladas por cooperativas o empresas, se rigen por el decreto 180/2024, de 10 de diciembre. Para este tipo de promoción, está previsto que cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos pueda acceder a la compra, siendo el promotor quien construye y comercializa las viviendas, conforme con la información de la Generalitat. La Conselleria, en este contexto, supervisa que la edificación siga los parámetros normativos de VPP y verifica que los compradores se ajusten a las condiciones, una vez que la promoción recibe la calificación en vigor.

Según la profesora Camarero, los técnicos del Servicio Territorial han realizado el examen pertinente de los expedientes de los nuevos propietarios de las VPP privadas. Este procedimiento implica una verificación inicial por parte de los técnicos, posteriormente ratificada por el Director Territorial. El Secretario Territorial Adjunto de Vivienda elaboró un informe en el que certifica que todos los adjudicatarios cumplen los requisitos económicos y legales, como el nivel de ingresos y el no ser titulares de otra vivienda, de acuerdo con la regulación. Así lo recogió el medio autonómico.

El debate sobre el proceso de adjudicación de viviendas en Playa de San Juan se intensificó luego de que Rocío Gómez, concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, oficializara su renuncia. Tal como informó la Generalitat Valenciana, Gómez tomó esta decisión para "permitir la continuación de la investigación sin interferencias", después de haber entregado toda la documentación solicitada y encontrarse de baja por maternidad al momento de la renuncia. La controversia también llevó a la dimisión previa de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el propio ayuntamiento. Ambos casos se vincularon a las dudas levantadas sobre el desarrollo del proceso de adjudicación en la mencionada promoción de viviendas.

Los reglamentos de acceso a la vivienda explicados por la Conselleria establecen diferencias entre quienes buscan acceder a vivienda pública y quienes optan por promociones privadas. Según detalló la Generalitat Valenciana, para las viviendas protegidas privadas, la Conselleria actúa como supervisor legal y técnico, mientras que la responsabilidad de asignación pertenece exclusivamente a la promotora. Frente a la polémica y las renuncias de funcionarios, la administración anunció que reevaluará de manera exhaustiva todos los expedientes presentados por los compradores en el proceso inicial, con el objetivo de comprobar la autenticidad de los datos entregados en cada caso.

Camarero precisó, según informó la Generalitat Valenciana, que este nuevo examen se enfocará en verificar que todos los datos aportados por los compradores sean correctos y se ajusten a la legalidad vigente. Remarcó que la administración autonómica únicamente puede supervisar el cumplimiento de los requisitos legales y no interviene en la selección final de los propietarios, tarea reservada a la cooperativa promotora. Además, subrayó que esta práctica se aplica a todas las promociones privadas de VPP bajo la regulación actual.

El proceso administrativo, de acuerdo a lo informado por la Generalitat, incluye la confirmación de que quienes acceden a las viviendas cumplen con todas las exigencias de acceso, como límites de ingresos y ausencia de otras propiedades a su nombre. Este control garantiza que las viviendas protegidas alcancen a las personas para quienes están destinadas según la norma, aunque la administración no puede influir en la adjudicación interna de la promotora.

La situación de Alicante pone de relieve las diferencias y los controles establecidos entre la promoción y asignación de vivienda protegida de carácter público y privado en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la información difundida por el medio oficial.