La delimitación exacta de las zonas a las que llegó la alerta emitida el 29 de octubre de 2024 dependió en gran medida de la metodología empleada en el sistema de comunicación de emergencias, un tema que Emergencias abordó en el informe remitido a la jueza encargada de investigar la respuesta ante la DANA. Según informó Europa Press, la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat entregó al juzgado un documento donde se identifican y detallan los 73 municipios que recibieron el mensaje de alerta ES-Alert número 710, emitido a las 20:57 horas de ese día. El informe responde al requerimiento efectuado por la magistrada el pasado 26 de enero, en el que solicitó que se precisaran las localidades incluidas en el ámbito de aplicación del segundo mensaje enviado durante la jornada de la emergencia por inundaciones.
El reporte entregado por Emergencias proporciona explicaciones técnicas sobre el funcionamiento del sistema ES-Alert, dependiente del Ministerio del Interior, señalando los distintos modos de delimitar geográficamente las áreas sobre las que se emiten avisos de emergencia. Según publicó Europa Press, estos criterios pueden basarse en la creación manual de polígonos sobre mapas digitales, en el uso de divisiones geográficas predeterminadas —como municipios o provincias— o bien en áreas predefinidas por las comunidades autónomas para determinados planes especiales. Precisamente, en el caso del mensaje 710, se optó por delimitar la zona mediante un polígono creado manualmente sobre la cartografía digital, lo que supuso que los límites no coincidieran plenamente con las fronteras administrativas o municipales.
La operación técnica del envío, tal como se detalla en el informe, generó complejidades en la identificación exacta de las áreas y en la elaboración del listado de municipios incluidos en la cobertura efectiva del aviso. Emergencias refiere que trasladó visualmente el polígono empleado en el Public Warning Portal sobre un Sistema de Información Geográfica para poder determinar qué municipios resultaron afectados, indicando además que la herramienta mencionada no permite exportar automáticamente la lista de localidades incluidas.
Según recogió Europa Press, el documento subraya que la recepción final de la alerta en los límites de la zona seleccionada dependió en última instancia de la cobertura real proporcionada por las operadoras de telefonía móvil, de modo que solo esas compañías pueden precisar con exactitud el alcance del mensaje en zonas limítrofes. El listado anexo al informe recoge un total de 73 municipios de la provincia de Valencia a los que se destinó el aviso de emergencia, incluyendo tanto grandes núcleos urbanos como municipios de menor población.
Algunos de los municipios incluidos en la relación son Alaquàs, Alcúdia, Albal, La Pobla Llarga, Albalat de la Ribera, Llaurí, Alberic, Llocnou de la Corona, Alborache y Llombai. La enumeración continúa con Alcàsser, Loriguilla, Aldaia, Macastre, Alfafar, Manises, Alfarp, Massalavés, Algemesí, Massanassa, Alginet, Millares y Almussafes. También aparecen Mislata, Alzira, Montroi, Antella, Montserrat, Benetússer, Paiporta, Benicull de Xúquer, Paterna, Benifaió, Picanya, Picassent, Benifairó de la Valldigna y Polinyà de Xúquer.
En el listado figuran, además, municipios como Benimodo, Quart de Poblet, Benimuslem, Real, Beniparrell, Riba-roja de Turia, Buñol, Carcaixent y Sant Joanet. Otros municipios incluidos son Castelló, Carlet, Sedaví, Silla, Catadau, Simat de la Valldigna, Catarroja, Sollana, Cheste, Sueca, Chiva, Tavernes de la Valldigna, Cullera, Torrent, Corbera, Dos Aguas, Tous, Turís, Fortaleny, Favara, València, Gavarda, Xirivella, Godelleta, Yátova y Guadassuar.
El informe entregado al órgano judicial refleja la complejidad técnica que conlleva delimitar a la perfección las áreas de incidencia de mensajes de alerta civil, en especial cuando la zona de impacto se dibuja por medios manuales en plataformas digitales y no mediante divisiones administrativas preestablecidas, detalló Europa Press. La Subdirección de Emergencias señala así que los criterios adoptados fueron los disponibles en el sistema y se aplicaron en función de la urgencia y la operatividad exigidas por la emergencia meteorológica del 29 de octubre, cuando se produjeron eventos adversos asociados a la DANA.
Con la información proporcionada, el Ministerio de Interior y las autoridades autonómicas pretenden cumplir con el requerimiento judicial de identificar las zonas informadas mediante el mensaje de emergencia, facilitando a la magistrada la documentación necesaria para continuar la investigación en torno a la gestión de alertas durante el episodio de graves inundaciones en la Comunidad Valenciana. Según lo consignado por Europa Press, la respuesta institucional se centra en explicar los procedimientos técnicos disponibles y el alcance real que puede prever el sistema en episodios de emergencia civil.
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