El ex jefe de gabinete de Teresa Ribera reconoce que se reunió con Koldo, aunque no por la trama de hidrocarburos

A pesar de reconocer que existieron encuentros con Koldo García, Marc Pons, quien ejerció como jefe de gabinete de Teresa Ribera, aseguró ante la Audiencia Nacional que esas reuniones no estuvieron vinculadas a trámites ni al núcleo de la red de hidrocarburos bajo investigación. Según consignó Europa Press a través de fuentes jurídicas, Pons también detalló que una de esas reuniones fue de carácter “alto nivel”, contando con la presencia de la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, el propio Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Europa Press informó que Pons compareció como testigo ante el magistrado Santiago Pedraz para responder sobre el alcance de sus comunicaciones y reuniones con Koldo García durante el periodo en el que se desarrolló la presunta trama relacionada con la empresa Villafuel. El exjefe de gabinete manifestó que pese a que los encuentros fueron “cuatro o cinco”, no abordaron cuestiones relativas a la licencia de operador de hidrocarburos solicitada por Villafuel ni temas asociados a la supuesta organización criminal que gestiona la causa.

Entre los documentos aportados al procedimiento figura la intervención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de distintas comunicaciones electrónicas entre Koldo García y Marc Pons. El 8 de julio de 2021, Koldo envió a Pons el mensaje: “Muy buenas. Te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud”. Este contacto se produjo tres meses después de que García remitiera a Pons una fotografía del recibo del registro electrónico correspondiente a la solicitud de Villafuel, que ocupa el foco central de las diligencias. Europa Press destacó que estos mensajes, incorporados al expediente, refuerzan la investigación en torno a los canales de comunicación entre personajes relevantes de varios ministerios y el entorno de la empresa investigada.

Durante la misma sesión judicial, Europa Press reportó que el empresario Claudio Rivas se negó a declarar hasta que los demás acusados lo hayan hecho previamente. El juzgado había previsto también la comparecencia de Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la por entonces titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Sin embargo, según fuentes vinculadas al procedimiento y citadas por Europa Press, Díaz Bidart no se presentó por problemas logísticos, y su declaración deberá programarse para una fecha posterior.

El juez Santiago Pedraz prosigue con las citaciones y tomas de declaración. De acuerdo con Europa Press, está previsto que el empresario Víctor de Aldama comparezca este jueves en calidad de investigado, mientras que el viernes lo harán la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González, ambas también bajo investigación. Pano declaró haber entregado 90.000 euros en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz, extremo que se investiga en paralelo a los movimientos bancarios y de efectivo relacionados con la trama. En ese sentido, el viernes también pasa a declarar como testigo Álvaro Gallego, vinculado, según los investigadores, con la retirada en efectivo de 108.500 euros. Ese mismo jueves también declararán ante el juez Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, citados en calidad de testigos.

El último informe presentado por la UCO sostiene que la trama presuntamente articulada en torno a Villafuel consiguió proyectar su influencia más allá del Ministerio de Transportes, alcanzando también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigidos entonces por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. Según reportó Europa Press, la infiltración se habría producido a través de Víctor de Aldama, identificado como “persona con acceso al entorno” de José Luis Ábalos, con el objeto de condicionar las decisiones administrativas necesarias para que Villafuel accediera a operar en el mercado mayorista de hidrocarburos, ignorando la supuesta carencia de requisitos.

El informe de la UCO, citado por Europa Press, señala que Aldama y Claudio Rivas fueron identificados como presuntos responsables de gestionar y coordinar las dos ramas estructurales de esta red, que tenía por finalidad, según describen los agentes, la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos. Villafuel y otras empresas relacionadas actuaban como nodos de las actividades ilícitas, mientras que una segunda estructura mercantil estaba dedicada al blanqueo de capitales derivados de esas operaciones.

De acuerdo con la investigación de la UCO, la operativa de la organización comenzó en 2020, en el momento en que el entorno considerado como brazo ejecutivo de la red solicitó a Aldama que activara sus relaciones e intermediación con altos funcionarios, especialmente en el Ministerio de Transportes. El objetivo de esas gestiones habría sido obtener la autorización de operador para Villafuel. Europa Press señaló que la misma investigación concluyó que se empleó un millón de euros para influir tanto en el empresario Aldama como en actores clave como el exministro Ábalos y su entonces asesor Koldo García.

La causa permanece abierta y el magistrado instructor continúa con la recopilación de testimonios y pruebas para determinar posibles responsabilidades y conexiones dentro del ámbito de varios ministerios. El avance de las declaraciones y la aportación de indicios por parte de los investigadores de la UCO configuran el desarrollo de un procedimiento judicial que involucra a responsables de empresas, altos cargos ministeriales y asesores cercanos a quienes ocuparon posiciones clave en la administración pública.