Parte de las medidas sociales propuestas por el Gobierno español que no fueron aprobadas en la última sesión parlamentaria formaban parte de la gestión directa del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, dirigido por Mikel Torres. Según informó Europa Press, Torres subrayó que entre estas medidas se encontraba la revisión del Ingreso Mínimo Vital, un punto que afecta de forma directa a muchas familias vulnerables. El responsable vasco señaló que el Congreso no sólo votó sobre la revalorización de las pensiones, sino también sobre otras disposiciones incluidas en el denominado ‘escudo social’ impulsado por el Gobierno central. De acuerdo con Torres, el rechazo de este paquete repercute negativamente en millones de ciudadanos.
El medio Europa Press detalló que Torres se refirió a la votación del martes en el Congreso de los Diputados, donde los partidos PP, Vox y Junts rechazaron el decreto ley. El contenido de este decreto no sólo contemplaba la actualización de las pensiones según el IPC, sino que sumaba medidas adicionales como el incremento de las pensiones no contributivas, el aumento del Ingreso Mínimo Vital en un 11%, la extensión del bono social eléctrico, la prohibición de desahucios y cortes de suministros para familias sin alternativa habitacional, y la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos.
Torres, en la entrevista recogida por Europa Press, acusó al Partido Popular de instrumentalizar a los pensionistas “para derrotar al Gobierno de Pedro Sánchez”, junto con la ultraderecha y el partido Junts. Describió la maniobra política como una “operación para secuestrar a más de 10 millones de pensionistas”, asegurando que el objetivo principal era impedir la aprobación del paquete social más que rechazar medidas concretas. Según Torres, este voto negativo afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, al privarlos de varios derechos que habían sido protegidos en los años recientes.
Según publicó igualmente Europa Press, el consejero insistió en que el argumento del Partido Popular de apoyar la revalorización de las pensiones, pero desmarcarse de otras medidas como la prohibición de desahucios, resulta insuficiente para justificar el rechazo global al decreto. Torres indicó que el ‘escudo social’ venía defendiéndose cada año desde el ejecutivo socialista, respaldado por diversos grupos parlamentarios, y criticó que al llegar el momento de demostrar preocupación por el bienestar de la ciudadanía, se ha producido un retroceso. Para Torres, el hecho de que el PP votara en conjunto con la ultraderecha y Junts evidencia una voluntad política de “hacer perder una votación al Gobierno”, relegando a un segundo plano las mejoras de la vida social y económica para millones de ciudadanos.
El consejero vasco recalcó que no tiene dudas de que la actualización de las pensiones “se va a solucionar” en algún momento, pero advirtió sobre el riesgo que supone establecer precedentes donde los intereses políticos prevalecen sobre las necesidades de la población, según informó Europa Press. Torres también expresó que la responsabilidad de gestionar varias de las medidas no aprobadas recae en su departamento, lo que genera inquietud tanto para la administración vasca como para las personas beneficiarias directas de estas ayudas.
En sus declaraciones, Torres también alertó sobre las consecuencias que podría tener la asociación futura entre el Partido Popular y la ultraderecha si llegaran a formar gobierno, dado lo observado en la votación parlamentaria reciente. Opinó que el voto en contra no solo supone un daño para el Gobierno central, sino para el conjunto del país, afectando cuestiones fundamentales como la protección frente a desahucios y la garantía de servicios básicos como el acceso al agua y la luz para las familias vulnerables.
Durante la entrevista, detalló que muchas de estas medidas sociales, trabajadas junto a numerosos grupos en el Parlamento español, estaban diseñadas para beneficiar prácticamente a la totalidad de la ciudadanía. Europa Press reportó que Torres insistió en la importancia de no separar unas medidas de otras en función de intereses particulares, ya que, según él, el escudo social se concibe como un conjunto integrado.
El consejero concluyó sus afirmaciones retomando la crítica hacia la actuación del Partido Popular, reiterando su acusación de utilizar a los pensionistas con fines partidistas y cuestionando la coherencia entre el discurso público y las decisiones tomadas a la hora de votar. Según reiteró el medio Europa Press, Torres subrayó que resulta necesario valorar las consecuencias de estas acciones para el presente y futuro del sistema de protección social español.
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