La posibilidad de que la transferencia de competencias migratorias a Cataluña pueda avanzar tras el reciente pacto para la regularización extraordinaria de migrantes se ha vuelto uno de los elementos centrales en el debate político, según valoraciones expresadas por representantes de Sumar y otras fuerzas de izquierda. El medio al que pertenece la información original, y que recoge declaraciones clave sobre el tema, informó que el acuerdo entre el Gobierno y Podemos sobre la regularización ofrece nuevas perspectivas para la gestión autonómica en materia de inmigración y derechos.
Según puntualizó el medio, Gerardo Pisarello, coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar en el Congreso, consideró en una comparecencia ante la prensa en la Cámara Baja que este acuerdo favorece la posibilidad de retomar el proceso de traspaso de competencias migratorias a Cataluña. En la intervención, Pisarello fue consultado sobre el impacto que el pacto alcanzarían el Ejecutivo y los ‘morados’ tiene respecto a la aprobación del traspaso competencial, una dinámica previamente acordada con Junts y que previamente fue rechazada en sede parlamentaria por Podemos, principalmente por objeciones al texto propuesto.
Informó la fuente original que Podemos había expresado su negativa a la proposición de ley impulsada conjuntamente por Junts y el PSOE en relación con el traspaso de la gestión migratoria. El rechazo se fundamentó en que la formación observó expresiones de carácter racista dentro del preámbulo del documento, además de condicionar su posicionamiento favorable a la delegación de competencias a una regularización de migrantes. De acuerdo con el medio citado, fue este uno de los temas que generó mayor división dentro del espectro progresista del Congreso hasta que se alcanzó el actual acuerdo.
El medio consignó que la regularización extraordinaria de migrantes, contemplada en el reciente pacto, se realizará mediante decreto, con lo que se elimina la necesidad de una votación parlamentaria para su implementación. Esta vía ha sido señalada como fundamental para asegurar el avance del traspaso, sobre todo tras la petición explícita de Podemos. La eurodiputada y dirigente de la formación, Irene Montero, sostuvo durante la mañana que la regularización constituye un elemento esencial para evitar que el traspaso refuerce “el racismo y la violencia institucional contra los migrantes”, en palabras recogidas por el medio de comunicación.
Por otro lado, los Comunes manifestaron que el traspaso de la competencia migratoria responde a la profundización del autogobierno y debe canalizarse en la dirección de ampliar derechos y no para restringirlos. Pisarello advirtió que el paso dado con la regularización contribuye a clarificar la posición respecto a los posibles efectos negativos percibidos por sectores que asociaban la transferencia autonómica con un recorte de derechos para los migrantes. En palabras del diputado, la nueva hoja de ruta mostrará que no se pretende limitar, sino garantizar derechos de este colectivo.
El pacto alcanzado para la regularización extraordinaria de migrantes ha sido, según detalló la fuente, una reivindicación sostenida tanto por Podemos como por otras formaciones progresistas, entre ellas ERC, Bildu y Sumar. El medio explicó que este consenso responde a la necesidad de ofrecer garantías al colectivo migrante y aporta una herramienta frente al contexto reciente de “ola reaccionaria”, expresión utilizada por las fuerzas de izquierda para describir el auge de discursos contrarios a la inmigración y a los derechos sociales.
La coordinación del acuerdo por parte de los diversos actores políticos implicados se enmarca en una coyuntura en la que se busca evitar divisiones dentro del bloque progreista sobre las políticas migratorias y de descentralización administrativa. Según lo publicado, la nueva estrategia política también responde a la intención de contener discursos que, según estos líderes, pretenden dividir a la clase trabajadora en función del origen y la condición migratoria.
En síntesis, de acuerdo con la información de la fuente original, la conjunción del acuerdo de regularización con el traspaso de competencias a Cataluña pone sobre la mesa un cambio en la gestión de la política migratoria, con énfasis en la ampliación de derechos y la lucha contra formas de exclusión y discriminación institucional. La evolución de ambos procesos, la regularización y la descentralización competencial, abre una nueva etapa en el debate parlamentario y social sobre inmigración y derechos en España.
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