ERC saluda que Podemos se abra ahora a negociar el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, enfatizó que las competencias de inmigración que se negocian para ser transferidas a Cataluña, tras el reciente acuerdo de regularización de migrantes, recaerán en la Generalitat, actualmente presidida por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC). Tal como consignó el medio, Rufián valoró que Podemos, liderado por Ione Belarra, manifestó disposición a apoyar esta transferencia de competencias, subrayando la relevancia institucional del receptor, ya que las competencias no estarían en manos de un partido político específico, sino del gobierno autonómico catalán.

Según informó el medio, ERC expresó su satisfacción después de que Podemos diera señales de apertura para negociar la ley que permitiría la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Este paso se produce después de que la fuerza morada formalizara un pacto con el Gobierno central para la regularización de inmigrantes. En el pasado, Podemos votó en contra de esta medida en el Congreso, obstaculizando una propuesta que había sido acordada entre el PSOE y Junts per Catalunya.

Rufián puntualizó en declaraciones recogidas por el medio que, si bien la negociación para el traspaso se desenvolvió entre Junts y el Gobierno del PSOE, el destinatario del traspaso siempre sería la Generalitat. Señaló que la transferencia no se realiza pensando en la gestión de un partido, sino en el funcionamiento institucional de Cataluña. El portavoz de ERC criticó la postura de quienes se oponen a la cesión de competencias basándose en el partido político al frente del gobierno autonómico, declarando: "No se puede ir en contra de la cesión de competencias simplemente porque no te gusta quien gobierna. Para eso que las quede todas Madrid, no?", según reprodujo el medio.

La discusión sobre inmigración cobra mayor relevancia tras el acuerdo de regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que, de acuerdo con lo publicado, alcanzaría a hasta medio millón de personas. Este proceso no exigirá la aprobación parlamentaria, ya que el Ejecutivo lo tramitará a través de un real decreto. El portavoz de ERC aprovechó para expresar su escepticismo acerca de la tendencia del Gobierno central a recurrir a soluciones legislativas que definió como "iniciativas o leyes gazpacho", observando que suelen resultar deficientes desde el punto de vista técnico o político. No obstante, Rufián consideró que la aprobación de la regularización por la vía del decreto representa "un mal menor".

En palabras del propio Rufián, citadas por el medio, "Reivindico el malmenorismo frente al fascismo". El representante de ERC sostuvo que la coyuntura política actual hace preferible la aprobación del decreto, pese a sus imperfecciones, dadas las alternativas políticas presentes. Rufián alertó, de acuerdo con lo informado, sobre los peligros de un ascenso de fuerzas políticas que puedan impulsar medidas de restricción extrema e incluso represión, mencionando la posibilidad de "encarcelamientos" si llegaran al poder grupos de corte autoritario.

De acuerdo con el relato publicado por el medio, la polémica en torno a la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña ha generado división en el arco parlamentario. El acuerdo inicial entre el PSOE y Junts se topó con el rechazo de Podemos en la instancia de votación en el Congreso, haciendo fracasar la proposición legislativa. Sin embargo, el cambio de posición por parte de Podemos, tras haber alcanzado el acuerdo sobre regularización migratoria con el Gobierno, abre la posibilidad de que la transferencia finalmente avance.

El contexto de la regularización extraordinaria, que según ERC y lo recogido por el medio podría beneficiar a aproximadamente 500.000 migrantes, incide en las negociaciones políticas referentes a la gestión del flujo migratorio en la comunidad autónoma catalana. La medida, gestionada por medio de un real decreto, reduce el margen de intervención parlamentaria directa y plantea debates sobre la calidad democrática del procedimiento y la eficacia de la política migratoria.

En sus intervenciones, Rufián insistió en separar la discusión sobre quién ejerce el poder ejecutivo en Cataluña de la necesidad de articular una administración efectiva y descentralizada, conforme al pacto político entre partidos nacionales y fuerzas catalanas. La insistencia en que la Generalitat, y no un partido, es la destinataria última de las competencias busca recalibrar el diálogo entre los actores políticos y reforzar la legitimidad institucional del autogobierno catalán, según detalló el medio.

Así, el posicionamiento de ERC y la nueva actitud de Podemos reordenan el terreno de las alianzas parlamentarias en torno a la inmigración y la estructura competencial española, sumando un nuevo capítulo al debate sobre la descentralización y la gestión migratoria en el Estado.