La proposición registrada por Junts para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones públicas se presenta como una alternativa ante la falta de respaldo al decreto del Gobierno. El Ejecutivo enfrenta un escenario adverso en el Congreso, donde varios de los partidos clave han mostrado su rechazo a la convalidación del decreto-ley que contempla el aumento del 2,7 % en las pensiones y que debe votarse este martes. Según informó EFECOM, tanto el Partido Popular (PP) como Junts han comunicado en las últimas horas que no apoyarán esta iniciativa, alegando que el mismo texto legal integra otras medidas, como la moratoria en los desahucios, con las que no están de acuerdo.
De acuerdo con EFECOM, la abstención de Junts, aunque no explícitamente un voto negativo como el del PP, tampoco favorece al Gobierno, ya que no basta para asegurar la aprobación del decreto. Además, Junts ha dado pasos formales al registrar una propuesta propia dirigida a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, movimiento que refuerza su negativa a apoyar la vía propuesta por el Ejecutivo. Las declaraciones de ambos partidos señalan que no aceptan que la subida de las pensiones se debata en un mismo decreto que incluye medidas diversas, situaciones que consideran como una estrategia del Gobierno para vincular el apoyo a los pensionistas con la aceptación de otros puntos controvertidos, como la prórroga de los desahucios para familias en situación vulnerable.
Al respecto, el diputado Bravo remarcó la postura del PP en declaraciones recogidas por EFECOM: "Nuestro voto será un no, no estamos de acuerdo y lo llevamos avisando", recordando que su grupo ya presentó en noviembre una proposición de ley que busca garantizar la revalorización automática de las pensiones. Bravo solicitó al Ejecutivo que permita la tramitación de esta proposición de ley, añadiendo que así podrían encontrar una solución al conflicto generado. Por su parte, el PP también adelantó que no respaldará el decreto referente a las ayudas al transporte público, el cual prevé ampliar las bonificaciones actuales hasta 2026 en los abonos a nivel estatal, autonómico y local, con descuentos de hasta el 100 % previsto para jóvenes y niños, así como la creación de un abono único de alcance nacional.
Las fuentes del PP, citadas por EFECOM, manifestaron que los fondos que el Gobierno planea destinar a las bonificaciones del transporte deberían dirigirse a la inversión en infraestructuras, destacando la importancia del mantenimiento de las redes ferroviarias. Dado que el apoyo de Junts resulta también vital para convalidar el decreto del transporte público, el Gobierno se arriesga a enfrentar el rechazo simultáneo a dos de sus principales decretos en la inminente votación en el Congreso. Además, el texto precisa que, a diferencia del decreto de las pensiones, el relativo al transporte no contará tampoco con el respaldo de Podemos. Esta formación argumenta que el transporte público debe ser "completamente gratuito", como consignó EFECOM.
Frente a la posibilidad de que el Congreso derogue sus decretos, el Partido Socialista (PSOE) descarta fragmentar los textos legislativos o retirarlos para someter a votación por separado el incremento de las pensiones, tal como reclaman el PP y Junts. El medio EFECOM recogió que Sumar comparte la posición del PSOE insistiendo en que "quien no quiera aprobar o bonificar o actualizar las pensiones tendrá que explicarlo al conjunto de la ciudadanía". El debate se ha exacerbado en los últimos días ante la falta de acuerdos, lo que coloca el plan del Gobierno en una situación incierta y expone diferencias profundas en torno al mecanismo elegido para validar estas medidas.
En este entorno parlamentario, los partidos opositores subrayan la necesidad de desvincular la revalorización de las pensiones del resto de propuestas integradas en el decreto, mientras que el Ejecutivo sigue apostando por una aprobación en bloque. La sesión del martes será determinante para el futuro de las pensiones y de otras iniciativas anunciadas por el Gobierno, en una coyuntura marcada por desacuerdos políticos y la fragmentación del voto en el Congreso, según consignó EFECOM.
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