
Un antiguo trabajador de la empresa Hispano Almería se encuentra entre los arrestados en la investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos desde la Diputación Provincial, según consignó Europa Press. Esta circunstancia se suma a la aparición de grabaciones y mensajes de WhatsApp intervenidos a exresponsables políticos cercanos al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y ha motivado que el PSOE de Almería recurra el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería. El partido argumenta que estos elementos representan nuevos indicios sobre una posible manipulación de adjudicaciones en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en la Diputación Provincial durante la gestión del Partido Popular.
El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, anunció en rueda de prensa el recurso presentado contra el sobreseimiento de la causa que investigaba presuntos amaños de contratos públicos ligados a la empresa Hispano Almería. Ayala explicó, según detalló Europa Press, que nuevas pruebas derivadas de la pesquisa del caso 'Mascarillas', que analiza posibles comisiones ilícitas en contratos de la Diputación, abren la puerta a reactivar la instrucción. Entre los nuevos elementos figuran conversaciones detectadas entre Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación, y Óscar Liria, exvicepresidente tercero, en las que se haría referencia a la adjudicación de obras a Hispano Almería “por orden de” Gabriel Amat, quien presidió la Diputación entre 2011 y 2018 y es alcalde de Roquetas de Mar.
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De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el PSOE interpreta que las grabaciones y los intercambios de mensajes mencionados en la causa reflejan una posible “dinámica de imposición” en los contratos y apuntan al establecimiento de un “nivel decisorio superior” en la elección de empresas que recibieron adjudicaciones. Ayala manifestó que, según los indicios, en etapas posteriores otra empresa investigada en el marco del caso 'Mascarillas' reemplazó a Hispano Almería como receptora de la mayoría de las obras, lo que sugiere la existencia de un patrón de adjudicación condicionado.
Según relata el recurso legal consultado por Europa Press, las conversaciones de WhatsApp de 2019 forman parte del sumario y, en ellas, responsables políticos con poder de decisión en materia de contrataciones mencionan de forma explícita a la empresa Hispano Almería, asociando su adjudicación a instrucciones de un superior jerárquico. Esta información constituye la base para pedir la revocación del auto judicial que el pasado 15 de enero determinó el archivo provisional de la causa. El PSOE sostiene que los medios tecnológicos empleados en la actual investigación ofrecen posibilidades de esclarecimiento que no estuvieron disponibles durante la primera instrucción, abriendo la vía a una investigación más exhaustiva.
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El recurso presentado solicita a la jueza que habilite todas las diligencias instrumentales necesarias para verificar si el nuevo indicio permite corroborar o descartar las hipótesis iniciales. Entre las medidas solicitadas figuran la incorporación de copias o testimonios de los datos extraídos de los dispositivos intervenidos, incluida la transcripción de las conversaciones en las que se mencione a Hispano Almería, así como la identificación de los intervinientes, los números de teléfono y los metadatos relevantes. Se pide también la declaración de los protagonistas de esas conversaciones para precisar el alcance de expresiones como “por orden de” y ahondar en la autenticidad y contexto de los mensajes, según detalla Europa Press.
El PSOE reclama adicionalmente que el juzgado solicite información sobre las competencias reales y el organigrama de los cargos implicados en los expedientes de contratación. El objetivo es establecer la relación entre la toma de decisiones y la gestión de los contratos investigados, según explicó Ayala durante su comparecencia. El dirigente socialista insiste en que la causa muestra indicios de la existencia de una “red criminal” que, según expone en la denuncia, podría haber operado bajo el amparo del PP en la gestión de dichas instituciones.
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Ayala expresó, según recogió Europa Press, que las pesquisas judiciales y policiales se extienden sobre un periodo en el cual el Partido Popular ostentó la presidencia de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Añadió que la “corrupción en Almería no es puntual”, sino que, en palabras del responsable socialista, resulta “estructural y prolongada en el tiempo por parte del PP almeriense”.
El dirigente del PSOE criticó que, a pesar de los más de dos meses transcurridos desde la detención del antiguo presidente y vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente, no ha habido explicaciones públicas ni petición de disculpas por parte del Partido Popular provincial. Ayala señaló que la única respuesta del actual responsable del PP en Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha consistido en expresar su confianza en que el expresidente de la Diputación podrá demostrar su inocencia, postura que definió como carente de autocrítica.
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Según expuso Europa Press, el recurso pide al juzgado que acuerde la continuación de la investigación, al menos, con las actuaciones indispensables para verificar la conexión entre los nuevos elementos probatorios y los hechos originalmente denunciados. También se solicita la recopilación de testimonios y documentación que permitan reconstruir el proceso de adjudicación y el papel desempeñado por cada responsable político en el entramado examinado.
La instrucción del caso Hispano Almería permanece a la espera de que la titular de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, Ana Belén Vico, analice los nuevos materiales y decida si acepta los argumentos esgrimidos por el PSOE para mantener la causa abierta. El futuro de la investigación dependerá de la valoración judicial de las pruebas emergentes y de su posible integración en la causa principal, según detalló Europa Press.
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