Durante una intervención judicial realizada mediante videoconferencia desde Andorra, Carlos Mur, quien ocupó la dirección de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, apuntó hacia su sucesor, Javier Martínez Peromingo, y a un grupo de más de veinte geriatras de enlace como responsables de la elaboración de los protocolos de derivación de residencias, según informó el medio El País. El exfuncionario remarcó que, aunque se encargó de coordinar, revisar, firmar y remitir dichos documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no participó en su autoría, posicionándose en contradicción con las versiones ofrecidas por otros investigados en el caso.
La comparecencia de Mur está relacionada con una investigación judicial que indaga una posible denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a adultos mayores en residencias durante el periodo más crítico de la crisis sanitaria, detalló El País. Este proceso judicial examina responsabilidades en la elaboración y aplicación de los protocolos que regularon la atención en centros de mayores, en particular durante el inicio de la pandemia.
El exdirector prestó declaración después de no haberse presentado en una citación anterior el 9 de diciembre. Esta inasistencia llevó a la abogada Alejandra Jacinto, representante de la acusación particular, a solicitar una orden de busca y captura, según consignó El País. Finalmente, Mur compareció ante el tribunal de manera telemática, argumentando que se encontraba fuera de España.
Durante la videodeclaración, Mur expuso que, si bien tuvo un papel en la coordinación y transmisión de las instrucciones hacia instancias superiores dentro del ejecutivo regional, no redactó los lineamientos que han generado controversia dentro y fuera de la administración madrileña. El País indicó que el entorno judicial discute la procedencia de los documentos y su contenido, debido a las numerosas muertes ocurridas en residencias derivadas de los criterios de derivación hospitalaria establecidos en esas directrices.
La investigación se encuentra vinculada en concreto con el fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo. Este caso se halla dentro del marco de una causa mayor sobre el denominado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, señaló el medio. El procedimiento busca esclarecer si las medidas establecidas en dichos documentos supusieron una discriminación en la atención sanitaria recibida por personas mayores en residencias durante la emergencia sanitaria.
Dentro de este mismo expediente, el 9 de diciembre declaró ante el juzgado Javier Martínez Peromingo, sucesor de Mur en el cargo. Según El País, Martínez Peromingo se manifestó como responsable conceptual de los protocolos e indicó que, a su vez, Mur detentaba la responsabilidad sobre los posibles elementos discriminatorios que pudieran contener. De este modo, las declaraciones de ambos exfuncionarios establecieron posiciones enfrentadas respecto a la atribución de las acciones y decisiones vinculadas al caso.
La causa judicial experimentó una paralización durante varios meses debido a conflictos de competencia entre distintos juzgados de Madrid, describió el medio. Diversos jueces se inhibieron en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, proponiendo una unificación en una macrocausa. No obstante, el magistrado a cargo rechazó la solicitud, por lo que la resolución final compete ahora a la Audiencia Provincial de Madrid.
El contexto general incluye la gestión que el gobierno autonómico, entonces liderado por Isabel Díaz Ayuso, ejecutó durante la crisis sanitaria mediante su dirección de Coordinación Sociosanitaria, ejercida primero por Mur y luego por Martínez Peromingo. Los protocolos señalados han centrado el debate público y judicial respecto a la atención sanitaria brindada durante uno de los periodos de mayor presión para el sistema de salud madrileño, reportó El País.
A lo largo de la instrucción, diversas fuentes y actores estuvieron involucrados en la toma de decisiones sobre la admisión de residentes en hospitales según unas directrices que, de acuerdo con denuncias de colectivos y familiares, pudieron haber generado situaciones de discriminación. El caso continúa abierto ante los tribunales, mientras la familia del afectado y las partes involucradas buscan que se determinen las responsabilidades institucionales por lo ocurrido en aquella etapa inicial de la pandemia, de acuerdo con lo que detalló El País.
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