Abogados de los acusados de amañar contratos de Cultura en Valencia alegan prescripción y nulidades para frenar la causa

El Ministerio Público sostiene que los acusados habrían asegurado adjudicaciones de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones en efectivo, una práctica que se habría perpetuado entre los años 2003 y 2007 y que, según la acusación fiscal, benefició económicamente a los implicados y comprometió fondos públicos de la Fundación Jaume II el Just, absorbidos posteriormente por la Generalitat con un déficit de más de 13 millones de euros. Conforme a lo publicado por el medio de comunicación, la pieza E del caso Imelsa aborda supuestas irregularidades detectadas en la concesión de servicios para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, englobando restauraciones monumentales y la organización de eventos culturales relevantes en la ciudad.

Según detalló el medio, la Fiscalía solicita seis años y medio de prisión para Marcos Benavent, quien antes de dirigir Imelsa trabajó en la Fundación Jaume II el Just. El escrito de acusación atribuye a Benavent delitos de cohecho en calidad de cooperador, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, solicitando además una multa de 29.000 euros y largos periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fiscal pide a su vez una pena de cinco años de cárcel para Vicente Burgos, exmarido de la fallecida María José Alcón, así como tres años de prisión dirigidos contra los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent. Estas personas representaban compañías que, de acuerdo con la acusación, se habrían beneficiado de adjudicaciones irregulares.

La investigación inicial se remonta a la información aportada por Rosa Pérez, quien entregó a la Fiscalía un dispositivo con grabaciones e imágenes utilizadas como prueba. Durante la sesión preliminar celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, las defensas pusieron en tela de juicio la validez de estas pruebas y presentaron alegaciones para invalidarlas. Según informó el medio, los abogados reclamaron la nulidad del auto de entrada y registro dictado para acceder al domicilio de María José Alcón, las oficinas de la Fundación Jaume II y las sedes de los empresarios investigados. Argumentaron que el auto carecía de suficiente motivación y que se vulneró el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, lo que incidiría en la tutela judicial efectiva.

Además de las objeciones acerca de las pruebas, las defensas de Benavent, Burgos y los empresarios cuestionados esgrimieron que los delitos imputados estarían prescritos, dado que, en su opinión, el periodo máximo establecido legalmente ya habría transcurrido. El abogado de Vicente Burgos subrayó específicamente el lapso de diez años como límite legal para la prescripción. Tal como consignó el medio, esta posición fue compartida por los letrados de los otros acusados en la causa.

Por el contrario, la Fiscalía defendió la legalidad de las grabaciones y la legitimidad de los registros practicados tanto en domicilios como en instalaciones empresariales. El fiscal negó que se hubiera producido la prescripción de los delitos denunciados y remarcó que Benavent “estaba cobrando sin estar trabajando”, explicando que el acusado tenía conocimiento pleno de no cumplir funciones en la entidad y que actuaba para el Partido Popular, según se desprende de declaraciones judiciales recogidas por el expediente. El Ministerio Público sostiene que el acusado se dedicó a cobrar comisiones a las empresas que participaban en concursos públicos, asegurando que, una vez adjudicados los contratos, los implicados recogían su parte en metálico.

El mismo documento fiscal indica que Benavent fue incorporado en la fundación por iniciativa del Partido Popular y con la anuencia de Burgos. Durante años, el organismo no estuvo fiscalizado por la Sindicatura de Cuentas, organismo que sólo presentó su primer informe cuando se hallaba próxima su disolución. El proceso de extinción de la fundación tuvo lugar el 26 de diciembre de 2017, momento en el que la Generalitat debió asumir pérdidas superiores a los 13 millones de euros con cargo a fondos públicos, según relató el medio citado.

La pieza E del caso Imelsa tiene como objeto contratos destinados a obras de limpieza, consolidación, mantenimiento y restauración de monumentos emblemáticos de València, como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También involucra la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la gestión de la XXVII edición del festival de cine de la Mostra. El proceso abarca las adjudicaciones efectuadas en la era de la concejala María José Alcón, ya fallecida.

El inicio del juicio en los tribunales valencianos fue acompañado por declaraciones de los acusados ante los medios. Benavent, escoltado por su abogado Juan Carlos Navarro, expresó a la prensa: “Yo no soy zombie. Los zombies son otros”. Consultado sobre si cumplió funciones en la empresa, sostuvo: “Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro”, anticipando su testimonio en la sala. Según publicó el medio, las declaraciones de Benavent y el resto de acusados han reconocido en sede judicial que el principal implicado sólo desempeñaba labores para el Partido Popular.

La sala ha informado que resolverá sobre la admisión de nulidades y demás peticiones una vez que emita la sentencia, decisión que fue comunicada luego de analizar los argumentos expuestos en la vista preliminar. Todo el proceso y las posturas contrapuestas entre la acusación y las defensas quedan recogidos según la cobertura divulgada por el medio de comunicación que reporta sobre la causa en los juzgados de València.