El juzgado de Sevilla que investiga contratos de emergencia del SAS archiva las denuncias de PSOE y Podemos

El pasado jueves 22 de enero, el órgano judicial encargado de investigar los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) concluyó que no hay indicios de delito tras analizar las denuncias presentadas por el PSOE andaluz y Podemos contra la dirección actual y anterior del SAS, según recogió una resolución a la que accedió Europa Press y que fue adelantada por el diario ABC. El juzgado de Instrucción de Plaza 13 de Sevilla decretó el “sobreseimiento provisional y archivo” de la causa, descartando la existencia de irregularidades penales en los procedimientos de contratación llevados a cabo durante la pandemia de la COVID-19. La decisión afecta tanto a la actual gerente del SAS, Valle García, como a sus predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega.

Según informó Europa Press, el titular del juzgado argumentó en su auto que no existen diligencias que puedan considerarse relevantes o útiles para demostrar hechos con relevancia penal. El texto judicial remarcó que prolongar la investigación vulneraría el sistema de garantías establecido en la Constitución, ya que esto supondría someter a ciudadanos a pesquisas sin fundamentos suficientes. Asimismo, el juez rechazó la solicitud del PSOE andaluz de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado, alegando que carecen de pruebas o indicios que permitan sostener la sospecha de delito.

El documento de 23 folios señala que la acusación inicial partió de un grupo de parlamentarios del PSOE andaluz, quienes, en septiembre de 2024, interpusieron una denuncia por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS durante los años 2021 a 2023, por un valor estimado de 242 millones de euros. Más tarde, Podemos se sumó a la denuncia, y en noviembre de 2025 se presentó una ampliación de la querella, incluyendo la gestión ejercida durante el año 2024 por la directora gerente Valle García. Según publicó Europa Press, la fase de instrucción se abrió el 1 de octubre de 2024 para esclarecer un posible delito de prevaricación administrativa.

A lo largo de la investigación, el juzgado escuchó tanto a los investigados como a varios testigos clave. Según consignó Europa Press, en noviembre comparecieron, en calidad de testigos, el exdirector económico del SAS, José Antonio Miranda, y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud, Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás. El auto del juez se firmó apenas dos días después de las declaraciones de la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García —exconsejera y exviceconsejera de Salud— y del exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, quienes también testificaron.

El juzgado sostuvo que la prórroga de los contratos de emergencia después de finalizada la crisis sanitaria no tuvo por objetivo eludir las normativas de contratación pública, sino responder a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios asistenciales, como consecuencia de los retrasos provocados por la gestión de la pandemia. El auto señala que las prórrogas se sustentaron en informes económicos y jurídicos, destacando que todas las empresas implicadas ya colaboraban anteriormente con el SAS y que no se ha registrado ningún recurso contra estas contrataciones ni reclamos por parte de empresas o asociaciones. El juzgado no identificó perjuicios para la administración, ni por exceso de gasto, ni por la eventual pérdida de fondos europeos.

Desde el punto de vista del magistrado, no ha habido ejercicio arbitrario del poder ni abusivo, ya que la administración expuso memorias económicas y documentos jurídicos justificativos. Según indicó Europa Press en su cobertura, el juez subrayó que la modificación del control previo al control financiero permanente resultaba, como mínimo, jurídicamente discutible, pero permitió mayor eficiencia en la gestión pública bajo circunstancias excepcionales.

El propio auto cuestiona que pueda considerarse que faltó una situación de emergencia en las fechas de las resoluciones que prorrogaban contratos, subrayando que no es posible afirmar que fuesen groseramente ilegales o motivadas por intereses ajenos al interés público. De acuerdo con Europa Press, el magistrado señaló que eventualmente podrían discutirse aspectos de regularidad en algunas contrataciones, pero desestimó que exista fundamento para acusaciones graves como prevaricación, actuación arbitraria o abuso de los procedimientos.

A lo largo del proceso judicial, los principales responsables del SAS declararon que la continuidad de los contratos respondía a la urgencia por mantener las prestaciones médicas necesarias ante las consecuencias de la pandemia. Según detalló Europa Press, han defendido que el cambio de fiscalización previa a control financiero permanente estaba dirigido a facilitar la gestión ante una emergencia, minimizando el impacto de trámites en los servicios sanitarios.

El auto queda sujeto a posible recurso, pero mientras la decisión del tribunal de instrucción prevalezca, las acusaciones sobre prevaricación y otras irregularidades en la contratación de emergencia han quedado archivadas. El juzgado declaró que cualquier avance en la investigación requeriría elementos probatorios nuevos y relevantes que actualmente no existen, de acuerdo con la información difundida por Europa Press.