La respuesta del Ejecutivo a los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago y Toni Valero incluyó referencias a la creación reciente de una Comisión Interministerial, la puesta en marcha del II Plan de Derechos Humanos, así como garantías aprobadas el 30 de julio, elementos que, según el Gobierno, constituyen manifestaciones concretas de su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales en el contexto organizativo del Mundial de Fútbol de 2030. El Ejecutivo se pronunció en este sentido ante una inquietud planteada por diputados de Sumar acerca de la coherencia de la participación española en la organización del evento junto a Marruecos y Portugal, en relación con incidentes ocurridos en el país africano durante el pasado verano, como la represión de protestas, limitaciones al derecho de manifestación y detenciones consideradas sistemáticas. Según publicó Europa Press, el Gobierno remarcó su implicación plena tanto en la dimensión deportiva de la cita como en los aspectos vinculados con el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión social.
Europa Press reportó que el Ejecutivo recalcó ante Sumar que está "plenamente comprometido" con la organización del Mundial de 2030 desde una perspectiva que prioriza los principios fundamentales de respeto a los derechos humanos, sostenibilidad e inclusión social. Esta afirmación surgió en respuesta a una pregunta escrita que pedía explicaciones sobre las políticas y garantías en defensa de los derechos durante el desarrollo de la cita deportiva, tomando en cuenta los antecedentes de las protestas y las restricciones impuestas en Marruecos. Los parlamentarios solicitaban detalles acerca de las medidas adoptadas para reforzar el respeto a los derechos humanos y la coherencia de la participación española conjuntamente con Marruecos y Portugal.
En su contestación, según consignó Europa Press, el Gobierno defendió que los avances recientes y las acciones legales y administrativas adoptadas, como la implementación del II Plan de Derechos Humanos y la aprobación de nuevas garantías en julio, reflejan una intención expresa de convertir la organización del Mundial en un "referente positivo para el deporte y la sociedad en su conjunto". El Ejecutivo subrayó que este compromiso se enmarca no solo en la organización del evento, sino en el conjunto de su política pública, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El medio Europa Press detalló que la respuesta oficial también recordó que España, en calidad de miembro activo de la Unión Europea y en cumplimiento de la normativa vigente, actúa para asegurar y garantizar la protección de los derechos humanos en cualquier escenario de su actuación. De acuerdo con el Ejecutivo, la pertenencia a numerosos tratados, convenios internacionales y textos normativos, tanto en el plano internacional como interno, respalda su postura. El texto oficial advierte que España "garantiza la plena observancia de los Derechos Fundamentales y las libertades públicas en todas las áreas de su gestión", mostrando así una orientación orientada a preservar dichos derechos en las actividades de gobierno.
En la explicación brindada por el Ejecutivo y recogida por Europa Press, se posiciona a España como país comprometido con la protección y la promoción activa de los derechos humanos en los eventos de proyección global como el Mundial de Fútbol de 2030. El Gobierno defendió que la reciente puesta en marcha de nuevas estructuras institucionales y legislativas, tales como la Comisión Interministerial citada, constituye una acción alineada con la voluntad de hacer del torneo un ejemplo para el deporte y la sociedad.
La preocupación manifestada por Sumar sobre las prácticas del socio organizador Marruecos, tras las protestas y detenciones relacionadas con la represión ocurrida en el pasado verano, se enmarca en el contexto de la cooperación internacional característica de los procesos de gestión de grandes eventos deportivos. Según la información recogida por Europa Press, el Ejecutivo respondió detallando los mecanismos legales y administrativos vigentes como garantías del respeto y amparo de los derechos humanos, insistiendo en que el enfoque de la organización del Mundial en 2030 contempla tanto la dimensión deportiva como la social y de principios.
La referencia a los tratados y convenios internacionales, en el argumento oficial, busca fundamentar la posición de España como país sometido a marcos normativos internacionales que exigen el respeto de los derechos fundamentales. Además, la pertenencia a la Unión Europea implica obligaciones añadidas en materia de derechos humanos, cuestión que el Ejecutivo subrayó a lo largo de su respuesta, siguiendo lo informado por Europa Press.
Con estas explicaciones, el Ejecutivo se propone tranquilizar a su socio en el Gobierno y a la opinión pública, colocando en primer plano su política sostenida de defensa de los derechos en la gestión de eventos internacionales y su compromiso en mantener estándares reconocidos tanto en lo deportivo como en lo social.
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