Juzgan a una pareja que tenía un criadero ilegal con más de 1.000 tortugas de especies amenazadas en Llucmajor(Mallorca)

Durante el proceso judicial en curso, el responsable del centro de conservación animal donde fueron depositados los ejemplares incautados declaró que actualmente apenas ha sobrevivido una tortuga y dos salamandras de todos los animales intervenidos. El resto murió tras el decomiso, lo que recalca la grave situación de los especímenes exóticos implicados en este caso de tráfico ilegal. El juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, investiga las presuntas actividades ilícitas de una pareja acusada de mantener un criadero ilegal con más de mil tortugas de especies protegidas y amenazadas en una finca de Llucmajor, Mallorca, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión para cada uno de los dos principales acusados y dos años de cárcel para un tercer implicado, quien, como propietario de una tienda de reptiles en Barcelona, supuestamente ejercía funciones de intermediario en la compraventa de los animales. Además de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama que los procesados paguen indemnizaciones por un valor superior a 200.000 euros.

Durante la reciente sesión del juicio, un encargado de una empresa de transportes relató que los acusados solían recibir ocasionalmente palets con ratones congelados, algo que calificó de chocante por el inusual volumen y frecuencia. El testigo explicó que suponía que estos ratones servían de alimento para animales, ya que, según lo que había oído, los destinatarios se dedicaban a actividades vinculadas a la cría y mantenimiento de fauna, aunque no lo sabía de manera concluyente. El mismo testigo precisó, a preguntas de la defensa, que nunca transportó animales vivos para los acusados y que este tipo de envíos exige autorizaciones especiales. Recordó también haber gestionado el transporte de una caseta o un vivero pequeño que requirió el uso de un camión grúa.

Europa Press consignó que la investigación arrancó en 2018, cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil realizaron un registro en la finca ubicada en Llucmajor. La inspección reveló una infraestructura desarrollada para la cría y reproducción de tortugas tanto acuáticas como terrestres y de bosque, así como de galápagos. La mayoría de las especies presentes en el criadero estaban catalogadas como protegidas o amenazadas a nivel internacional. En los diversos operativos llevados a cabo, las autoridades decomisaron más de mil ejemplares vivos junto a huevos y material utilizado para la reproducción.

El escrito de acusación de la Fiscalía, citado por Europa Press, establece que la valoración económica total de los reptiles incautados y de las crías que pudieron nacer de los huevos intervenidos asciende a 500.000 euros. Las ventas y adquisiciones de estos animales —según la acusación— se realizaban principalmente a través del propietario de la tienda de reptiles barcelonesa, quien facilitaba transacciones a terceros o, en ocasiones, adquiría él mismo los animales para su negocio.

El Ministerio Fiscal señala que la pareja y el comerciante de animales constituyen una estructura de tráfico de especies en la que los animales, en su mayoría ejemplares en peligro de extinción, se criaban sin las licencias necesarias y vulnerando normativas sobre protección de la fauna y el contrabando. El fiscal sostiene que los hechos descritos configuran delitos contra la fauna salvaje, de contrabando y de blanqueo de capitales, ya que los ingresos derivados de estas operaciones ilegales se canalizaban fuera de los cauces legales.

Durante la vista, responsables de centros de conservación y testigos aportaron información sobre el limitado éxito de los esfuerzos por salvar la vida de los reptiles intervenidos, que sufrieron altas tasas de mortalidad tras su traslado. Según datos conocidos por Europa Press, la complejidad de mantener estos animales en cautividad y su estado previo al decomiso influyeron en la baja supervivencia registrada. Los expertos lamentaron la pérdida de la mayoría de los reptiles, subrayando los problemas éticos y ecológicos que implica el tráfico de especies amenazadas.

La acusación contra los procesados incluye la exigencia de reparar los daños causados al patrimonio natural mediante el pago de indemnizaciones, que superarían los 200.000 euros sumando los perjuicios a la biodiversidad y al coste de custodia y manejo de los reptiles. Además de la condena de prisión, la Fiscalía propone sanciones económicas y medidas accesorias para evitar la reiteración de hechos similares.

El juicio sigue su desarrollo mientras se presentan nuevas declaraciones de testigos y análisis periciales sobre el impacto que la actividad del criadero ejerció sobre las especies afectadas. Según lo relatado por Europa Press, la intervención policial permitió detener la venta ilegal de reptiles a través de supuestos intermediarios que operaban tanto presencialmente como mediante envíos a otras regiones. El caso continúa generando atención sobre los riesgos que representa el tráfico ilícito de animales y la dificultad de reintegrar a los ejemplares confiscados en condiciones adecuadas para su supervivencia.