Anulan el registro de vivienda del investigado por el crimen de un francés desaparecido en Vera (Almería) en 2022

El auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estima la posibilidad de que el único investigado por la supuesta muerte y desaparición de un ciudadano francés en Vera, Almería, en agosto de 2022, haya concedido su consentimiento al registro de su vivienda bajo un contexto de “coacción ambiental”. Según detalló Europa Press tras consultar la resolución judicial, el tribunal sostiene que existen dudas fundadas sobre si el consentimiento para la entrada y registro fue libre e inequívoco, pues se otorgó cuando el sospechoso se encontraba en dependencias policiales y bajo interrogatorio por su relación con la desaparición. Esta situación podría haber influido en su decisión de no oponerse, por temor a intensificar las sospechas en su contra. El órgano jurisdiccional decidió anular el resultado de dicho registro voluntario, en el que la Guardia Civil halló varios efectos personales de la víctima desaparecida.

De acuerdo con Europa Press, el TSJA atendió parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de A.E.M., representada por el abogado Nabil El Meknassi, y revocó la decisión previa de la Audiencia Provincial, que había rechazado todas las cuestiones planteadas por la defensa. El tribunal considera que no puede considerarse acreditado un consentimiento expreso, inequívoco y espontáneo por parte del investigado, ya que no fue debidamente informado de su derecho a oponerse al registro sin consecuencia negativa y, además, se le privó de la asistencia letrada en aquel momento. El auto judicial resalta que los agentes responsables de la diligencia debieron explicar de manera constatable y comprensible al investigado que podía negarse a la entrada y registro y que tenía derecho a un abogado antes de responder a la solicitud.

El TSJA precisa que el acta de entrada dejó sin rellenar el campo destinado a manifestar el consentimiento del propietario, aunque apareciera su firma en el documento. Para el ponente de la Sala de Apelación, Miguel Pasquau, esa rúbrica no prueba que el consentimiento se diera con conocimiento pleno del derecho a rechazar la diligencia ni, mucho menos, que surgiera de forma espontánea. Además, el tribunal señala que, aunque la declaración del sospechoso se tramitó formalmente como “testigo”, ya existía una dirección clara de la investigación hacia él, pues a través del acta se le solicitó una muestra de ADN y se le relacionó como “sospechoso”, lo que añade un factor de certeza sobre la finalidad del procedimiento.

Según reportó Europa Press, la investigación que originó este caso se inició tras la denuncia de desaparición presentada el 8 de septiembre de 2022 por el hijo del hombre de 79 años, de origen francés, residente en Vera. El último testimonio sobre su paradero señalaba que la noche del 23 de agosto había visitado el domicilio de A.E.M. Los agentes procedieron al arresto del sospechoso cuatro días después de la denuncia, apoyados en su investigación, que incluía imágenes de un hombre con el rostro cubierto retirando efectivo en varios cajeros de la zona con la tarjeta de la víctima. Las extracciones realizadas superaron cada vez los 400 euros y, según fuentes del caso citadas por Europa Press, se contabilizaron cerca de una decena de reintegros.

En la operación ‘Lingüa’, la Guardia Civil llevó a cabo un registro voluntario en el domicilio de A.E.M., en el que localizaron efectos personales pertenecientes al desaparecido. Este registro es el que ahora queda invalidado tras la decisión del TSJA. Además del registro, los agentes obtuvieron otras pruebas relevantes como muestras de ADN, una reconstrucción de los hechos y la colaboración de diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Central Operativa (UCO), la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Grupo de Especialistas en Actividades Acuáticas (GEAS) y el Servicio de Criminalística de la UOPJ de la Comandancia de Almería, según consignó Europa Press.

A pesar de que la víctima nunca llegó a aparecer y que el cuerpo aún no ha sido localizado, las actuaciones policiales se centraron inicialmente en la hipótesis de que se produjo un hecho violento en su domicilio durante la tarde-noche en que se perdió contacto con el hombre. De acuerdo con la tesis mantenida por la Guardia Civil y transmitida por Europa Press, tras el supuesto homicidio, el responsable habría procedido al ocultamiento del cadáver y, al día siguiente, habría utilizado la tarjeta de crédito para retirar dinero en efectivo.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera imputó en un principio al sospechoso delitos de detención ilegal sin razón de paradero conocido y un ilícito continuado de estafa. Posteriormente, al avanzar la investigación, se sumaron los presuntos delitos de homicidio y robo con violencia e intimidación. El proceso penal establece que A.E.M. será juzgado por un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Almería.

El acusado pasó cerca de dos años en prisión preventiva y desde diciembre se encuentra en libertad bajo la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial, tras el depósito de una fianza de 10.000 euros, según ha comunicado Europa Press. De cara a la vista oral, la decisión adoptada por el TSJA sobre la invalidez de la entrada y registro adquiere un papel central en la valoración de las pruebas a considerar por el tribunal de enjuiciamiento.

El tribunal subraya en el auto consultado por Europa Press que no puede saberse si el investigado habría dado su consentimiento para el registro de manera libre e informada, ni si lo habría hecho en el caso de que hubiese recibido la asistencia de un abogado. Con esto, la entrada y registro queda anulada, lo que elimina del proceso aquellos elementos probatorios hallados en el domicilio del sospechoso y vinculados al desaparecido francés.