Granados alega que no tuvo "ningún tipo de participación" en el presunto amaño de los contratos de fiestas de 'Púnica'

La defensa del exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, sostuvo que la primera imputación formal en su contra se produjo diecisiete años después de su salida del Ayuntamiento, argumento con el que busca que se declare prescrita la causa relacionada con el presunto amaño de contratos de fiestas en la Comunidad de Madrid. Granados, quien fue también ex secretario general del Partido Popular de Madrid, enfrenta en la Audiencia Nacional el juicio por la pieza separada ‘Waiter Music’ dentro del denominado ‘caso Púnica’, junto con el exsenador David Erguido y otros trece acusados. Según informó Europa Press, el abogado Javier Vasallo aseguró ante el tribunal que no hubo ningún tipo de intervención, mediación o acción de parte de su representado en los hechos bajo investigación.

Durante la primera sesión del juicio, celebrada este lunes, la defensa de Granados comunicó ante la sala que su cliente careció de participación real o indirecta en las decisiones de adjudicación de los referidos contratos. Tal como detalló Europa Press, Vasallo argumentó que en ninguno de los municipios investigados —Móstoles, Moraleja de Enmedio, Algete, Valdemoro y Ciempozuelos— que componen la pieza ‘Waiter Music’, Granados ejerció influencia o gestión sobre los procedimientos administrativos o la propia elección de las empresas proveedoras de los festejos populares.

El letrado añadió que, a su criterio, la Audiencia Nacional no es competente para juzgar la pieza, por lo que pidió el traslado del asunto a la Audiencia Provincial de Madrid. Planteó que el juez instructor Manuel García Castellón habría derivado el caso a la sección de enjuiciamiento argumentando que Granados no tuvo participación, y reportó que esta decisión respondería a criterios “voluntaristas y subjetivos”. Según el relato presentado por la defensa y recogido por Europa Press, la distinción entre los municipios responde solo al estado de las distintas fases de instrucción, sin fundamentación objetiva para mantener la causa unificada.

Respecto a los hechos concretos bajo acusación en Valdemoro y Ciempozuelos, la defensa señaló que lo único por lo que se vincula a Granados en este proceso es su amistad con José Miguel Moreno, también imputado y quien fue responsable de organizar festejos en Valdemoro entre 1999 y 2003. De acuerdo con los planteamientos jurídicos aportados, la primera notificación judicial tras abandonar la alcaldía se emitió en 2021, superando ampliamente el plazo de prescripción de diez años y dejando los hechos fuera del alcance de juicio, según la estrategia de los abogados.

Junto a Granados y Erguido, otros exalcaldes y responsables de administraciones locales madrileñas se sientan en el banquillo, enfrentándose a peticiones de prisión de entre dos y seis años de acuerdo a la acusación del Ministerio Fiscal. Los delitos atribuidos comprenden falsedad en documento mercantil, prevaricación administrativa, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según consignó Europa Press.

En el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press, se describe el modo en que los contratos objeto de investigación presuntamente habrían sido diseñados para favorecer a Waiter Music y otras sociedades vinculadas a José Luis Huerta. El juez García Castellón señaló que los expedientes administrativos de adjudicación, cuando existían, estaban configurados desde el origen para asegurar que estas empresas resultaran beneficiarias, con la participación directa o indirecta de responsables municipales. En varios municipios bajo investigación, las sociedades del fallecido empresario Huerta habrían recibido encargos de organización de fiestas con expedientes predeterminados a su favor.

El documento judicial detalla que, además de cumplir con los contratos para las festividades públicas, Waiter Music y las empresas relacionadas realizaron servicios extra solicitados por los políticos, incluyendo actividades privadas o actos de partido, que no constaron en facturación oficial. García Castellón puntualizó que estas prestaciones adicionales se producían tanto durante la celebración de las fiestas como en eventos privados de integrantes o simpatizantes del Partido Popular en los ayuntamientos implicados.

Entre los contratos bajo escrutinio figuran adjudicaciones desde 2003 cuyos importes globales superan un millón de euros. Europa Press informó que ese año, por decisión de autoridades municipales de la época en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio y Humanes de Madrid, así como otros municipios como Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia, Waiter Music y otras sociedades de Huerta resultaron adjudicatarias para la organización de festejos. Los importes más elevados correspondieron a Valdemoro, con 773.186,88 euros, y a Móstoles, con 262.000,00 euros.

Según el auto, José Luis Huerta, fallecido en 2020, supo aprovechar su experiencia previa y relaciones con los municipios, especialmente durante la alcaldía de Granados en Valdemoro, para mantener una continuidad contractual que, en varios casos, se extendió hasta 2013 y sumó perfiles de facturación similares en distintos ejercicios, siempre relacionados con la organización de festividades y servicios asociados.

Además de los contratos municipales, Huerta expandió la facturación de sus compañías a empresas constructoras relevantes como FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como a Metro de Madrid. El monto conjunto facturado alcanzó los 571.311,61 euros, de los cuales 198.940,00 correspondieron a Metro de Madrid, S.A. Según publicó Europa Press, las conexiones contractuales de Waiter Music y las entidades ligadas a Huerta reflejan una trama extendida de relaciones con agentes públicos y empresas privadas, sin que, según sostiene la defensa de Granados, se haya acreditado la injerencia directa de éste en la toma de decisiones de aquellos contratos que ahora son objeto de proceso judicial.