El arresto del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y de su director ejecutivo, Roberto Roselli, en diciembre debido a una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos estatales, precedió la citación a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, quien deberá responder este lunes ante la comisión de investigación del Senado. Según Europa Press, la comparecencia de Gualda ocurre un mes después del arresto de su antecesor, Vicente Fernández, en el contexto de una causa abierta por la Audiencia Nacional para esclarecer supuestos delitos de corrupción vinculados a contratos públicos.
El objetivo de la comparecencia, propuesta por el Partido Popular (PP), gira en torno a los recientes arrestos y al manejo de fondos públicos en operativos desarrollados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. María Belén Gualda asistirá a una sesión programada para las 11:00 horas en la sala Clara Campoamor del Senado, donde los senadores formularán preguntas sobre las actuaciones de la SEPI y los hechos investigados. Europa Press detalló que la comisión, conocida como la 'comisión Koldo', recibe su nombre de la operación policial que condujo a la detención de varias personas por supuestas irregularidades en relaciones contractuales y manejo de recursos estatales durante la pandemia.
Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, fue arrestado en diciembre de 2025 como parte de las diligencias instruidas por la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo junto a Fernández a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario Antxon Alonso, a quien se vincula con Santos Cerdán, exdirigente socialista, y la empresa Servinabar. Según consignó Europa Press, agentes de la Guardia Civil también accedieron a las sedes de Correos y de varios ministerios, como Hacienda y Transición Ecológica, para recabar documentación relevante al caso.
La investigación sobre la SEPI incluye presuntas irregularidades en el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros del Gobierno español como parte de las medidas para afrontar los efectos económicos de la pandemia. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en poder del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, sostiene que parte de esos fondos estatales podría haberse canalizado para operaciones de lavado de dinero y traslados de oro venezolano a diferentes países. En ese contexto, la sede de Plus Ultra fue registrada por la policía, mientras las autoridades buscan determinar el destino exacto del dinero público concedido a la compañía aérea.
En respuesta a las sospechas y tras una semana de debate político, los senadores del PP aprobaron la formación de una comisión de investigación en la Cámara Alta centrada en las actividades recientes de la SEPI. Entre las decisiones tomadas se encuentra la citación de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, responsable política de la institución pública. Montero, según reportó Europa Press, compareció en sesión extraordinaria del Senado poco después de conocerse la detención de Vicente Fernández, afirmando que no existieron irregularidades legales dentro de la SEPI y que la UCO centró sus pesquisas en hechos posteriores al paso de Fernández por la presidencia del organismo.
La creación de la comisión responde a la preocupación por el uso de recursos públicos y la transparencia en su administración durante la emergencia sanitaria. La actuación de la SEPI en el sector industrial, y especialmente en el rescate de empresas estratégicas como Plus Ultra, generó múltiples interrogantes en torno a la gestión de los fondos y la selección de beneficiarios, lo que motivó a diversos partidos a exigir la comparecencia de sus directivos y responsables políticos. El medio Europa Press remarcó que la sesión en la que se interrogará a María Belén Gualda se espera que provea detalles adicionales respecto a los criterios y controles aplicados en estos procesos.
Durante la investigación policial y judicial, agentes del Instituto Armado realizaron inspecciones en entidades públicas, buscando pruebas documentales sobre las decisiones de contratación y las transferencias de fondos asociadas al 'caso Koldo'. Europa Press explicaba que la operación no se limitó a individuos sino que incluyó la revisión de contratos y expedientes en organismos estatales, con el objetivo de esclarecer si existió algún tipo de favorecimiento o malversación en las operaciones dirigidas por la SEPI.
A medida que avanzan las pesquisas, la atención mediática y política se ha dirigido hacia la cadena de responsabilidad en la gestión de la SEPI, involucrando tanto a antiguos dirigentes como a actuales responsables ministeriales. Europa Press subraya que la comparecencia de Gualda se considera clave para arrojar luz sobre las sospechas planteadas no solo en torno a contratos de emergencia durante la pandemia, sino también sobre los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas en la administración de fondos públicos. Por su parte, la SEPI y las autoridades gubernamentales han reiterado la disposición para cooperar con las investigaciones y ofrecer la máxima transparencia sobre los hechos cuestionados por parte de los senadores y la justicia.
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