
El Partido Popular ha planteado la derogación inmediata del nuevo sistema de financiación autonómica impulsado por el Gobierno en caso de acceder al poder. Según informó Europa Press, la dirección nacional del partido considera que la propuesta de Hacienda no respeta el consenso institucional y prioriza acuerdos particulares con partidos independentistas. La medida, acrecentando el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, aumentaría los recursos del sistema en cerca de 16.000 millones de euros para 2027, señala el medio. Este debate se sitúa en el centro de la agenda con la convocatoria de los principales líderes regionales del PP este domingo en Zaragoza bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de definir una estrategia conjunta frente a la iniciativa del Ejecutivo.
Tal como publicó Europa Press, Feijóo ha convocado a los presidentes autonómicos del Partido Popular para acordar una postura común de oposición a la propuesta de financiación defendida por la ministra María Jesús Montero. Durante la reunión, el PP prevé sentar las bases de un modelo alternativo, que el partido buscaría implementar en caso de llegar a la presidencia del Gobierno, indicó el citado medio. Este cónclave tiene además la intención de actualizar el acuerdo firmado el 6 de septiembre de 2024 en Madrid, donde los líderes populares exigieron una dotación de 18.000 millones de euros procedentes de fondos europeos no asignados por el Ejecutivo central y reclamaron la discusión de los términos de financiación en ámbitos multilaterales, evitando acuerdos bilaterales particulares entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y representantes independentistas.
Europa Press detalló que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado días antes, todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, expresaron abiertamente su rechazó a los términos del nuevo modelo. Los dirigentes populares califican de "mal modelo" la propuesta gubernamental por considerar que “firma el principio de desigualdad e insolidaridad”. Feijóo, en declaraciones anteriores recogidas por ese medio, anticipó que planteará ante el propio Sánchez la negativa de la mayor parte de las comunidades autónomas a la reforma, argumentando que “no responde a las necesidades de la gente, sino a las exigencias del separatismo”. Su posición, según afirmó él mismo, será la de “altavoz de lo que es justo”, abogando por corregir lo que consideran un trato desigual.
Desde la perspectiva del Gobierno central, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó que la nueva propuesta suponga un trato de favor para Cataluña. Montero argumentó ante los medios, según recogió Europa Press, que “el que quiera seguir con un modelo previo porque cree que le va mejor, no hay problema”, destacando la voluntariedad para las comunidades en la aplicación del nuevo esquema. A pesar de ello, las comunidades gobernadas por el PP han evitado precisar si harían uso de esta posibilidad y sostienen, según indicó el medio, que el Ejecutivo carece de los apoyos parlamentarios necesarios para materializar el proyecto en el Congreso.
Junts, el partido catalán, ha manifestado su desacuerdo con el modelo propuesto y ha reiterado su preferencia por un sistema de concierto económico, según reportó Europa Press. Esta postura evidencia las dificultades para recabar los apoyos requeridos para aprobar la reforma, sumándose así al rechazo ya expresado por comunidades de distinto signo político fuera de Cataluña.
Durante la preparación de su propuesta alternativa, el PP ya había delineado líneas estratégicas en la carta enviada por responsables regionales de Hacienda a la ministra Montero en febrero de 2024, recuerda Europa Press. En ese documento, los gobiernos autonómicos populares solicitaban un aumento del monto global asignado por el sistema de financiación, similar a las reformas realizadas en 1997 y 2001, especialmente ante el incremento del coste de los servicios públicos. Además, proponían la creación de un fondo de carácter transitorio para compensar las diferencias de financiación entre territorios y reclamaban una cogobernanza efectiva en la asignación de fondos europeos, así como la garantía de la autonomía fiscal de las regiones.
La reunión en Zaragoza presidida por Feijóo busca también escenificar —según el relato de Europa Press— un mensaje de unidad entre los líderes regionales del PP frente a la reforma planteada por el Ejecutivo. En la foto prevista, los presidentes autonómicos populares refrendarán la oposición al nuevo mecanismo de reparto de fondos estatales y su compromiso por actualizar las bases acordadas en 2024. El encuentro se desarrolla en plena precampaña electoral en Aragón, donde el actual presidente Jorge Azcón del PP aspira a la reelección en los comicios autonómicos fijados para el 8 de febrero, frente a la candidatura de Pilar Alegría y otros aspirantes.
De acuerdo con Europa Press, el PP insiste en la necesidad de blindar el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, al tiempo que rechaza lo que denominan “artimaña de la bilateralidad con los separatistas”. El partido subraya la importancia de garantizar la igualdad de trato entre territorios y defender un modelo de financiación resultado del diálogo multilateral y no de pactos particulares.
Los líderes regionales populares reclaman avanzar hacia una actualización y mejora del modelo de financiación autonómica basada en criterios de equidad y sostenibilidad presupuestaria, y advierten —según la información de Europa Press— que presentarán en “el plazo de un año” un nuevo plan consensuado con las comunidades autónomas si el partido alcanza la presidencia del Gobierno central.
La controversia sobre el reparto de fondos estatales mantiene el debate político abierto. Europa Press señala que el sistema propuesto por el Gobierno busca aumentar el porcentaje de recursos transferidos a las comunidades, lo que añade presión sobre la negociación parlamentaria en un contexto marcado por la fragmentación del apoyo político. Las posiciones encontradas entre el PP y el PSOE, junto con las exigencias de formaciones independentistas, configuran un escenario de tensión institucional que se refleja tanto en el tablero nacional como en la estrategia electoral regional en curso.
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