La preocupación por los desplazamientos que enfrentan las víctimas de violencia de género debido a la Ley de Eficiencia Judicial se ha convertido en uno de los focos de la crítica planteada este sábado por el Partido Popular. Según reportó el medio Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, destacó que las nuevas disposiciones legales provocan que, en distintos casos, las mujeres deban recorrer más de 80 kilómetros para formalizar una denuncia contra su agresor, lo que genera un efecto disuasorio y limita el acceso a la Justicia para las víctimas.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo exige la comparecencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ante el Parlamento para presentar explicaciones sobre lo que describen como “caos” resultado de la “precipitada imposición” de la mencionada ley. Los representantes del PP atribuyen a esta normativa problemas graves como el atascamiento y colapso de los tribunales, así como situaciones de desconcierto entre los operadores jurídicos que, sostienen, dificultan el funcionamiento ordinario del sistema judicial.
El PP ha mantenido desde hace meses una campaña pública denunciando una serie de consecuencias asociadas a la ley, entre ellas la inseguridad jurídica, el bloqueo de los procedimientos judiciales y la aparición de disparidades en la interpretación de la norma. Europa Press informó que, en opinión de Cuca Gamarra, la aplicación del nuevo modelo de organización de los tribunales se ha organizado siguiendo un calendario “impuesto” que calificó de irrealista, situación que derivó en el desbordamiento de los juzgados y en vulneraciones de derechos de los ciudadanos.
Según el relato de la portavoz del PP, la culminación de la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia, establecida para finales de 2025, se estaría realizando sin consultar ni tener en cuenta la opinión de los profesionales que intervienen diariamente en la administración de justicia. Gamarra advirtió que estas reformas estaban orientadas a obtener una “foto” para el uno de enero de 2026, desatendiendo la calidad y el correcto funcionamiento del sistema judicial. A su juicio, las reformas impulsadas por el Gobierno han sido ejecutadas “de espaldas” a los colectivos judiciales y sin adoptar medidas de transición ni alternativas operativas que garanticen el servicio a los ciudadanos.
Los representantes del PP reclaman la puesta en marcha de nuevas medidas correctivas que permitan paliar los efectos adversos que, de acuerdo con su análisis, han surgido por la entrada en vigor de la ley. “Esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa”, expresó Gamarra según consignó Europa Press, cuestionando de manera directa la forma en que el Ejecutivo ha gestionado los cambios.
Además de las críticas estructurales, el PP subrayó que la nueva organización produce situaciones inusuales en los juzgados relacionadas con el reparto, la custodia y la división de tareas, según describió el propio partido en su comunicación. Estas dificultades, según el partido, deberían combatirse reforzando los medios materiales y personales del sector en lugar de imponer cambios que generan inseguridad en la aplicación de la ley.
Sobre el impacto de las reformas en la atención a las víctimas de violencia de género, Gamarra informó que muchas mujeres se ven obligadas a realizar largos desplazamientos para poder acceder a la justicia, situación que, según la portavoz, termina por actuar como un freno para la presentación de denuncias y pone en riesgo la tutela efectiva de las víctimas.
El PP concluyó su intervención reiterando la necesidad de priorizar la dotación de recursos y la eliminación de obstáculos dentro del sistema para evitar que persistan déficits de seguridad jurídica. Europa Press reportó que los dirigentes del principal partido de la oposición consideran que el Gobierno está desmantelando el esquema tradicional de la justicia española sin consultar a los profesionales y sin evaluar adecuadamente las consecuencias para usuarios y operadores. En su comunicado, insistieron en que el Ejecutivo debe, a su entender, reconsiderar la aplicación del calendario actual y trabajar para restaurar el funcionamiento normal de los órganos judiciales en beneficio de toda la ciudadanía.
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