El proceso judicial abierto a raíz de las últimas investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha estado acompañado por diligencias como registros y detenciones, entre ellas la de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la entidad, Vicente Fernández, en diciembre de 2025. En este contexto, el Senado ha aprobado la puesta en marcha de una comisión de investigación para abordar posibles anomalías detectadas en la gestión del organismo estatal, según reportó el medio.
De acuerdo con la información publicada, el Partido Popular, gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, impulsó la creación de este nuevo foro parlamentario, que también se centrará en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La iniciativa, aprobada con el respaldo del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el rechazo del PSOE, debatirá con la comparecencia de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y máxima responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, cuya citación ha sido oficialmente confirmada. Otros grupos parlamentarios optaron por no participar en la votación, tal como detalló la fuente.
El medio informó que la comisión surge después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera a diversas personas implicadas y solicitara documentos en sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica relacionados con las pesquisas llevadas a cabo por la Audiencia Nacional. Paralelamente, la Policía Nacional arrestó al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, investigados por presunto blanqueo de capitales. Estas actuaciones se ven enmarcadas dentro de operaciones orientadas a esclarecer la forma en que la SEPI gestionó determinados contratos de ayudas públicas.
En el desarrollo parlamentario del asunto, el senador del PP Alejo Miranda de Larra defendió la apertura de la investigación subrayando la necesidad de esclarecer responsabilidades para evitar que situaciones como el rescate a Plus Ultra vuelvan a repetirse. Según consignó el medio, Miranda reclamó al PSOE una postura "a favor de la limpieza institucional" y cuestionó la posición socialista por votar en contra de la comisión. El senador enumeró hasta 19 registros, tres detenciones bajo el ámbito de la SEPI y otras tres ligadas a rescates de aerolíneas, usando estos datos como justificación de la nueva indagatoria parlamentaria. Adicionalmente, el grupo popular anunció que la investigación incluirá cuestiones sobre la designación de Plus Ultra como empresa estratégica, el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las circunstancias en torno a una visita en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España.
Desde la bancada socialista, Alfonso Gil rechazó los argumentos del PP y señaló, según recogió el medio, que la comisión busca perjudicar las opciones electorales de María Jesús Montero en los comicios andaluces de 2026. Gil definió la iniciativa como un intento de trasladar el "lodo" político al Senado, expresando que el verdadero motivo es minar la imagen y la candidatura de la ministra.
El medio detalló que la constitución formal de la comisión está prevista para febrero, cuando se organizará la presidencia, la Mesa y las primeras comparecencias. Además de Montero, también se prevé citar a Vicente Fernández y a Leire Díez en calidad de personas directamente implicadas en los hechos investigados.
La aprobación de esta comisión parlamentaria coincide con el desarrollo de las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre gestión y contrataciones públicas de la SEPI, bajo la lupa de presuntos delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales, y con la revisión del encaje legal del rescate a diversas compañías. El foco se sitúa especialmente sobre las operaciones de Plus Ultra y la pertinencia de haberla considerado "empresa estratégica", así como la implicación política y la influencia de diversos actores estatales y extraterritoriales durante los procedimientos decisorios registrados en años anteriores.
Según lo publicado, por ahora la iniciativa legislativa contempla una ronda amplia de comparecencias para tratar de delimitar posibles responsabilidades políticas dentro del marco de los recientes procesos judiciales. El Partido Popular remarcó su intención de investigar a fondo, mientras que el Partido Socialista objeta la verdadera finalidad de la propuesta, aludiendo a que responde a motivos políticos más que a un interés real por clarificar los hechos investigados.
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