Montero dice que el PP la ataca con la SEPI porque es la candidata del PSOE en Andalucía

Durante su comparecencia ante el Senado, María Jesús Montero solicitó que el presidente andaluz, Juanma Moreno, aclare si existen vínculos entre altos cargos de la Junta y el entorno investigado del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. Montero, según reportó el medio, insistió en desvincularse de cualquier actividad de Fernández tras su salida de la empresa pública y planteó si Moreno asumiría responsabilidades políticas por casos como el cese de Fernando Ferrero, exdirectivo autonómico y socio de Fernández en algunas actividades privadas. Así lo detalló el medio, profundizando en la petición de transparencia sobre los lazos administrativos ante la investigación judicial en curso.

El medio consignó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda centró parte de su intervención en denunciar una supuesta estrategia del Partido Popular (PP) orientada a desprestigiarla como reacción a su condición de candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. "Ha ido a por mi persona simple y llanamente porque soy la vicepresidenta del Gobierno, pero sobre todo porque soy la candidata del PSOE en Andalucía", afirmó desde la tribuna, atribuyendo a una maniobra electoral la solicitud de los populares para que explicara presuntas irregularidades en la SEPI, especialmente tras la detención de Fernández.

Durante el debate, Montero afirmó que la convocatoria promovida por el PP en el Senado respondía a una “campaña de desprestigio, descalificación, bulo y mentira” centrada en dañar su imagen en el contexto de la inminente contienda electoral andaluza, que el medio indicó tendrá lugar hacia junio. Montero acusó a los populares de intentar asociar a su figura con supuestos casos de corrupción, a pesar de que, según su argumentación, "el partido más corrupto de la historia de este país, de la democracia española" es el propio PP.

En la Cámara Alta, la ministra rechazó tajantemente cualquier implicación en los hechos bajo investigación relacionados con Fernández. Detalló, de acuerdo con lo publicado por la fuente, que no tenía conocimiento de las actividades privadas del ex presidente de la SEPI durante el periodo investigado –entre los años 2021 y 2023– precisando que Fernández ya no ocupaba ese cargo en ese momento. Resaltó también que las responsabilidades individuales, en caso de que se detectaran ilícitos, deben recaer en las personas implicadas y no en la institución en su conjunto. Señaló además que atribuir una supuesta corrupción sistémica a la entidad constituye, en sus palabras, un ejercicio de “difamación” y de “antipolítica” que debilita la credibilidad de las instituciones.

Montero confrontó directamente el discurso de Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, a la que acusó de sostener una intervención basada en "mentiras y falacias" motivadas por un “miedo electoral”, reportó el medio. Además, advirtió que este tipo de mensajes de confrontación política termina favoreciendo a partidos como Vox, que, desde su punto de vista, se benefician electoralmente cuando la polarización domina el debate público.

Dentro de sus declaraciones, la ministra enfatizó que el actual Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, prevé concluir la legislatura y mantenerse en la Moncloa hasta el año 2027. Señaló que cuentan con una hoja de ruta definida para cumplir el mandato completo, en respuesta a cuestionamientos sobre la estabilidad del Ejecutivo.

La investigación que involucra a Vicente Fernández, según detalló la fuente, se desarrolla bajo la supervisión de la Audiencia Nacional en relación a anomalías detectadas en la contratación pública. En esta causa también se encuentran implicados la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxón Alonso, lo que ha derivado en registros efectuados tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Durante su discurso, Montero remarcó que la petición de explicaciones por parte del PP sobre su relación con Fernández debiera, en su criterio, aplicarse del mismo modo al gobierno autonómico de Juanma Moreno. Señaló, en este sentido, que la Junta de Andalucía efectuó el cese de Fernando Ferrero, directivo de una empresa pública autonómica, debido a su sociedad con Fernández en negocios privados, y cuestionó si Moreno Bonilla tiene alguna responsabilidad política derivada del asunto.

La ministra planteó que miembros del entorno de Vicente Fernández aún permanecen en puestos relevantes de la administración andaluza. Indicó que Miguel Ángel Figueroa, actual interventor general de la Junta y anteriormente considerado la mano derecha de Fernández, ocupó cargos de relevancia en el pasado dentro de la estructura del ejecutivo autonómico. Montero instó a los responsables políticos a que se expliquen públicamente también respecto a la permanencia de Figueroa en dichos puestos.

Según el medio citado, Montero defendió que el PP debería explicar por qué omite responsabilidades propias cuando exige cuentas a líderes de otras formaciones y sugirió que existe un doble rasero en el manejo de las exigencias de transparencia y asunción de responsabilidades políticas. Además, reiteró que los hechos investigados recayeron en manos de la justicia y que el Gobierno colabora con los requerimientos judiciales pertinentes.

El medio resaltó que la vicepresidenta manifestó preocupación por la utilización de temas judiciales en el debate político, sugiriendo que este tipo de estrategias ponen en riesgo la confianza en las instituciones. Montero insistió en que el Gobierno mantiene una línea de trabajo destinada a cumplir los objetivos al margen de los intentos de interferencia, reafirmando la intención del Ejecutivo de mantenerse en el poder durante todo el periodo establecido.