El Gobierno incumplió una de cada diez resoluciones del Consejo de Transparencia en 2025

Solicitudes de información relacionadas con los gastos en vuelos oficiales y representaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como documentos sobre su actuación durante la vaguada que afectó a Valencia en 2024 y detalles de su agenda en el viaje oficial a India, se encuentran entre los casos en que la Administración estatal no proporcionó respuesta durante 2025. Según informó Europa Press, la negativa o ausencia de contestación de diferentes ministerios a estas y otras demandas ciudadanas de acceso a datos oficiales provocó la interposición de recursos ante tribunales y ha planteado interrogantes sobre el nivel de transparencia del Ejecutivo en ese periodo.

De acuerdo con el medio Europa Press, el grado de cumplimiento de las resoluciones obligatorias emitidas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por parte de la Administración General del Estado (AGE) se situó en un 84,8% a 31 de diciembre de 2025, considerando expedientes resueltos hasta el 30 de septiembre. El Ejecutivo facilitó la información requerida en 581 casos durante el año pasado, mientras que en 79 ocasiones, equivalentes a un 11,5%, no se cumplió con la entrega de datos. Además, un 3,6% de los procedimientos –25 expedientes– acabaron en la vía contencioso-administrativa, aunque según Europa Press, aún no existe sentencia firme sobre ninguno de estos recursos.

El proceso establecido permite que cualquier persona o colectivo presente una reclamación sin costo ante el Consejo de Transparencia si considera que la respuesta administrativa es incompleta, incorrecta, o inexistente. El Consejo dispone de un plazo máximo de tres meses para analizar cada caso y emitir una resolución motivada, que resulta obligatoria para la administración, aunque la parte afectada puede recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa si no queda conforme, detalló Europa Press. Esta dinámica se reflejó en numerosos expedientes en 2025, donde la falta de respuesta oficial condujo a disputas legales en los tribunales.

Europa Press documentó que las reclamaciones no atendidas en diversos ministerios incluyeron solicitudes dirigidas al Ministerio de Transición Ecológica acerca del informe completo elaborado por el Comité para el Análisis del apagón ocurrido el 28 de abril, que requería detalles cronológicos de los eventos desde las 12 horas previas a la pérdida del suministro eléctrico hasta su recuperación y la situación operativa de las centrales eléctricas con capacidad de arranque en negro en España durante el apagón. El Consejo de Transparencia solicitó sin éxito acceso a estos documentos, mientras que las reclamaciones vinculadas a dicho ministerio permanecen sin respuesta.

En el Ministerio de Hacienda, varias solicitudes ciudadanas pedían conocer la retribución de los directivos del Consejo de RTVE y los criterios empleados para el nombramiento discrecional de empleados del ente público. Además, se desestimó proveer las actas con las puntuaciones del jurado que seleccionó las canciones del Benidorm Fest 2025, según indicó Europa Press.

El Ministerio del Interior tampoco ha transparentado información sobre múltiples aspectos relacionados con la Policía Nacional, entre ellos autorizaciones de compatibilidad para ejercer actividades privadas, datos vinculados a productividad, atestados, comisiones de servicio, provisión de puestos, licencias de excedencia voluntaria y participación de agentes en distintos actos. También se ha reportado que el Ministerio de Igualdad no respondió a la solicitud solicitando un desglose de las víctimas mortales de violencia de género oficialmente registradas en VioGén y que fallecieron a manos de sus agresores.

Cuando una resolución del Consejo de Transparencia no satisface a quienes han solicitado información, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, dentro de los dos meses establecidos por ley, informó Europa Press. En 2025, algunos de los recursos interpuestos ante los tribunales incluyen la negativa del Ministerio del Interior a entregar el informe sobre prevención de riesgos laborales relacionado con el incidente del 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate, donde una narcolancha impactó contra una embarcación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), provocando el fallecimiento de dos guardias civiles.

En el ámbito de infraestructuras y transportes, el Ministerio correspondiente afrontó acciones legales tras negarse a proporcionar detalles específicos sobre las incidencias registradas entre 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías de Valencia, así como los incidentes reportados desde septiembre de 2023 en el Eje Atlántico de alta velocidad entre La Coruña y Vigo.

Otra reclamación de relevancia judicial tiene que ver con la falta de acceso al detalle de las inspecciones fiscales, resoluciones y procedimientos realizados por la Agencia Tributaria, desde el año 2000 hasta la fecha, en relación a los partidos PP, PSOE, Vox y Podemos, y que hubieran terminado en sanción o archivo. También se encuentra en los tribunales la ausencia de información del Ministerio de Hacienda sobre los informes semestrales de inversión territorializada del Estado en las comunidades autónomas correspondientes al segundo semestre de 2022, todo el año 2023 y el primer semestre de 2024, así como los criterios utilizados para la distribución territorial y el grado de ejecución presupuestaria por territorio.

A lo largo de 2025, la gestión de las reclamaciones de transparencia, según reportó Europa Press, puso de manifiesto las dificultades para acceder a ciertas informaciones oficiales consideradas de relevancia pública. Entre los temas objeto de controversia y recursos destacan el uso de aeronaves oficiales, la gestión de crisis, el estado de la infraestructura eléctrica durante sucesos excepcionales, la correcta retribución de cargos en entes públicos, la selección de participantes en eventos culturales de proyección nacional, la operativa policial y la violencia de género, así como la fiscalización a partidos políticos y las inversiones estatales en las comunidades autónomas.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como órgano de supervisión, cuenta con la potestad de corregir el acceso a la información pública pero depende del cumplimiento efectivo de sus resoluciones por parte de las diversas administraciones. El balance de 2025 arroja un cumplimiento mayoritario, aunque las resoluciones no acatadas continúan generando controversia y litigios en el ámbito contencioso-administrativo, detalló Europa Press a partir de las consultas realizadas a distintas reclamaciones y expedientes.