CSIF detecta "deficiencias" en la implantación de la Ley Bolaños en doce partidos judiciales más grandes de Andalucía

La falta de ajustes en los espacios físicos de los principales órganos judiciales andaluces y la improvisación de calendarios de traslado se han sumado a una serie de problemas señalados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley Bolaños. Esta tercera fase, activa desde el 31 de diciembre pasado, afecta a los doce partidos judiciales más importantes de Andalucía, incluyendo las ocho capitales provinciales, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril, y abarca a aproximadamente 5.000 funcionarios, según informó Europa Press tras el comunicado enviado por la organización sindical.

De acuerdo con CSIF, tras la puesta en marcha de esta última etapa del nuevo sistema, numerosos empleados públicos desconocen cuál será su destino definitivo, ya que la Consejería de Justicia sigue realizando correcciones en los listados provisionales de acoplamientos. El sindicato sostiene que esta situación ha conducido a que varios órganos judiciales continúen operando bajo las estructuras anteriores y se hayan cesado interinamente a trabajadores, dejando vacantes que, según la central, no han recibido justificación alguna.

El informe remitido a Europa Press por la CSIF expone que la Consejería de Justicia no contaba con las tareas necesarias preparadas para abordar la transformación judicial que exige la Ley Bolaños, generando incertidumbre y desorganización interna. Según publicó el medio, la administración autonómica desestimó una solicitud de prórroga de seis meses que la propia central sindical había propuesto para facilitar la implantación de la oficina judicial correspondiente a esta fase. Para CSIF, esta negativa derivó en la repetición de errores logísticos y organizativos que ya habían tenido lugar en las fases previas del proceso.

En relación con estos fallos, CSIF subrayó el caso de Fuengirola, donde la mala distribución del personal en los servicios comunes ha provocado la modificación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) que habían sido aprobadas. Este cambio, según la entidad sindical, es un ejemplo de cómo las carencias organizativas llevan a reconfiguraciones no planificadas en la plantilla de los juzgados, afectando la normal prestación del servicio judicial.

La organización sindical también denunció una ausencia de protocolos claros y manuales de puestos que guíen el acoplamiento de los trabajadores a sus nuevas funciones. El sector de Justicia de CSIF Andalucía aseguró que, aunque en las dos primeras fases de la implantación del modelo sí se produjo un incremento neto de efectivos, en esta tercera etapa la administración lo ha ejecutado "a coste cero", sin refuerzos de personal ni dotación suficiente de equipos y materiales.

En cuanto a los espacios, CSIF reportó que no se han llevado a cabo las adaptaciones imprescindibles en las dependencias judiciales, ni en salas de vistas ni en servicios esenciales relacionados con guardias, menores y violencia sobre la mujer. Según afirmó la central en su valoración remitida a Europa Press, tanto jueces como letrados de la administración de justicia han tenido que improvisar calendarios escalonados para los traslados y adaptaciones durante los tres primeros meses del año.

La central también reprochó la imposición unilateral de las RPT, que en esta tercera fase se aprobaron sin consensuar con los sindicatos. Además, CSIF alertó de que la búsqueda de eficiencia propuesta por este nuevo modelo puede derivar en un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y una ralentización en la atención al público, que finalmente afecta la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

La valoración negativa de CSIF sobre la implantación de la Ley Bolaños en los principales partidos judiciales andaluces pone el foco en problemas recurrentes de organización, comunicación y recursos materiales y humanos dentro de la Administración de Justicia autonómica, según constató el medio Europa Press en su cobertura de la denuncia sindical.