
La defensa de José Luis Ábalos sostiene que la orden de enviarlo a prisión se basó en “vaguedades y excusas procesales”, argumentando que no existe amenaza de fuga que justifique la medida. El exministro y su exasesor Koldo García pasaron ayer a ocupar celdas individuales en el centro penitenciario de Soto del Real, después de convivir en la misma celda desde el pasado 27 de noviembre, según revelaron fuentes jurídicas a Europa Press. Esta disposición se produce un día antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo evalúe los recursos presentados por ambos para revertir su ingreso en prisión preventiva.
El medio Europa Press detalló que el Supremo analizará en dos vistas consecutivas, previstas para el jueves, las solicitudes de ambos implicados en la causa de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Primero se abordará la situación de Ábalos a las 10:30 horas, seguida a las 11:00 horas por la del exasesor Koldo García. La resolución de estos recursos marcará si los exmiembros del gobierno y su entorno inmediato continuarán privados de libertad hasta el inicio del juicio oral o si quedarán en libertad provisional mientras avanza el proceso.
De acuerdo con Europa Press, Ábalos, a través de su recurso, expresó que la orden de prisión resulta un “uso irrazonable del derecho” y planteó que la finalidad principal de su detención provisional parece orientarse a inducir una colaboración procesal, como habría ocurrido con el empresario Víctor de Aldama, otro de los procesados en la causa de las mascarillas tras su estancia en prisión. La estrategia de la defensa busca, por tanto, poner en cuestión la motivación judicial y resaltar la ausencia de causas legítimas para mantener una medida tan restrictiva como la prisión provisional.
También Koldo García presentó recursos con argumentos similares. Señaló que está dispuesto a aportar una fianza para abandonar la prisión y defendió que el aumento en su patrimonio cuenta con justificación en sus ingresos declarados. Según consignó Europa Press, Koldo criticó que la resolución judicial que determinó su ingreso en prisión se limitó a adoptar las tesis de la acusación sin realizar una verificación exhaustiva de las pruebas ni de la supuesta amenaza de fuga calificada como “extrema”.
En cuanto a las acusaciones, Europa Press informó que la Fiscalía solicita una pena de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama. A su vez, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, reclaman 30 años de prisión para Ábalos y García, en tanto que para Aldama pretenden la misma condena que la planteada por el Ministerio Público.
La causa abierta por las supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia llevó primero a la imputación y, posteriormente, al ingreso en prisión preventiva de los tres imputados. Los jueces argumentaron inicialmente “riesgo extremo de fuga” ante la proximidad de la fase de juicio oral como base para adoptar la medida, decisión que ha sido cuestionada tanto por los abogados de los acusados como por los investigados.
Según publicó Europa Press, los imputados alegan una ausencia de finalidad legítima para mantenerles en prisión provisional y remarcan que la medida resulta innecesaria para asegurar su presencia ante el tribunal o preservar el proceso. La solicitud de libertad presentada por los defensores incluye alternativas como el pago de fianzas y otras fórmulas de control judicial, en un intento de minimizar lo que consideran un perjuicio injustificado ante la falta de evidencias sólidas de fuga o reincidencia.
Europa Press aclaró que la decisión que adopte la Sala de lo Penal tras la doble vista de este jueves será determinante para el desarrollo de la causa y la situación de los implicados ante el futuro juicio por las mascarillas. Mientras tanto, los tres procesados permanecen internos en prisión de Soto del Real, aunque ahora Ábalos y García lo hacen en celdas separadas tras la reciente reubicación autorizada por la dirección penitenciaria luego de solicitantes de sus defensas.
El desarrollo de esta investigación y las decisiones sobre la libertad de los implicados continúan bajo estrecha observación judicial y mediática, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte resolución sobre los recursos centrados en la presunta falta de justificación para mantener la prisión preventiva de los excolaboradores gubernamentales.
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