Inadmitida la querella contra Mossos por el uso de gas pimienta en una manifestación por Palestina en octubre

El 18 de diciembre, apenas dos días después de su presentación, la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona desestimó la querella presentada por la asociación Irídia contra los Mossos d'Esquadra por el uso de gas pimienta durante una manifestación a favor de Palestina. Según detalló la propia organización de derechos humanos en un comunicado emitido el martes, la notificación oficial de la decisión judicial llegó a las partes el lunes 12 de enero, casi un mes después de la firma del auto. El hecho principal ocurrió el 15 de octubre, junto a la estación de Sants en Barcelona, en el marco de una protesta convocada durante una huelga a favor de Palestina.

Tal como informó la asociación Irídia, la querella fue interpuesta el 16 de diciembre de 2025, exactamente dos meses después de los hechos. Irídia denunció que el rechazo judicial sobrevino de forma expedita, al firmarse apenas 48 horas después de la presentación del escrito, antes de que pudiera ser practicada ninguna diligencia de investigación.

La jueza manifestó en su auto que la actuación policial observada por los Mossos se ajustó a los protocolos vigentes. Según publicó Irídia, la magistrada fundamentó la inadmisión en la falta de pruebas suficientes tanto sobre la relación causal entre las lesiones y la intervención policial como sobre la identificación precisa de los agentes actuantes. El medio explicó que la magistrada argumentó que estos elementos resultaban insuficientes para aceptar a trámite la querella.

La organización humanitaria denunció que la resolución judicial no incorporó práctica alguna de diligencia para acreditar los hechos y calificó como ligera la validación otorgada a la actuación policial. Irídia sostuvo que la decisión evidencia obstáculos sistemáticos para la investigación efectiva de casos relacionados con el uso de la violencia institucional, acentuando que la argumentación es recurrente en este tipo de causas y supone, en la práctica, la imposibilidad de avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades.

De acuerdo con el comunicado de Irídia, la propia consellera de Interior, Núria Parlon, admitió en el Parlamento de Cataluña, en respuesta a preguntas planteadas, que el protocolo sobre el empleo de gas pimienta se encuentra en revisión. La consellera hizo mención además a la guía de uso de agentes químicos elaborada por Naciones Unidas, aludiendo a la necesidad de actualizar y mejorar las garantías en el manejo de estos materiales por parte de los cuerpos policiales. Pese a estas manifestaciones públicas de revisión normativa, la jueza consideró que la actuación policial encajó dentro de los preceptos vigentes, según recogió Irídia.

La asociación Irídia confirmó su intención de recurrir la decisión ante la Audiencia de Barcelona, reclamando que se ordene la admisión de la querella y la apertura de investigación sobre lo sucedido frente a la estación de Sants el 15 de octubre. Irídia contextualizó que los sucesos se enmarcaron en las protestas convocadas en solidaridad con la población palestina y criticó la utilización del gas pimienta, cuya regulación y controles han sido objeto de seguimiento y debate tanto a nivel autonómico como internacional.

El comunicado indica que los argumentos invocados por la jueza para denegar la investigación –la insuficiencia de pruebas sobre la causalidad de las lesiones y la identificación de los agentes– reflejan patrones señalados por organizaciones de derechos humanos en materia de impunidad policial. Según publicó Irídia, estas prácticas generan una situación en la que, en ausencia de diligencias que permitan clarificar los hechos, se cierran las puertas a investigar posibles abusos.

El medio explicó que el rechazo de la querella, sin avanzar en ninguna actuación para la recopilación de pruebas testimoniales o periciales, ha llevado a Irídia a reiterar la necesidad de un marco normativo y procesal que garantice la rendición de cuentas ante actuaciones que impliquen el uso de fuerza por parte de los cuerpos policiales.

Irídia llamó la atención sobre el momento judicial elegido para notificar la decisión, ya que la resolución firmada el 18 de diciembre de 2025 solo fue comunicada oficialmente a las partes casi un mes después, el 12 de enero. La organización sostiene que este intervalo evidencia una gestión administrativa que afecta a la transparencia en el seguimiento del caso.

La actuación policial que motivó la querella se produjo en las inmediaciones de la estación de Sants, durante una protesta que, según Irídia, buscaba expresar apoyo y solidaridad con la causa palestina. El uso de gas irritante por parte de los Mossos d'Esquadra generó críticas de familiares de afectados y organizaciones pro derechos humanos, que han puesto el foco en la compatibilidad de estos métodos con los estándares internacionales de proporcionalidad y necesidad.

Desde la presentación de la querella –el 16 de diciembre de 2025–, Irídia sostuvo que la reclamación pretendía abrir camino a una revisión tanto de la responsabilidad individual en los sucesos como de los protocolos de intervención policial. Según detalló la propia asociación, la reacción judicial ha puesto de nuevo en debate las garantías procedimentales con las que cuentan los afectados en casos de denuncias contra agentes del orden.

En la respuesta institucional recogida por Irídia, la consellera de Interior aludió a la referencia normativa internacional de Naciones Unidas sobre el uso de agentes químicos, materializando la exigencia de impulsar una guía de actuación revisada y coherente con los estándares de derechos humanos aplicables a cuerpos policiales.

La asociación reafirmó en su comunicado la intención de agotar las vías judiciales para demandar una investigación efectiva, señalando que la rápida inadmisión de la querella impide esclarecer si la intervención policial el 15 de octubre se ajustó a parámetros de legalidad y respeto a los derechos fundamentales de los manifestantes.

Irídia concluyó que persistirá en su defensa del derecho a la protesta y del acceso a la justicia ante posibles vulneraciones cometidas en el ejercicio de funciones policiales, y enfatizó que la resolución de la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona representa, en su interpretación, un obstáculo para el control judicial de los comportamientos institucionales.