Fiscalía de Sevilla pide 20 años por doce intentos de homicidio tras incendiar una residencia: "Vais a morir, guarras"

El residente del centro para personas mayores y con discapacidad había alertado en numerosas ocasiones tanto a trabajadores como a otros habitantes del lugar con frases como "Vais a morir, guarras", "Vais a morir todos" o "Cualquier día vais a morir ardiendo", pronunciadas incluso pocas horas antes de que, en abril del año 2022, prendiera fuego de forma intencionada al colchón de su cama. Esta situación se convirtió en el eje central del proceso penal que enfrenta ahora, en el cual la Fiscalía de Sevilla solicita una condena de veinte años de prisión por un presunto delito de incendio en concurso ideal con doce intentos de homicidio. El Ministerio Público sostiene que el imputado tenía pleno conocimiento de las posibles consecuencias mortales para los doce residentes y profesionales que pernoctaban en el centro y que, a pesar de eso, siguió adelante con la acción.

Según informó Europa Press, el acusado residía en el centro debido a una incapacidad reconocida del 67 por ciento. El centro albergaba en su mayoría a personas mayores, la mayoría de las cuales presentaban dependencia por causas de edad avanzada, deterioro cognitivo u otras discapacidades. Diversos residentes necesitaban ayuda incluso para acciones básicas como levantarse de la cama, dado su nivel de movilidad reducida. Europa Press detalló que durante la madrugada, aproximadamente a las cinco, el procesado utilizó un mechero para iniciar el fuego en su colchón, el cual quedó completamente destruido por las llamas. La intención del acusado, según la acusación, fue provocar que el incendio se propagara a otras estancias y habitaciones, donde tanto el resto de los residentes como los cuidadores dormían en ese momento.

El desarrollo de los acontecimientos se vio marcado por la rápida actuación de los bomberos y las fuerzas de seguridad, que lograron evacuar a las personas antes de que el fuego se extendiera a nuevas áreas habitadas del edificio. Aun así, la planta donde empezó el incendio y la primera planta resultaron contaminadas por el humo, según el informe del Ministerio Público al que accedió Europa Press. Como consecuencia del incidente, varios residentes sufrieron afectaciones leves por inhalación de humo, que necesitaron tratamiento y cuya recuperación osciló entre dos y tres días, en función de cada caso en particular.

El sistema de extracción de humo debió ser utilizado por los bomberos para garantizar la evacuación del humo en el centro. Paralelamente, los servicios de emergencias atendieron a los residentes afectados por esa exposición. El mechero que el acusado empleó fue recogido posteriormente por la policía y destruido, según precisó Europa Press.

La acusación del Ministerio Público también señala al centro residencial por no haber adoptado las medidas preventivas suficientes, ya que el acusado había manifestado reiteradamente amenazas a residentes y empleados. Estas amenazas incluían afirmaciones como "Vosotros vais a morir", "Yo hoy te mato", proferidas en distintas ocasiones, incluida la noche previa al suceso. Según el informe del Ministerio Público, el centro contaba con una póliza de seguro que pagó más de 8.000 euros como indemnización por los daños producidos tanto en la habitación donde se inició el fuego como en el sistema de prevención de incendios del edificio.

Tras el incidente, las autoridades detuvieron al acusado en abril de 2022 y, al día siguiente, un juez decretó su ingreso en prisión provisional. Posteriormente, obtuvo la libertad provisional, pero bajo la condición de no acercarse a menos de 300 metros del centro afectado ni de las víctimas directas del incidente, según publicó Europa Press.

La Fiscalía mantiene su acusación basada en la concurrencia de un delito de incendio junto con doce delitos de homicidio en grado de tentativa. El juicio oral quedó fijado para el día 29 del mes en curso ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, según el documento consultado por Europa Press. El Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una pena total de veinte años de privación de libertad, atribuyéndole la autoría directa de los hechos.