
Durante la comparecencia ante una autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el embajador iraní, Reza Zabib, argumentó que en las protestas recientes en Irán "grupos terroristas" han aprovechado las movilizaciones ciudadanas para desarrollar acciones violentas que, según sus palabras, adquirieron "terribles dimensiones de violencia" entre el 8 y el 10 de enero. Zabib subrayó que el Gobierno de Irán reconoce la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, aunque enfatizó que no se tolerará ningún tipo de agresión ni la destrucción de bienes públicos. Esta declaración se produce tras la convocatoria del embajador iraní en Madrid, solicitada por el Ejecutivo español para manifestar su rechazo ante la respuesta de las autoridades iraníes frente a las manifestaciones, y exigir el respeto a los derechos civiles y el fin de las detenciones arbitrarias, según informó la Embajada de Irán mediante un comunicado recogido por varios medios.
De acuerdo con lo publicado por la prensa española, la Embajada iraní informó que la reunión tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde Zabib fue recibido por "una autoridad competente", evitando especificar públicamente el nombre del interlocutor español. El procedimiento habitual en estas situaciones implica que el contacto directo con los diplomáticos extranjeros se produzca a través de altos cargos del ministerio y no directamente con el ministro titular, José Manuel Albares. Aunque no se dio a conocer quién atendió al embajador, la visita respondió a la intención del Gobierno español de trasladar oficialmente su rechazo a la represión de manifestaciones en Irán y reclamar respeto a los derechos fundamentales.
El ministro Albares había adelantado la convocatoria durante una entrevista realizada por Catalunya Radio, en la que insistió en que las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión de los iraníes deben ser respetadas y defendidas. El titular de Exteriores enfatizó la urgencia de restablecer "las comunicaciones con el exterior, incluido internet", al considerar que la libre comunicación constituye un derecho fundamental. Además, reiteró la exigencia de detener las detenciones calificadas como arbitrarias en el marco de las protestas sociales que se viven en territorio iraní.
Según detalló la Embajada de Irán, Zabib sostuvo ante las autoridades españolas que desde las más altas esferas políticas de Teherán se ha reiterado recientemente el respeto por la libertad de manifestación y la libre expresión. El embajador presentó este argumento como prueba de la postura oficial iraní, indicando que se ha afirmado insistentemente durante las dos últimas semanas. No obstante, denunció que la presencia de "grupos terroristas" se ha infiltrado en protestas de carácter civil, generando elevados niveles de violencia y poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y los bienes del Estado.
El diplomático remarcó que la estrategia del Gobierno iraní prioriza el mantenimiento de la seguridad y la prevención de actos violentos, pero no implica la restricción del ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. En el comunicado, la Embajada iraní aseguró que el Ejecutivo de Teherán continuará facilitando el derecho a la libertad de expresión, actuando según la ley para preservar el orden público. Zabib concluyó que Irán "no permitirá la violencia ni la destrucción de bienes públicos", y que el deber de las autoridades es garantizar la seguridad junto con el respeto a los derechos civiles, en términos equiparables a los exigidos en cualquier otro país.
Durante la jornada del martes, las declaraciones de ambas partes reflejaron dos posiciones contrapuestas en torno a las responsabilidades y límites estatales frente a la protesta social. Por un lado, la postura oficial española pide garantías para el ejercicio pacífico de los derechos civiles, mientras que el discurso del embajador iraní prioriza la contención de supuestos elementos violentos que actúan en el contexto de las movilizaciones. La situación se enmarca en un clima de creciente preocupación internacional por las condiciones de los derechos humanos en Irán ante la persistencia de protestas multitudinarias y la respuesta de las fuerzas de seguridad.
Por último, el medio consultado detalla que la insistencia del Gobierno español en el respeto al derecho de manifestación pacífica y al libre acceso a la información electrónica se relaciona directamente con acciones recientes documentadas en Irán, como el cierre intermitente de servicios de internet y la persecución de manifestantes. Las autoridades españolas aseguran continuarán vigilando la evolución de la situación y mantendrán el diálogo diplomático, exigiendo garantías claras sobre el respeto a los derechos fundamentales de la población iraní.
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