Irene Lozano niega corrupción en su gestión de Casa Árabe y se muestra dispuesta a acudir a la Justicia para defenderse

Entre las propuestas presentadas a las instituciones integrantes del consorcio de Casa Árabe, Irene Lozano incluyó el posible cierre de una de las dos sedes —Madrid o Córdoba— y la elaboración de un plan de viabilidad, medidas que catalogó como difíciles pero necesarias para afrontar la situación financiera de la entidad. En este contexto, Lozano, exdirectora general de Casa Árabe, rechazó de manera firme las acusaciones de irregularidades en su gestión, negando la existencia de cualquier indicio de corrupción y defendiendo la legalidad de su trayectoria. De acuerdo con Europa Press, la también exdiputada socialista subrayó que, si fuera necesario, acudiría a la Justicia para proteger su reputación frente a las críticas vertidas tras la retirada de la financiación regional y las declaraciones del Ayuntamiento de Madrid motivadas por un informe reciente del Tribunal de Cuentas.

Según informó Europa Press, un comunicado publicado por Lozano en su perfil de LinkedIn buscó responder tanto a la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio como a las afirmaciones públicas sobre su gestión. Lozano declaró: “Ni en este mundo ni en ningún otro voy a tolerar que se sugiera una traza de corrupción en mi trayectoria. No me voy a callar, y si es necesario, iré a los tribunales a defender mi reputación”. En su opinión, las críticas, calificadas como “insultos injustos y arbitrarios”, se deben en parte a su condición de mujer y a su implicación como autora de las memorias del presidente Pedro Sánchez.

El informe del Tribunal de Cuentas que motivó las recientes disputas políticas examinó los ejercicios de 2023 y 2024, apuntando a una “crítica situación financiera” de Casa Árabe y advirtiendo sobre la viabilidad futura de la entidad. El organismo fiscalizador detectó resultados negativos próximos al millón de euros anual, con gastos ordinarios que ascendieron a 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones en 2024, cifras que se cubrieron utilizando el remanente de tesorería acumulado en años anteriores. Además, el Tribunal señaló la falta de un sistema de control interno completo y estructurado, así como deficiencias en la organización del personal, manuales y procedimientos internos de gestión económico-financiera.

Tal como publicó Europa Press, Lozano argumentó que el déficit que afecta a Casa Árabe es una situación estructural originada en 2012 tras los recortes presupuestarios aplicados durante el Gobierno de Mariano Rajoy después de la crisis financiera y económica. Desde la fundación de Casa Árabe en 2006, explicó Lozano, la entidad ha registrado más años con déficit que sin él. Destacó que todos los directores previos cubrieron ese déficit recurriendo al remanente de caja generado en los llamados años de bonanza, una práctica que el consorcio aprobó en cada ejercicio al validar las cuentas anuales.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Lozano insistió en que los esfuerzos por generar ingresos privados para compensar el déficit formaron parte constante de su trabajo en la entidad. También respondió a cómo algunos actores han interpretado el informe del Tribunal de Cuentas, señalando que el fiscalizador “no ha encontrado una sola pega que poner a dichas cuentas”; cuando el informe emplea la palabra “irregularidades”, argumentó Lozano, se refiere únicamente a desviaciones de lo habitual, sin equivaler esto a prácticas desviadas o corruptas como han sugerido “algunos pseudomedios”.

Refiriéndose a las diferencias con gestiones anteriores, Lozano detalló que solo introdujo tres cambios principales: la venta del coche oficial para eliminar gastos considerados superfluos, la conversión en indefinidos de una decena de profesores del Centro de Lengua que antes trabajaban bajo la fórmula de falsos autónomos, y la contratación de una persona experta en la obtención de fondos europeos a través de concursos públicos. Estas modificaciones, señaló según consignó Europa Press, buscaban corregir ineficiencias y adaptar la institución a nuevas necesidades financieras.

En cuanto a la justificación presentada por la Comunidad de Madrid para abandonar el consorcio, Lozano atribuyó la decisión a motivos políticos, considerando insuficiente la explicación vinculada al déficit. Defendió la actuación de la entidad, incidiendo en que el uso del remanente de tesorería y los esfuerzos por captar fondos externos han mantenido la actividad de Casa Árabe pese a las dificultades económicas heredadas de recortes anteriores.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el informe del Tribunal de Cuentas también ponía énfasis en la urgencia de transformar el modelo de control interno de la entidad y mejorar la gobernanza para asegurar su sostenibilidad futura. Lozano precisó que, atendiendo a la realidad financiera de la institución, propuso a las partes implicadas tanto soluciones inmediatas como medidas estructurales, incluyendo el repensar la infraestructura de Casa Árabe y la elaboración de un nuevo plan de viabilidad adaptado a los recursos disponibles.

Las declaraciones y la postura de Lozano surgen tras un contexto de pérdida de apoyo por parte de la Comunidad de Madrid y de renovadas críticas públicas. Europa Press recoge que la exdirectora ha hecho hincapié en la supervisión continua del Tribunal de Cuentas y en la transparencia de las cuentas anuales, reiterando su compromiso con la legalidad y el funcionamiento regular de la administración pública durante su mandato al frente de la institución.