Gamarra alerta de un "vaciamiento" de la Constitución con Sánchez que puede llevar a una "democracia iliberal"

Dirigentes de la oposición acusan al Ejecutivo de promover un deterioro institucional "sutil pero peligroso", denuncian crisis política y ética, y exigen medidas de regeneración democrática ante lo que califican como grave retroceso del sistema español

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El diagnóstico de crisis institucional no se limita a la erosión de los distintos poderes del Estado, sino que alcanza al concepto mismo de nación, según parte de los argumentos expuestos durante la 28 Interparlamentaria del Partido Popular (PP), celebrada en A Coruña. Durante este evento, portavoces destacados plantearon que la situación actual requiere una intervención que supere los eslóganes, con medidas de regeneración democrática y restauración del marco ético y moral en la política española. Según detalló la agencia Europa Press, las críticas se dirigieron al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, a quien la oposición acusa de promover un deterioro institucional “sutil pero peligroso” que, a su juicio, pueda conducir a España hacia una “democracia iliberal”.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, abrió el debate advirtiendo sobre lo que describió como un proceso de vaciamiento de la Constitución. En sus palabras, no se trata de una reforma explícita de la Carta Magna, sino de una progresiva desnaturalización de su contenido bajo la influencia de la acción gubernamental. “¿De qué nos sirve una Constitución escrita si se está quedando limitada a una Constitución semántica?”, cuestionó Gamarra, según recogió Europa Press. Para la dirigente popular, este fenómeno ocurre en un contexto donde el presidente del Gobierno actúa en minoría parlamentaria y prioriza, siempre según su análisis, el “tacticismo electoral, político y oportunista”. Gamarra vinculó estos movimientos a una crisis simultánea del poder legislativo, del poder judicial y de la estructura institucional de la nación.

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En la misma línea, se enfatizó la urgencia de implementar un rearme ético y moral que, en caso de que el líder de los populares Alberto Núñez Feijóo alcanzase la presidencia del Gobierno, buscaría responder a la tendencia que el PP califica como “degeneración del sanchismo”. Pese a que Gamarra insistió en que “regenerar no es un eslogan, es mucho más”, la intervención de diversos portavoces durante la Interparlamentaria giró en torno a la denuncia de un retroceso democrático y de un grave deterioro del sistema institucional español.

El panel, titulado “Por lo importante: un Gobierno limpio”, contó con la participación de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, Antonio Silván por el Senado, los eurodiputados Rosa Estarás y Adrián Vázquez, Javier García del PP de Navarra y representantes de los parlamentos autonómicos de Canarias, Madrid y Cataluña, según reportó Europa Press. Entre los temas abordados figuraron el sistema de alianzas gubernamentales, la relación con actores políticos vinculados al independentismo catalán y la respuesta ante lo que definieron como “el intento de asalto a las instituciones”.

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Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, intervino empleando acusaciones directas contra Pedro Sánchez, afirmando que el presidente del Gobierno es “alérgico a la Justicia” y describiéndolo como “el capo de una organización criminal”. En su intervención, recogida por Europa Press, argumentó que Sánchez habría crecido “entre negocios de prostitución, tráfico de influencias y amaño de contratos públicos”, y extendió sus críticas a los interlocutores del mandatario, a los que relacionó, en sus palabras, con causas judiciales pendientes o antecedentes penales. Para ilustrar sus acusaciones, Díaz-Pache recurrió a una analogía vinculando la figura de Sánchez con el delito, señalando que, al igual que el mar rodea a la ciudad de A Coruña, “el delito es a Pedro Sánchez lo que el mar es a la ciudad de A Coruña”. En sus declaraciones aseguró que el Ejecutivo pretende “normalizar el crimen y criminalizar lo normal”, y concluyó que el PP tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas ante lo que definió como un ataque institucional.

La denuncia de una crisis política y ética estuvo presente tanto en la articulación de las intervenciones como en el llamado a una regeneración democrática. En las distintas exposiciones, según consignó Europa Press, la oposición aseguró que el deterioro institucional no responde a reformas legales explícitas, sino a una táctica de desgaste progresivo y difícil de percibir en apariencia. Desde este ángulo, la preocupación de los líderes populares se centró en los posibles efectos a largo plazo para la calidad del sistema democrático en España.

La sesión interparlamentaria del PP sirvió como espacio para la reiteración de la crítica a la gestión del actual Ejecutivo y la proyección de una propuesta política centrada en la “regeneración” y en el “rearme” de los principios institucionales y morales. Las intervenciones, según reportó Europa Press, buscaron evidenciar un patrón de actuación política del Gobierno en el que predominan los intereses de supervivencia parlamentaria sobre la estabilidad de las instituciones.

Al concluir el encuentro, los dirigentes del PP reiteraron que impulsarán medidas y soluciones orientadas a frenar el proceso de “degeneración” del sistema, comprometiéndose a abordar las crisis señaladas y reiterando la prioridad de la reforma institucional ante el deterioro que, según su punto de vista, atraviesa el país en el ámbito político, judicial y nacional.

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