Un hombre será juzgado en abril por amenazar a jueces y a agentes de la Guardia Civil en TikTok

El análisis de las publicaciones realizadas en la red social TikTok se basa en un atestado elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, que incluyó la revisión y la transcripción completa de los 142 vídeos atribuidos al acusado, según detalló Europa Press. En esos materiales audiovisuales se detectaron expresiones ofensivas y descalificativas dirigidas a jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y a una mujer denunciante en un procedimiento de violencia de género. Dichos vídeos, distribuidos entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025, constituyen, de acuerdo con los investigadores, elementos de un "acoso insistente y reiterado", realizado de forma pública en la plataforma digital.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería fijó para el 15 de abril de 2026 la apertura del juicio oral contra el hombre acusado de realizar estas acciones, según publicó Europa Press. El procedimiento se inició tras la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, al observarse indicios suficientes de delito. El proceso penal tiene su origen en la denuncia presentada en un contexto de violencia de género y en la posterior investigación de las conductas emitidas en redes sociales por el investigado.

El auto judicial recoge que al menos 50 de esos vídeos contenían amenazas explícitas, insultos de especial gravedad, calumnias y mensajes de hostigamiento, todos dirigidos contra funcionarios judiciales y miembros de la Guardia Civil, así como contra la mujer que había solicitado protección judicial. En los vídeos, el acusado dirigía expresiones como "corruptos" o "podridos" hacia jueces, fiscales y agentes, junto con amenazas de carácter directo y continuado. El juzgado destacó la elevada frecuencia y cantidad de publicaciones, además de la persistencia en las referencias al procedimiento de violencia de género en curso y a la crítica sobre el sistema judicial, incluyendo menciones al uso del dispositivo telemático de control impuesto al investigado.

Europa Press consignó que el escrito de acusación, presentado por el abogado Miguel Martínez en representación de la mujer, solicita una condena de un año por el delito continuado de amenazas, dos años por el delito continuado de calumnias e injurias, cuatro años por el delito de atentado contra la autoridad, otros cuatro años por el delito de obstrucción a la justicia, un año por el delito de quebrantamiento de condena y dos años por delito contra la integridad moral. Además, la acusación reclama una indemnización de 70.000 euros bajo el concepto de responsabilidad civil, para resarcir los daños morales y las secuelas sufridas por la mujer afectada.

La defensa del acusado presentó un escrito pidiendo la libre absolución, argumentando que los hechos no constituyen delito alguno y cuestionando la autenticidad de aproximadamente treinta vídeos, al sostener que no coinciden el autor real y el aparente según la identificación de la cuenta de TikTok. Este recurso pretende desvirtuar parte de la prueba sobre la que se sustenta la acusación, al poner en entredicho la relación directa del procesado con todos los contenidos difundidos.

Según Europa Press, el sumario incluye también un informe médico forense elaborado durante la fase de instrucción, que evaluó la capacidad imputable del acusado tras una exploración clínica y una revisión de los antecedentes recogidos en el expediente judicial. Este elemento pericial forma parte de las pruebas que están llamadas a practicarse durante la vista oral prevista para el mes de abril.

El conjunto de pruebas presentadas por las partes y la relevancia de la utilización de redes sociales como canal de difusión para mensajes de hostigamiento y amenazas, constituye el eje central del procedimiento judicial. Este caso ha sido impulsado, según detalló Europa Press, por el análisis minucioso de los registros digitales y la colaboración entre distintas instancias judiciales y policiales, permitiendo que los hechos sean conocidos ante la Audiencia Provincial de Almería, en cuyo seno se decidirá la responsabilidad penal del acusado.