El PP ve la propuesta de financiación de Montero un "mal modelo": "Da una patada a la unidad de España y a la igualdad"

Elías Bendodo rechaza la propuesta de la vicepresidenta María Jesús Montero, argumentando que favorece a Cataluña y rompe con la equidad entre territorios, al aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas

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El aumento proyectado de recursos del sistema de financiación autonómica, estimado en alrededor de 16.000 millones de euros para el año 2027 como resultado de la reforma impulsada por el Gobierno, ha centrado parte de la controversia política reciente. Según consignó el medio, el Partido Popular sostiene que la propuesta encabezada por la vicepresidenta María Jesús Montero representa un riesgo para la equidad y la unidad entre territorios. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, ha manifestado su rechazo al nuevo planteamiento, que prevé una mayor cesión a las comunidades autónomas de los ingresos procedentes del IRPF y el IVA.

De acuerdo con la información publicada, la propuesta del Gobierno central contempla que las comunidades autónomas reciban el 55% de la recaudación del IRPF —frente al 50% vigente— y el 56,5% del IVA, también por encima del actual 50%. El Gobierno señala que esta reforma pretende aumentar la capacidad financiera de las autonomías y mejorar el reparto de recursos. Sin embargo, el PP, a través de declaraciones de Bendodo reproducidas por el medio, considera que se trata de un "mal modelo" que apuesta por el principio de desigualdad e insolidaridad, rompiendo con el espíritu de equidad del sistema actual.

El principio de ordinalidad ha generado un debate adicional, reportó el medio. Este criterio, que defiende que aquellas comunidades que más aportan al sistema también sean las que más reciban, quedaría garantizado para Cataluña bajo el nuevo esquema. María Jesús Montero, responsable de Hacienda, indicó que Cataluña pasaría a ser la tercera comunidad en tanto en aportación como en recepción de fondos. No obstante, esta garantía no se aplicaría en las mismas condiciones para otras regiones, como la Comunidad de Madrid, lo que ha intensificado la crítica por parte del PP y otros sectores políticos.

Elías Bendodo expresó, según documentó el medio, que negociar individualmente con algunas comunidades lo que corresponde al conjunto de los territorios españoles atenta contra los principios de cohesión y solidaridad nacional. Durante su intervención en A Coruña, en el marco de la XXVIII Interparlamentaria del PP, el dirigente señaló que estas conversaciones exclusivas entre el Gobierno central y autoridades como Oriol Junqueras, líder de ERC, reflejan una estrategia que prioriza intereses políticos por encima del consenso nacional.

El medio subraya que Bendodo también criticó el reconocimiento explícito del principio de ordinalidad en favor de Cataluña, recordando que María Jesús Montero, cuando ejerció funciones en la Junta de Andalucía, se había manifestado en contra de esta fórmula por considerarla perjudicial para la equidad interterritorial. Según el PP, la vicepresidenta habría asumido la orientación de priorizar el acuerdo político sobre los criterios técnicos, y el propio Bendodo calificó el nuevo sistema de financiación como un esquema "político e ideológico" enfocado en la "supervivencia de Sánchez".

En el ámbito interno del PSOE, Bendodo sostuvo que el partido, bajo el liderazgo de Sánchez, habría abandonado sus principios socialistas tradicionales para adoptar posturas que el portavoz del PP tildó de separatistas. Las declaraciones recogidas por el medio atribuyen a Bendodo la afirmación de que "Sánchez ha matado al PSOE y lo ha hecho desaparecer", sosteniendo que el actual rumbo del partido pone en entredicho los valores históricos de igualdad dentro de la organización.

Tal como informó el medio, el dirigente popular cuestionó la legitimidad de la ministra Montero para solicitar el apoyo electoral en regiones como Galicia, Extremadura, Murcia, Andalucía, Aragón, o Castilla y León, a raíz del nuevo modelo de financiación. Al referirse a las próximas citas electorales en estas comunidades, señaló su escepticismo sobre la capacidad de la ministra para defender públicamente la reforma ante los ciudadanos de esos territorios, a quienes considera afectados negativamente por el modelo.

El plan de Montero contempla convocar a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFP) para presentar formalmente la reforma. Bendodo criticó la secuencia de los anuncios, sosteniendo que, en vez de buscar primero el consenso en este órgano multilateral, la propuesta se hizo pública y se negoció de manera individual previa a la consulta colectiva. Según expresó el dirigente del PP, este procedimiento contradice la lógica participativa y el modelo cooperativo que debería caracterizar la toma de decisiones en materia de financiación autonómica.

A lo largo del debate, los representantes del PP reiteraron, según publicó el medio, su preocupación por lo que caracterizan como una ruptura de los dos principios fundamentales del modelo territorial español: igualdad y solidaridad. La formación conservadora afirma que el nuevo sistema podría profundizar las desigualdades y promover un reparto asimétrico de recursos, beneficiando a ciertas comunidades autónomas por motivos políticos antes que técnicos o demográficos.

El medio recogió también el recordatorio de Bendodo sobre la afirmación de Montero acerca del "trabajo muy político" detrás de la reforma, lo cual interpretan como una confirmación de que la prioridad del proceso ha sido satisfacer demandas particulares para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Estos señalamientos se inscriben en el contexto de las negociaciones entre el Gobierno central y ERC, que han tenido como escenario habitual la sede de la presidencia del Gobierno en Moncloa.

La reacción del Partido Popular a la propuesta de financiación de Montero, según refleja el medio, combina críticas institucionales hacia el procedimiento y la sustancia de la reforma, cuestionamientos sobre la justicia distributiva en el reparto de fondos, y objeciones de tipo político e ideológico al encuadrar la iniciativa dentro de lo que consideran una estrategia de supervivencia política de Sánchez y su ejecutivo.