Asturias subraya que la financiación autonómica "no puede ser un contrato de adhesión" y exige la convocatoria del CPFF

Durante su intervención pública, Guillermo Peláez expresó que la posición que defenderá la representación asturiana en el proceso de reforma de la financiación autonómica responde tanto al consenso alcanzado por la Junta General del Principado como al respaldo de la Declaración de Santiago, una postura compartida por ocho comunidades autónomas. Esta orientación, según destacó el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, será fundamental en las negociaciones que se avecinan para definir un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas. El tema central del debate es la naturaleza del sistema; Peláez recalcó la necesidad de que el mecanismo no adopte el carácter de un simple “contrato de adhesión”, sino que surja como resultado de la negociación entre todas las partes involucradas. En este contexto, exigió la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano competente donde se discuten y deciden cuestiones prioritarias para las finanzas de las regiones.

Según informó Europa Press, la solicitud lanzada desde Asturias responde al anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la próxima reforma del modelo de financiación autonómica, un proceso que, para el ejecutivo asturiano, debe fundamentarse en el diálogo multilateral y garantizar no solo el equilibrio territorial sino también la suficiencia de recursos para cubrir las competencias y necesidades específicas de cada autonomía. Peláez precisó que el objetivo del Principado es asegurar que los recursos asignados permitan ofrecer servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, con atención especial a las particularidades del territorio asturiano, como la dispersión poblacional y el envejecimiento demográfico.

La exigencia del Gobierno asturiano de convocar el CPFF pretende abrir un espacio institucional en el que las comunidades autónomas puedan conocer y debatir la propuesta de reforma presentada por el Ministerio de Hacienda, según detalló Europa Press. Para la administración de Asturias, este procedimiento representa una garantía básica de transparencia y control sobre las decisiones que afectan tanto a los recursos como a las obligaciones que asumen las regiones en la prestación de servicios como sanidad, educación y política social.

La posición defendida en Asturias ha contado con un amplio consenso político, tal como manifestó Guillermo Peláez, quien recordó que la Junta General del Principado aprobó la propuesta respaldada por todas las fuerzas parlamentarias excepto el grupo Vox. Este acuerdo, señaló el consejero, refuerza la unidad regional de cara a las negociaciones estatales y se suma al bloque de ocho comunidades que suscribieron la Declaración de Santiago, un documento donde se establecieron principios compartidos respecto a la financiación autonómica, recogidos también por Europa Press en las últimas semanas.

El modelo de financiación autonómica constituye uno de los debates más relevantes en la actualidad política española, ya que de su diseño dependen cuestiones estratégicas para el desarrollo de los territorios y el equilibrio fiscal entre las regiones. La reivindicación de Asturias apunta a garantizar que cualquier reforma futura atienda tanto a la equidad en la distribución de los fondos como a la capacidad de todas las autonomías para cumplir con sus competencias, subrayando la importancia del diálogo multilateral. El medio Europa Press consignó que, para Peláez, el compromiso asturiano reside en permanecer fiel a los consensos alcanzados en Asturias y en todas las colaboraciones interregionales que buscan asegurar un sistema justo para el conjunto del Estado.