Defensa reservará un 15% de las plazas para prevención de incendios y Protección Civil a tropa y marinería y reservistas

La homologación directa de la formación recibida durante la carrera militar ha sido uno de los puntos incluidos en el reciente acuerdo que establece una reserva del 15% de las plazas de dispositivos de prevención de incendios y Protección Civil para el personal de tropa y marinería, así como para los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED). De acuerdo con lo consignado por el medio original, el Ministerio de Defensa ya inició los contactos necesarios con Protección Civil y con autoridades forestales estatales y autonómicas para modificar tanto la Ley de Montes como la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y así dar un marco legal a esta nueva “pasarela laboral”.

Según detalló la Unión de Militares de Tropa (UMT), la medida permitirá evitar que los militares profesionales queden sin empleo al llegar a los 45 años, asegurando así una transición directa hacia empleos civiles relacionados con la protección y emergencia. Esta propuesta, impulsada por la UMT en el último Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) en diciembre y aceptada en su totalidad por el Ministerio de Defensa, supondrá que un segmento de los puestos en los citados dispositivos de prevención quedará reservado para personas con trayectoria en las Fuerzas Armadas.

El acuerdo entre Defensa y la UMT también contempla que los conocimientos y competencias adquiridos especialmente por quienes sirvieron en la Unidad Militar de Emergencias (UME) sean reconocidos legalmente, lo que facilitará su incorporación inmediata a nuevas funciones públicas sin necesidad de tramitar complejos procesos de homologación formativa. También se habilitan nuevas fórmulas de voluntariado bonificado para los RED, abriendo así otras vías de participación laboral o de transición profesional en el ámbito público.

Esta decisión se produce tras un periodo de intensas negociaciones y obstáculos administrativos. Según publicó la UMT, la propuesta fue inicialmente bloqueada en la reunión del COPERFAS celebrada en septiembre de 2025 debido a una “interpretación asfixiante del reglamento”, lo que supuso meses de bloqueo burocrático antes de que finalmente prosperara.

El contexto en el que se alcanza este acuerdo destaca la urgente necesidad de fortalecer las respuestas estatales frente a las emergencias. Durante el verano de 2025, el país vivió episodios críticos de incendios, inundaciones y otros fenómenos extremos atribuibles a la emergencia climática, lo que puso de manifiesto, tal como señaló la UMT, la importancia de reforzar los sistemas civiles de protección y respuesta con personal experimentado.

En palabras del presidente de la UMT, Francisco José Durán Baños, recogidas por el mismo medio, "Hemos demostrado que el personal de tropa y marinería es un activo irrenunciable para la seguridad del Estado, no un pañuelo de usar y tirar a los 45 años". El dirigente subrayó además que esta decisión constituye un avance en materia de justicia laboral para el colectivo militar.

El Ministerio de Defensa, según reportó la UMT, ya puso en marcha los primeros pasos para modificar el marco normativo, y se espera que, con la entrada en vigor de los cambios legislativos, los militares de tropa y marinería, así como los RED, cuenten con acceso directo y garantizado a posiciones en los diferentes cuerpos dedicados a la prevención de catástrofes y la protección civil, incrementando también las oportunidades de empleo público estable.

El mecanismo de reserva de plazas conferirá preferencia a quienes hayan prestado servicio militar en tareas relacionadas, lo que reconoce y valora la experiencia adquirida en situaciones de riesgo y emergencia. Además, la fórmula de voluntariado bonificado permitirá a los reservistas seguir vinculados al servicio público en condiciones favorables.

Según informó la UMT, la medida aporta una solución a la falta de salidas profesionales a las que se enfrentaba este colectivo tras completar su etapa en las Fuerzas Armadas. El proceso también pone en relieve la interacción entre las autoridades de defensa y los organismos civiles responsables de la protección frente a las emergencias derivadas del cambio climático y otros riesgos ambientales.

En el comunicado emitido, la UMT defendió la relevancia del acuerdo dentro del actual contexto de emergencia climática, resaltando el incremento de episodios extremos como principal motivación para robustecer el sistema nacional de respuesta. Asimismo, la organización militar insistió en el beneficio mutuo que supone la integración de personal cualificado y con experiencia en tareas operativas de alto riesgo para los dispositivos civiles.

El medio original puntualizó que el Ministerio de Defensa aceptó en su totalidad la propuesta de la UMT y mostró su disposición para que la reforma normativa se realice con la mayor celeridad posible, en línea con la urgencia marcada por los recientes desastres naturales.

El acuerdo introduce por primera vez la homologación automática de la formación militar en el contexto de acceso a plazas civiles, lo que elimina trámites adicionales y permite una transición rápida, tanto a puestos de trabajo como a modalidades de voluntariado dentro de los sistemas de protección civil, según detalló la UMT. La previsión es que esta medida mejore la empleabilidad de miles de soldados y marineros, así como de reservistas, que hasta el momento afrontaban una salida profesional incierta al finalizar su contrato.

La reserva del 15% de los puestos en dispositivos de prevención de incendios y de Protección Civil marca un cambio en las políticas de integración de los militares profesionales tras su carrera activa, y aspira a responder a situaciones futuras de emergencia natural, tal como evidenció la experiencia del verano de 2025.