La defensa del acusado de matar al niño de Garrucha (Almería) pide la anulación del registro de la vivienda

El traslado de Juan David R.C. desde el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, hasta la cárcel de Albolote, en Granada, respondió a una solicitud urgente de protección tras la presentación de un escrito donde la defensa alertó sobre supuestas amenazas de muerte directas y un intento de agresión colectiva contra el recluso. Según informó Europa Press, la reubicación preventiva buscó resguardar su integridad física debido a la notoriedad del caso y al hecho de que parte de la población reclusa tenía conocimiento sobre los cargos que enfrenta, que incluyen la implicación en el asesinato y una presunta agresión sexual.

La defensa legal de Juan David R.C., hombre investigado por el presunto asesinato de un niño de cuatro años en Garrucha, Almería, ocurrido a principios de diciembre, solicitó anular el registro realizado en el domicilio del detenido. Según publicó Europa Press, el abogado Manuel Martínez Amate argumentó que el procedimiento se llevó a cabo sin la presencia de su representado ni se le brindó la oportunidad de renunciar a este derecho, lo que a su juicio constituye una vulneración de garantías fundamentales.

El registro, realizado alrededor de las 17:15 horas del 4 de diciembre, contó únicamente con la presencia de la madre del menor, Barbar B.O.—también investigada en el caso—y su abogada. MCHM Abogados, el despacho que representa a Juan David R.C., reclamó ante el juez instructor que se excluyeran de la causa las 17 pruebas, efectos e indicios recogidos en las zonas comunes y la habitación compartida del domicilio. Asimismo, el despacho pidió anular las referencias de dichos hallazgos en los informes periciales, sosteniendo que la obtención de los mismos vulneró derechos constitucionales.

El escrito presentado señala que la ley exige que los registros domiciliarios se realicen en presencia del interesado o de alguien que legítimamente lo represente. Europa Press detalló que, pese a que el acusado ya se encontraba detenido por la Guardia Civil en el momento de la diligencia, no se le trasladó ni se le ofreció la opción de asistir o de renunciar formalmente a su derecho, lo que habría generado, según la defensa, una situación de indefensión material absoluta.

La defensa insistió en que, aunque la madre del menor estuvo presente durante el registro junto a su abogada, existe una “evidente colisión de intereses y estrategias de defensa entre los co-investigados”. El letrado subrayó que la línea de defensa de la madre del menor resulta “incompatible” con la de su pareja sentimental, ya que “existe un conflicto de intereses insalvable”. Europa Press recogió que, a juicio de Amate, sería “jurídicamente insostenible” que, ante una aparente situación de violencia de género, una supuesta víctima de estos hechos pueda “garantizar los derechos constitucionales del presunto agresor”, dada la manifiesta contraposición de intereses.

Este argumento se refuerza, según el abogado, tras la decisión del juez instructor —publicada por Europa Press— de inhibirse a favor de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer para investigar parte de la causa, lo que se cita como “prueba irrefutable” de la incompatibilidad entre las estrategias de defensa. La solicitud de la defensa incluye la anulación tanto del propio registro domiciliario como de todas las referencias sobre este procedimiento en los informes periciales, lo que abarca las evidencias recogidas en las diferentes estancias del domicilio.

Respecto a la situación penitenciaria, el traslado de Juan David R.C. a otra prisión se produjo después de que la defensa presentara un escrito fechado el 22 de diciembre, según el cual el investigado habría sido objeto de amenazas directas y de un intento de agresión multitudinaria en el módulo 11 del centro penitenciario de El Acebuche. Dicho ataque se evitó por la intervención de otro interno. Pese a que, inicialmente, se procedió a reubicar a Juan David R.C. en un nuevo módulo, la representación legal consideró insuficiente esta medida, al afirmar que el acusado seguía expuesto debido a que otros reclusos conocían tanto su identidad como los hechos que se le imputan, entre ellos, además del asesinato, una presunta agresión sexual al menor.

El órgano responsable de Instituciones Penitenciarias, ante estas circunstancias, resolvió autorizar el traslado de Juan David R.C. a una prisión próxima, concretamente en Albolote, Granada. Según informó Europa Press, la decisión buscó garantizar la seguridad del procesado mientras continúa el proceso judicial abierto en su contra.

El caso, que ha contado con amplia cobertura por parte de Europa Press, sigue su curso, mientras la defensa del acusado solicita la anulación de pruebas derivadas del registro de la vivienda, al estimar vulneraciones de derechos fundamentales y exigir que tales evidencias no sean consideradas en el proceso. Al mismo tiempo, la situación penitenciaria de Juan David R.C. sigue en el centro de las preocupaciones legales debido a los riesgos derivados de su notoriedad y de la sensibilidad social del caso.