
La candidata socialista Pilar Alegría destacó durante una visita a Sabiñánigo la rehabilitación de viviendas en ese municipio, intervención posible gracias a fondos europeos que, según afirmó, han facilitado mejoras significativas en la climatización y el aislamiento de los edificios. En ese contexto, planteó la relevancia de invertir en vivienda pública accesible y se interrogó sobre el destino de los recursos transferidos desde el Gobierno central a Aragón, cuestionando la política de privatización y recortes que, denunció, ha aplicado el actual ejecutivo autonómico. Esta reflexión se enmarcó en sus declaraciones sobre el modelo de vivienda que defiende para la comunidad, oponiéndose frontalmente a las iniciativas calificadas por ella como orientadas al negocio y la privatización.
De acuerdo con lo publicado por el medio, Alegría reivindicó la urgencia de desarrollar un sistema efectivo de vivienda pública en Aragón, con el objetivo de ofrecer alternativas tanto en alquiler como en compra a precios asequibles, ante la falta de opciones que afecta a trabajadores del sector industrial, empleados de servicios esenciales como la sanidad y la educación, y habitantes de áreas turísticas como Sabiñánigo y el Valle de Tena. Según la candidata, “defiendo una vivienda pública y asequible que permita sobre todo que los aragoneses y las aragonesas puedan vivir en su pueblo, puedan vivir en su ciudad, puedan vivir definitivamente en su comunidad autónoma”, una propuesta que prometió impulsar desde la presidencia de Aragón, planteando su candidatura para las elecciones del 8 de febrero.
Durante su intervención, Alegría cifró en más de 30.000 millones de euros la suma de los recursos transferidos a Aragón procedentes tanto del gobierno de Pedro Sánchez como de los fondos europeos, asegurando que estos recursos han provocado, según sus datos, un cambio “sustancial” que permitió a la comunidad un incremento del 42,7 % respecto al periodo anterior gestionado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En números concretos, el aumento ascendería a 9.197 millones de euros adicionales en siete años, explicó Alegría, en comparación con los siete años previos bajo la anterior administración, según consignó el medio.
En el terreno de la política habitacional, la candidata socialista insistió en la importancia de revertir el modelo que, a su juicio, han impulsado los partidos de derecha en Aragón. Sostuvo que este modelo se sustenta en la mercantilización y privatización del parque público y defendió una “verdadera política de vivienda pública”, como lo expresó en sus declaraciones. Alegría expresó que desde su perspectiva el acceso a una vivienda digna constituye un derecho fundamental, especialmente en regiones donde la actividad turística y el desarrollo industrial generan demanda de residencias para trabajadores y familias.
La visita a Sabiñánigo incluyó la compañía de la alcaldesa, Berta Fernández, quien respaldó la posición de Alegría respecto a la necesidad de fortalecer la oferta de vivienda para responder a la realidad social y económica de la zona. La candidata señaló que muchos residentes que desempeñan funciones esenciales no encuentran, en la actualidad, soluciones habitacionales accesibles. Recalcó la urgencia de que el próximo gobierno de Aragón impulse estas políticas públicas, y reiteró su compromiso a partir del mes de febrero, en caso de resultar electa.
Al referirse a la distribución de los fondos estatales y comunitarios, Alegría subrayó que los recursos canalizados hacia Aragón están permitiendo la modernización de infraestructuras críticas y la mejora tanto de servicios como de la calidad de vida en municipios como Sabiñánigo. Dijo que el Estado ha dirigido más de 300.000 millones de euros en financiación autonómica en los últimos años, una tendencia que ha impactado de modo notorio en materias como vivienda, sanidad y educación.
En materia de gestión de fondos, la candidata se refirió a la obtención de fondos europeos, describiéndola como una consecuencia de la negociación activa del Gobierno central y recalcando que los mismos producen efectos palpables en el territorio. Se mostró crítica con el presidente autonómico Jorge Azcón y el Partido Popular, preguntando “cómo habiendo llegado a Aragón tantos fondos procedentes del Gobierno de España hemos asistido a esa constante política de privatización y recortes en los servicios públicos”.
Alegría atribuyó al actual Gobierno autonómico del PP medidas de recorte y privatización tanto en el sector sanitario como en la educación pública, haciendo alusión al anuncio de avanzar en la concertación de la educación, especialmente en el nivel de Bachillerato. Consideró, según informó el medio, que la actual orientación política “engrosa demasiado las cuentas corrientes de los mismos que no dejan de ser curiosamente los amiguetes de Jorge Azcón”.
La candidata manifestó que, gracias al esfuerzo de negociación del ejecutivo central, Aragón ha podido realizar proyectos de rehabilitación, como el bloque de viviendas visitado en Sabiñánigo, donde se acometieron mejoras en eficiencia energética y aislamiento con cargo a los fondos europeos. Este tipo de iniciativas, precisó Alegría, representan en su opinión el modelo a seguir en cuanto a políticas públicas habitacionales y de modernización territorial.
En sus declaraciones, propuso abandonar el enfoque basado en el beneficio privado para priorizar actuaciones orientadas a satisfacer necesidades reales de la población en términos de vivienda, acceso a servicios esenciales y desarrollo económico local. Reafirmó su intención de liderar desde la presidencia de Aragón la implantación de un sistema que garantice a todos los aragoneses la posibilidad de residir en su entorno y disponer de soluciones habitacionales ajustadas a sus posibilidades.
El medio detalló que la postura de Alegría se apoya en datos macroeconómicos de transferencias y ejecución de fondos destinados a la comunidad y en la denuncia del uso de estos recursos por parte del actual ejecutivo. La candidata concluyó expresando la relevancia de recuperar e impulsar la gestión pública para solventar los déficits detectados en sanidad, educación y acceso a vivienda en la región.
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